Decenas de personas participaron ayer en la concentración organizada por Zazpigarren Alaba-Babestu Araba en la Plaza Nueva de Gasteiz, ante el Ayuntamiento, bajo el lema “Makrozentrorik ez! Residencia Arana para uso geriátrico. Auzoak errespetatu!”. Guillermo Perea, que intervino en nombre de la asociación, defendió el uso geriátrico de la antigua residencia, donde el Gobierno español pretende construir un centro con 350 plazas destinadas a personas refugiadas.

Señaló que el centro de acogida propuesto ha suscitado críticas de partidos y entidades sociales, que ponen en duda la validez del modelo elegido. «La posición mayoritaria es utilizar centros de menor tamaño y más localidades», apuntó, y recordó que en Logroño y Santander se han rechazado iniciativas similares, «desechando el argumento de red de centros».

También advirtió de que el Estado dispone de otros edificios vacíos o infrautilizados en la capital alavesa, como la sede del Gobierno Militar, los apartamentos anexos a la comisaría de Betoño o la antigua sede de Hacienda, que podrían ser destinados a la acogida de refugiados. Así, no sería necesario emplear Arana, cuya «validez para seguir siendo un geriátrico está perfectamente calificada».

Perea defendió la apertura en Arana de 50 plazas para personas con Alzheimer de grados 2 y 3, y de un centro diurno con 40 plazas para los de grado 1. Además, abogó por reservar un espacio para personas afectadas por ictus.

Censuró que el PNV y el PSE «quieren liquidar la residencia San Prudencio» y también la gestión del Servicio de Atención a Domicilio (SAD) por parte del Ayuntamiento. Respecto a este último servicio, solicitó que se duplique el tiempo de atención de los distintos grados. Y pidió incrementar la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar, hasta los 1.300 euros.

La asociación abogó por ampliar la cartera sociosaniaria, aumentando la plantilla de Osakidetza, y reclamó reponer los servicios de salud mental «eliminados» en los barrios de Aranbizkarra y San Martín; recuperar la fisioterapia en los hospitales públicos; ampliar los cuidados paliativos, acabar con el copago farmacéutico y contar con logopedas públicos; y exigió un protocolo único en las residencias públicas y privadas, así como la realización de un convenio para las residencias privadas del herrialde.