Quedó visto para sentencia el juicio que se llevó a cabo ayer en la Sección Sexta de la Audiencia de Bizkaia contra dos arquitectos asesores del Ayuntamiento de Alonsotegi, Alberto Zulueta y Marta Novo, y los representantes de Laneder Construcciones, Francisco Javier Bediaga y Eduardo Ibarra, por participar en un plan para recibir subvenciones de la Diputación por obras que no se acometieron con los que abonar parte de las deudas que abocaron a la firma a la quiebra.

Tras las testificales, la Fiscalía solicitaron la absolución de Novo mientras rebajó la pena de cárcel para los otros tres acusados de 7 a 3 años y 6 meses, al entender que no ha quedado probado el delito de malversación. El letrado que defiende los intereses de la Administración foral se sumó después de mantener una actitud pasiva durante la vista.

La acusación particular, que ejerce el Consistorio, y la acusación popular, que impulsa EH Bildu, mantuvieron su petición de 8 años de prisión para las cuatro personas que se sentaron en el banquillo como presuntos autores de delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental y fraude. El Ministerio Público considera que la principal perjudicada es la Diputación, al ser quien concedió la subvención, mientras las acusaciones particular y popular estiman que lo es el Ayuntamiento.

Las defensas solicitaron la libre absolución de los acusados, alabando la posición del fiscal al rebajar las penas, y cargando contra la acusación particular y popular, que las mantuvo e incidió en el daño causado a los intereses públicos para tratar de resolver las deudas provocadas por la gestión del PNV.

DECLARACIONES REVELADORAS

La vista oral, que duró algo más de siete horas, sirvió para que tres de los acusados -Zulueta, Bediaga e Ibarra- reconocieran que sabían de la iniciativa del exalcalde entre 2011 y 2015, el fallecido José Luis Erezuma, para solicitar una subvención a la Diputación de Bizkaia con la que tratar de aliviar la delicada situación financiera de la constructora, a quien el Ayuntamiento debía algo más de un millón de euros por las obras que le contrataron a través de la sociedad urbanística Alonsotegi Eraikiz.

Esas irregularidades fueron detectadas por los ediles de EH Bildu, que solicitaron información sobre los expedientes y destaparon el caso. Comprobaron que no se habían ejecutado obras por las que se habían recibido subvenciones y que se certificaron a pesar de ello. «Llovía sobre mojado», apuntó el corporativo Asier Intxausti, quien recordó que el propio Tribunal Vasco de Cuentas Públicas había cuestionado la gestión del PNV en el Ayuntamiento.

La subvención la rubricó el entonces diputado foral de Presidencia, Juan Mari Aburto, que testificó que no recordaba haberlo hecho, «porque cada semana firmaba cientos de órdenes forales».