El alcalde de Donostia, Eneko Goia, considera que la sentencia de un juzgado que declara nula la convocatoria de empleo en la Guardia Municipal, que exigía tener el perfil lingüístico B2 de euskara, «no garantiza» los derechos lingüísticos de los ciudadanos «a la hora de prestar de servicios» desde las administraciones públicas.

Goia recordó ayer que «no es la primera sentencia en este sentido que afecta a una administración pública vasca». «En este caso nos afecta a nosotros como Ayuntamiento», apuntó, al tiempo que realizó una valoración «muy negativa» de esta resolución judicial.

A su juicio, «es un ataque en la línea de flotación del proceso de normalización del euskara que las administraciones públicas vascas hemos llegado a cabo durante estos últimos años y afecta a lo que es esa apuesta que nosotros hacemos y mantenemos por la revitalización» de la lengua.

Goia afirmó que van a trabajar desde el Ayuntamiento «en favor de la normalización del euskara y en favor de su revitalización con fuerza, con ganas y con convencimiento». El Consistorio donostiarra analizará con la Secretaría General del Ayuntamiento si se presenta recurso a esta sentencia o no.

EL TSJPV SE ESCUDA EN LA LEY DE NORMALIZACIÓN

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CAV (TSJPV), Iñaki Subijana, cree que no hay falta de sensibilidad de los jueces de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa con el euskara y aseguró que «aplican la Ley de Normalización de esta lengua», aunque afirmó que «en toda democracia se pueden discutir los criterios que mantiene la Judicatura, en este caso en cuanto al acceso a la función pública».

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, el magistrado defendió que la mayoría de sentencias que se están dictando son sobre el acceso a la función pública a partir de criterios de aplicación de la Ley de Normalización y el decreto de desarrollo. «Esos criterios se están aplicando desde hace años y ahora creo que están generando un elemento de descontextualización, en el sentido que trasladan la imagen de que los jueces y tribunales en Euskadi no están aplicando la normativa vigente», indicó, para negar que «sea así».

LA MAYORÍA SINDICAL, «FIRME ANTE EL ATAQUE»

La mayoría de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Donostia (ELA y LAB) mostró su preocupación por esta nueva sentencia, denunciando «la embestida judicial, con el claro objetivo de obstaculizar la normalización del euskara».

En este sentido, se adhirió al análisis de Kontseilua cuando afirma que existe «una ola reaccionaria, regresiva y euskarófoba que dificulta el proceso de normalización del euskara y provoca retrocesos en el camino recorrido y, aunque las apariciones mediáticas y políticas nos son conocidas, se han ido desmoronando, especialmente en el ámbito judicial».

Ante «la premisa falsa» de contraponer derechos laborales y lingüísticos que se emplea en estas sentencias, la mayoría de la Junta de Personal considera que «ambos derechos son complementarios».