El debate de las enmiendas de PP y Vox contra la Ley de Amnistía, que preveían la ilegalización de partidos independentistas, no pasó de ser una nueva escenificación de una posición tremendista de estas dos formaciones, que solo lograron convencer al diputado de UPN, Alberto Catalán, para sumarse a sus tesis. Pedro Sánchez hasta se permitió el lujo de no votar.

Pepa Rodríguez de Millán, en nombre de Vox, y Cuca Gamarra, en el del PP, fueron las encargadas de pronunciar dos discursos destinados a descalificar la política de alianzas de Pedro Sánchez con formaciones independentistas catalanas.

Para Vox, la Ley de Amnistía establece un «régimen orwelliano» y son «los separatistas los que dictan al PSOE los artículos del Código Penal». El PP empleó un mensaje y un tono similar. «Humillan a servidores públicos y han engañado masivamente a los españoles porque necesitan los votos independentistas», destacó Gamarra.

Este discurso solo fue comprado por Alberto Catalán, el diputado de UPN, quien destacó que la Ley de Amnistía responde a «una compra de votos, como la entrega del Ayuntamiento de Pamplona a EH Bildu».

«¿NO LES DA VERGÜENZA?»

«¿No les da vergüenza andar con esto mientras tienen a la gente recogiendo plástico en las costas de Galicia? ¿Cuándo aceptarán su derrota, que han perdido? ¿La amnistía afecta a alguien de la Alpujarra? ¿Por qué prefieren apalear una piñata que supuestamente se parece a Pedro Sánchez y pasar frío en Nochevieja en Ferraz a comerse las uvas con su familia?», fueron las preguntas que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, lanzó a las bancadas de PP y Vox.

«Nos proponen fango para hacer frente a un conflicto político», destacó el portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu. «Es lo que normalmente utilizan: la negación, el castigo y la represión, a pesar de que saben que los conflictos políticos no se solucionan así», añadió.

«Ha quedado claro que ustedes no son parte de la solución sino del problema», acusó a PP y Vox antes de destacar que la Ley de Amnistía es «una medida buena y justa».

Mikel Legarda (PNV) destacó la necesidad de «afrontar con una mirada diferente un conflicto constitucional irresuelto» en Catalunya, valoró positivamente «una operación política de largo alcance que comenzó con los indultos» y rechazó el planteamiento de ilegalizar partidos independentistas.

Josep Maria Cervera, de Junts, acusó a PP y Vox de intentar «blindar la criminalización de la actividad del independentismo» con una iniciativa «que está basada en el fango».

Enrique Santiago (Sumar) destacó que PP y Vox «buscan ilegalizar acuerdos entre fuerzas democráticas porque saben que si no lo hacen, no volverán a gobernar».

El encargado de defender la posición del PSOE fue Artemi Rallo, diputado por Castelló, que subrayó que la Ley de Amnistía es «oportuna, necesaria y proporcional para mejorar la convivencia en Catalunya».

En este sentido, destacó que «la lealtad constitucional es impulsar un marco de convivencia en libertad y pluralismo» y calificó de «deslealtad constitucional» que el PP impida renovar el CGPJ.