Patada al Constitucional para paliar un desaguisado moral y político
La nueva y restrictiva norma contra la inmigración que macronistas y derecha han dibujado con el rotulador azul marino ha tenido una tramitación caótica, pero su implementación pondrá, más si cabe, de manifiesto que la suma de veleidades partidistas no es un camino fiable para encauzar cuestiones complejas. La ruptura de diques amenaza con repartir los daños de una quiebra que se antoja integral.
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Al día siguiente del naufragio, las principales figuras del macronismo trataron ayer de secarse el traje mientras Emmanuel Macron recurría, cual Robinson, a la magia catódica.
Un intento tardío de cerrar vías de agua y recuperar siquiera la última palabra, cuando el relato ya es propiedad de una ultraderecha que, ahora sí, ha obtenido el título de compañía respetable para macronistas y derecha republicana.
El proceso de confección de la nueva legislación con la que el ministro de Interior se proponía «ser duro con los malos y generoso con los buenos» ha mutado en un texto con el que Les Républicains (LR) hacen frente al mareo de su larga travesía del desierto engullendo no una sola, sino todo el bote de pastillas de Marine Le Pen.
La mayoría conservadora ha hecho valer su dominio en el Senado, y el pie vacilante del macronismo en la Asamblea Nacional ha buscado un asidero para llegar a puerto, en palabras de la jefa de Gobierno, Élisabeth Borne, con el «sentimiento del deber cumplido».
La premier defendió desde primera hora de la mañana de ayer la pírrica victoria que implica aprobar una ley a costa de sacrificar la principal promesa de la candidatura de Emmanuel Macron, en tanto que dique sistémico frente a la ultraderecha. Algo es algo, debió pensar la normanda, tras sacar antes 19 textos sin ni siquiera un voto, vía artículo 49.3.
Omitió en la operación de venta la alusión a la o las cartas de dimisión. Y, así, la renuncia del ministro de Sanidad, Aurélien Rousseau, fue silenciado por Matignon hasta que el portavoz, Olivier Véran, compareció al mediodía.
Con todo, la alocución de Véran tenía otra función. En concreto, la de reforzar las «dudas» evocadas por Borne sobre cuánto de lo que se dice en la ley se llegará a aplicar, centrando el debate en la garantía de una reforma, según la cual, no basta con nacer en el Hexágono para ser «ciudadano francés», pero todo aquel que no tenga papeles de la UE se convertirá en delincuente.
Ha caído el derecho de suelo, y el túnel del tiempo es tal que en el otro extremo asoman, desde la década de los 80, cada cual con su propia mueca, el exministro de Interior Charles Pasqua y el díscolo padre de la patrona ultraderechista, y primer abanderado de la «prioridad nacional», un tal Jean-Marie le Pen.
Tal es el boquete en el acervo republicano que la izquierda, encarnada por la alianza Nupes, se quedó sola en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, aferrada a unos cartelitos en los que rezaba la triple divisa de «libertad, igualdad y fraternidad».
GALERÍA DE ESPERPENTOS
El macronismo ha mostrado todas sus inconsistencias con una mala ley que debe remendar el Consejo Constitucional y que incluye preceptos que pueden tener difícil encaje en la normativa marco europea.
Quizás sea esa su tabla de salvación, o hasta su jugada oculta en estos tiempos en los que la política se tarotiza. «No sé de leyes», adelantaba como argumento-estrella un Gérald Darmanin que, sin embargo, no ha dudado en dar avales a sus aliados de la derecha extrema sobre regularizaciones limitadas y expulsiones a granel que, restada la alta dosis de hipocresía que marca la política migratoria, apenas tendrán los efectos que se predican.
Con todo, lo grave es que, fruto de esa falta de responsabilidad que traslada un Gobierno que un día hace un roto y al siguiente espera que se lo cosan otros, las vidas de miles de personas serán todavía menos seguras.
POLÍTICA DE ACOGIDA
«No pondré la televisión para ver al presidente, a esa hora prefiero cuidar de mi hija», confesaba el presidente del colectivo de asociaciones de apoyo a personas migradas, Pascal Brice.
Una respuesta compatible con un clima de ruptura, tras saltar los cánones heredados, y que anticipa también una fisura mirando a futuro entre los actores que construyen el discurso político y social.
El año francés llega a su fin marcado por la imposición de una reforma del sistema de pensiones, dando la espalda a una intensa movilización ciudadana en las calles, y por la puesta en marcha de una legislación sobre inmigración que, dice el senador vasco y líder local de Les Républicains, Max Brisson, «responde a las expectativas de los franceses».
La política no ve a la ciudadanía cuando esta defiende la vigencia de un modelo de protección social, pero escucha voces que le empujan a actuar cuando de lo que se trata es de diseccionar derechos.
Motosierras y Tarot, del Río de la Plata a los muelles del Sena, donde el tango de la ley migratoria tiene en su haber, nada más empezar, un «corte y raja» monumental.
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