El impuesto a los beneficios de la banca y las energéticas que en su día aprobó el Gobierno español tras un acuerdo con EH Bildu queda suavizado ahora tras un pacto del mismo Ejecutivo con el PNV. Fue anunciado ayer al tiempo que se reunía el Consejo de Ministros para valorar las medidas de «escudo social» que estaban a punto de caducar.

Hay dos modificaciones sustanciales: por un lado, se introducen bonificaciones para reducir la tasa a algunas de estas empresas, lo que lleva a recordar que Petronor y Repsol habían lanzado amenazas de retirar inversiones en el Estado español, y por otro la formación jeltzale logra que sean las instituciones vascas las que gestionen estos impuestos, lo que es llamativo si se tiene en cuenta que el PNV no votó a favor.

El Gobierno de Pedro Sánchez y el PNV han acordado, en concreto, integrar los gravámenes a la banca y a las energéticas en el régimen foral. Se trata de una petición que la formación vasca ya hizo antes de la investidura de Sánchez y que habrá que ver si no se traduce en ajustes a la baja, viendo su posición contraria a la actual tasa.

Junto al traspaso de estos tributos, también se ha llegado a un acuerdo para crear un «incentivo» para el sector energético por las inversiones estratégicas que se realicen ante la posibilidad de una «ralentización» del gasto en transición ecológica. Cabe recordar que este ha sido un mensaje trasladado reiteradamente, antes incluso de la introducción de ese impuesto extraordinario, por el expresidente del PNV y ahora CEO de Repsol, Josu Jon Imaz.

Imaz se ha convertido en punta de lanza contra este impuesto en los últimos meses, y el PNV se ha mostrado muy comprensivo con sus posiciones o con las del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

De hecho, en febrero del pasado año, el PNV justificó el recurso de algunas empresas para intentar paralizarlo en los tribunales. Para el portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, era algo que «estaba cantado».

Sobre esta rebaja, a la espera de conocer la letra pequeña, Sánchez explicó que se van a introducir modificaciones en la Ley General de Presupuestos para que se puedan deducir desde el 1 de enero las inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y con la descarbonización del sistema productivo.

Tras esta dulcificación del impuesto, el consejero de Economía de Lakua, Pedro Azpiazu, destacó las inversiones de Petronor en la CAV como «muy importantes» y deseó que continúen en los mismos términos.

Luego matizó que desconoce qué decisiones tomará «en función de la situación de la tributación. No tengo mucho más que decir, sería entrar en un terreno especulativo que no corresponde».

¿PERMANENTE?

Queda ahora por ver si el Gobierno español también hará permanente esta tasa, en principio establecida como temporal. Es una reivindicación reiterada desde EH Bildu.

En su comparecencia, el presidente del Gobierno español abrió la puerta a ello. Sánchez señaló el compromiso de la revisión en el año 2024 de esta figura tributaria «que pasará ya a contar con un carácter permanente».

«El impuesto fue diseñado con una pervivencia de dos años, vencería el 31 de diciembre de este año y, por tanto, lo que hemos hecho ha sido garantizar su pervivencia a partir del año 2024, una vez ya revisada», explicó el jefe del Ejecutivo.