Sunak salva en la Cámara de los Comunes, con concesiones, la ley de deportación a Rwanda
Los funcionarios británicos no deberán obedecer las órdenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyo cumplimiento quedará a discreción de los ministros. En la permanente crisis del Partido Conservador, el Gobierno de Rishi Sunak ofreció esta concesión a los diputados díscolos para sacar adelante en los Comunes la ley que prevé la deportación de migrantes a Rwanda.
![El primer ministro británico, Rushi Sunak, en el Parlamento.](/media/asset_publics/resources/001/070/741/article_main_landscape/0118_mun_sunak.jpg)
El primer ministro británico, Rishi Sunak, logró sacar adelante la nueva ley que permite enviar a migrantes sin documentos a Rwanda -sea cual sea su origen- tras hacer concesiones al ala derecha del Partido Conservador, varios de cuyos diputados habían colocado al Gobierno ante otra crisis del conservadurismo en el debate de la ley en el Parlamento de Westminster.
Finalmente, salvó la votación en una tercera lectura, con 320 votos a favor y 276 en contra, a pesar de que 60 diputados votaron a favor de algunas enmiendas de la oposición, en contra de las directrices del partido.
El ministro de Inmigración ilegal, Michael Tomlinson, confirmó que Sunak y él mismo negociaron con los diputados díscolos para que apoyaran el proyecto de ley sobre la Seguridad de Rwanda (Asilo e Inmigración) en la Cámara de los Comunes.
Aunque tiene una mayoría absoluta, el líder tory se enfrentaba a una derrota si en torno varias decenas de sus parlamentarios rechazaban el texto junto a la oposición.
El Ejecutivo ofreció modificar el código de los altos funcionarios para «subrayar que deben cumplir las órdenes de los ministros» incluso si eso supone ignorar instrucciones del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) contra las deportaciones.
Varios diputados conservadores querían que la ley permitiera expresamente obviar esas posibles sentencias de la Corte de Estrasburgo favorables a los solicitantes de asilo.
Dos vicepresidentes del Partido Conservador, Lee Anderson y Brendan Clarke-Smith, y la secretaria parlamentaria Jane Stevenson dimitieron el martes de sus cargos para votar a favor de una enmienda que al final no prosperó y que hubiera permitido a la Justicia británica ignorar al TEDH.
El proyecto de ley sobre la Seguridad de Rwanda define al país africano como un «lugar seguro» para enviar a migrantes, entre otros elementos que pretenden reforzar el polémico plan gubernamental, que fue declarado ilegal en noviembre por el Tribunal Supremo británico.
UNA CRISIS QUE NO CESA
Incluso con la aprobación de la ley, el liderazgo de Sunak se vio cuestionado y se evidenciaron más divisiones entre sus filas, en un año de elecciones generales en Gran Bretaña.
Además, después de su paso por la Cámara Baja, el texto afrontará más trabas en la Cámara de los Lores y, eventualmente, podría ser objeto de nuevas demandas judiciales. Mientras el Parlamento debatía este proyecto, el presidente de Rwanda, Paul Kagame, afirmó que su Gobierno podría devolver a Londres el dinero adelantado en virtud del acuerdo bilateral si finalmente no envía a migrantes «sin papeles» al país africano.
Kagame dijo en una entrevista en la BBC que «el hecho de que Londres no haya deportado a nadie desde la firma del pacto inicial en abril de 2022 «es un problema del Reino Unido, no de Rwanda. Si no vienen, podemos devolver el dinero», afirmó el mandatario. El Ejecutivo británico abonó 240 millones de libras (280 millones de euros) y prevé pagar otros 50 (58 millones de euros) dentro del acuerdo migratorio a cinco años suscrito con Kigali, cuyo coste total se desconoce.
La portavoz laborista de Interior, Yvette Cooper, dijo que «si Rwanda dice que devolverá el dinero de este programa fallido, Sunak debería aprovechar la oportunidad en lugar de alargar más tiempo este caos en el sistema de asilo».
Persiste el veto lealista en el norte de Irlanda
El DUP, segundo partido norirlandés, volvió ayer a bloquear la formación de un Gobierno de poder compartido, que permanece suspendida desde hace casi dos años por su resistencia a que sea liderado por Sinn Féin, pero con la excusa de los arreglos comerciales posBrexit con la Unión Europea.
Por séptima vez desde la caída del Ejecutivo de Belfast, el DUP rechazó la elección de un nuevo presidente de la Cámara, un proceso que necesita el consenso de los bloques unionista y nacionalista, según establece el acuerdo de paz del Viernes Santo (1998), el texto que puso fin al conflicto en la región.
El ministro británico para Irlanda del Norte, Chris Heaton-Harris, había dado de plazo hasta la medianoche de ayer para lograr un acuerdo para la formación del Gobierno, pese a que el DUP ya había advertido de que todavía no está praparado para entrar en un Ejecutivo con el nacionalista Sinn Féin, ganador de las elecciones de mayo de 2022.
Londres ya había anticipado que, en este escenario de bloqueo, podría introducir una legislación de emergencia para dar más tiempo a los partidos y retrasar la convocatoria de otras elecciones autonómicas, tal y como ya ha hecho en anteriores ocasiones.
Ahora, no obstante, ha aumentado la presión política y económica sobre las formaciones, pues el norte de Irlanda afronta hoy la mayor huelga del sector público de su historia. GARA
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