Uno de los argumentos menos analizados del movimiento de ultraderecha que acaba de arribar al gobierno nacional en la Argentina, es la violencia desplegada por un sujeto difuso y múltiple que aquí llamaremos «derecha radicalizada». Se trata de una fuerza agresiva que ha ido in crescendo, sin entrar en contradicción con la apuesta electoral libertaria sino más bien articulándose con ella. Y fue mutando a medida que el proceso de conquista del poder cambiaba de fase, para tornarse cada vez más nítidamente como una táctica inhibidora de la fuerza popular que inevitablemente ofrecerá resistencia.

La hipótesis que nos inquieta y que en este informe vamos a formular es la siguiente: si bien los ataques que detectamos provienen de actores dispersos que no poseen a priori vinculaciones orgánicas entre sí, su accionar está estratégicamente orientado por quienes conducen el movimiento de restauración neoliberal.

REGISTRAR ES LA TAREA

Al cumplirse un año del atentado contra la por entonces vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner (CFK), publicamos una investigación sobre los autores del atentado y sus articulaciones políticas. Allí decíamos que el golpe contra CFK «no era el único y mucho menos el último ataque violento protagonizado por la derecha radicalizada argentina. Necesitamos asumir que este accionar viene desplegándose de manera sistemática y puede llegar a incrementarse. No sirve de nada fingir demencia. Tampoco su visibilización tiene por qué apabullarnos».

Consecuentes con esa premisa, lanzamos la plataforma RADAR (Registro de Ataques de la Derecha Argentina Radicalizada) con el objetivo de construir una sistematización de los casos a nivel nacional. Y a partir de ese momento pusimos a disposición un formulario en el que cualquiera puede reportar los hechos de violencia ultraderechista de los que sea víctima o testigo. Entendemos por «ataques de derecha radicalizada» las acciones que expresan un deseo de aniquilación del otro con el objeto de silenciar, amedrentar, disciplinar o eliminar identidades políticas.

La posibilidad cierta de un triunfo de la fórmula libertaria, en lugar de aplacar los ataques no hizo más que multiplicarlos. Y todo parece indicar que el esquema de gobernabilidad que preparan los triunfadores, incluye una alta cuota de represión con aristas novedosas. Es como si no alcanzara con el aparato de seguridad estatal (o tal vez resulte más rentable tercerizar la tarea) y estuvieran convocando a una fuerza de choque civil para contrarrestar el conflicto social que va a implicar el ajuste económico.

PRIMERAS CLAVES DE LECTURA

La victoria electoral por amplio margen de La Libertad Avanza (LLA) el pasado 19 de noviembre fue en sí mismo un golpe de efecto demoledor para el ánimo de quienes se ubican en el amplio campo nacional y popular, entre los sectores progresistas y de izquierdas, y en particular para las decisivas luchas del feminismo y el movimiento de derechos humanos.

En este contexto, la seguidilla de ataques contra activistas y militantes pueden convertir el aturdimiento en angustia, paralizando cualquier capacidad de reacción.

Al momento de escribir este informe, RADAR ha recopilado 247 ataques que por sus características manifiestas o la identidad de sus autores son atribuibles a la derecha radicalizada. No se trata de un registro exhaustivo por lo que no podríamos ofrecer conclusiones terminantes, simplemente nos interesa contribuir a una elaboración colectiva que nos permita contrarrestar estas prácticas antidemocráticas.

De los 247 casos que detectamos hasta el momento, 20 sucedieron en el año 2020, 48 tuvieron lugar en 2021, 52 acontecieron en 2022, mientras que en lo que va de 2023 ya registramos 127 ataques y continúan en rápido ascenso, lo que indicaría un crecimiento de la violencia ultraderechista.

La mayoría de estos hechos constituyen «ataques a símbolos y lugares» (177); el 20% corresponde a la categoría «hostigamiento e intimidación» (50); y son casi 20 los «atentados contra la integridad física y la vida».

En cuanto a los objetivos de este tipo de agresiones, una mirada preliminar indica que durante estos cuatro años los blancos predilectos fueron tres: a) los movimientos de memoria y derechos humanos, b) determinadas identidades políticas, y c) los feminismos y las diversidades de género.

De la avalancha de ataques registrados por RADAR durante las semanas previa y posterior al ballotage, los únicos que llegaron a la violencia física fueron contra lesbianas, maricas, gays, trans, travestis y no binarias, cuerpos que no pueden ni quieren «camuflarse» o «hacerse pasar» por quienes no son.

Respecto a los autores, en 2020 hubo solo un ataque atribuido a los partidarios de Milei, en 2021 fueron dos, lo mismo que en 2022, mientras que en 2023 ya se registraron más de veinte actos violentos protagonizados explícitamente por libertarios.

Consolidado el arribo al poder por la vía plebiscitaria, la violencia, lejos de mitigarse, se desbordó.

TIEMPOS DE DESINHIBICIÓN

El principal objetivo de este informe es proponer criterios de lectura, para generar respuestas colectivas inteligentes. En ese sentido distinguimos tres tipos frente a los que se precisa reaccionar de manera diferenciada.

En primer lugar, están los casos que podríamos llamar «espectaculares», cuyo objetivo consiste en causar un clima de pánico y promover la sensación de un miedo difuso y generalizado.

La carta que recibieron un conjunto de diputados nacionales con amenazas de muerte y terminología nazi, o el video de un supuesto exmilitar que circuló por redes sociales donde advertía a varios líderes sociales que iban a ser repelidos con armas de fuego en el caso de que salieran a protestar, son ejemplos obvios. También la reivindicación cada vez más extendida del «Falcon verde», (porque fue el vehículo que más se usó para secuestrar trabajadores y estudiantes, en sus casas, en sus lugares de estudio, en la calle, durante la represión estatal que se extendió a todo el país), símbolo inequívoco de los secuestros de la dictadura militar.

Hay un segundo tipo de ataques que sugerimos llamar «espontáneos», en su mayoría ejecutados por simpatizantes de La Libertad Avanza que están envalentonados y han decidido agredir a quienes representan las identidades políticas que perdieron las elecciones. Amenazas o provocaciones a: militantes políticos y sociales, disidencias, locales partidarios, fábricas recuperadas y centros culturales del amplio espectro progresista y de izquierda, en las más disímiles geografías, con un alto grado de capilaridad.

El episodio más conocido fue el de una persona que insultó y grabó al ex precandidato a presidente por el peronismo Juan Grabois, mientras el dirigente tomaba un café con su padre en Buenos Aires. Pero no solo una figura pública sufrió este tipo de ataque en los últimos días: el 23 de noviembre, una pasajera de un colectivo en el Gran Buenos Aires agredió fisicamente a una docente lesbiana no binaria.

Esperamos que en las próximas semanas baje la espuma de estas actitudes intolerables.

El tercer tipo es particularmente preocupante, en tanto constituyen «ataques orquestados», que incuban el germen de una acción represiva extraestatal.

Un episodio que seguimos de cerca ocurrió el 19 de noviembre en la localidad de Caseros, en el conurbano bonaerense, en el establecimiento donde debía votar la candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, conocida por su militancia en contra de las políticas de memoria, verdad y justicia. Hacia allí se acercaron algunos miembros de la Comisión de Familiares de Desaparecidos de Tres de Febrero, con fotos y carteles que aludían a la represión dictatorial. Alertados por los medios que estaba en marcha una protesta pacífica, grupos de militantes de La Libertad Avanza llegaron al lugar y amenazaron a los activistas de derechos humanos. «Les va a pasar lo mismo que a los desaparecidos», fue uno de los agravios. Varios días más tarde uno de los agresores increpó al referente de la Comisión de Familiares en una calle céntrica de la zona: «no los vamos a dejar tranquilos», le recordó.

Esta forma de manifestación de la violencia de ultraderecha que detectamos en distintos ámbitos, anuncia una disputa territorial que puede influir de manera decisiva en la modalidad del conflicto social que viene.

Para repeler con decisión estas operatorias se impone la construcción de estrategias específicas que tomen en cuenta la singularidad de cada hecho. Apelando a las instancias institucionales que se comprometan con la defensa efectiva de la vida democrática. Y con la lucidez suficiente como para crear nuevas herramientas de defensa de los derechos humanos. RADAR es un modesto aporte en ese camino colectivo, que demandará una revitalización inédita de la organización popular.