La decisión adoptada por el Tribunal Constitucional, dando amparo a nuestro recurso contra la intención del Tribunal Supremo de volver a ponernos en el banquillo de la Audiencia Nacional, cierra el laberinto jurídico iniciado en octubre de 2009. Tras casi 15 años de persecución política es momento de situar el origen, evolución y resultados de aquella operación conocida como «Bateragune».

Fue una acción político-judicial que pretendía sabotear el proceso de cambio estratégico iniciado en el seno de la izquierda abertzale tras el desenlace del proceso negociador de 2006-2007. Con nuestras detenciones, se construyó un relato de imputaciones pretendiendo descabezar ese proceso de reflexión y debate y, como consecuencia, incidir en el desarrollo del mismo. Ya lo dijo en su momento el ministro socialista López Aguilar cuando se refirió, sin ningún reparo, a «construir imputaciones» en el marco de la estrategia «antiterrorista» del Estado.

Así pues, en aquella maniobra de Estado, con Rubalcaba y Garzón como protagonistas, quisieron llevar a la izquierda abertzale, incluida ETA, a un escenario de crisis interna, escisiones...; tenían un objetivo político más allá de su efecto o no en la continuidad de la lucha armada: neutralizar para décadas el independentismo como sujeto y actor político en el proceso de liberación nacional.

Lo ocurrido después es conocido por todos. Enjuiciamiento acelerado con un tribunal que tenía dictada la sentencia al margen del desarrollo del juicio y un recorrido por el Tribunal Supremo y Constitucional donde, con votaciones ajustadas, se dio cobertura a nuestras sentencias. Posteriormente, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo aceptó nuestra demanda señalando que no habíamos tenido un juicio justo por falta de imparcialidad del tribunal que nos juzgó, presidido por la inefable Ángela Murillo. Tras la misma, el TS, intentando evitar la anulación de la condena y sus posibles consecuencias, planteó la repetición del juicio en un hecho sorprendente y sin precedentes con, también, una intencionalidad política para desestabilizar un contexto caracterizado por el apoyo de EH Bildu al Gobierno de Sánchez. Finalmente, ahora ha sido el TC, con los magistrados del PP manteniendo la coherencia con el origen de este proceso, quien ha rechazado el despropósito del Supremo cerrando el periplo jurídico que ha caracterizado este hecho de clara persecución política.

Con todo ello, «Bateragune» ha sido un caso de manual de «lawfare»: instrumentalización de la justicia como parte de una estrategia política. Una práctica muy conocida por decenas y decenas de ciudadanos vascos. Los casos derivados del cierre de “Egin” y “Egunkaria”, el sumario 18/98... han sido casos de instrumentalización de la justicia en el marco de la estrategia antiterrorista del Estado. Una inercia que se sigue intentando aplicar desde núcleos de la Audiencia Nacional como hemos visto hace unos días, ante la actuación de la Fiscalía contra militantes de Sortu en relación a una narrativa «fabricada» sobre los ongi etorri.

Estos casos de lawfare han sido parte de la violencia política del Estado y han significado torturas y cientos de años de cárcel sin que haya existido ningún nivel de reconocimiento y/o reparación política. En este sentido, cuando la sociedad vasca avanza en términos de convivencia es indispensable que, entre otras cosas, el Estado reconozca y repare todas las intervenciones jurídico-policiales que, como el caso Bateragune, han sido parte de su estrategia contra el independentismo vasco, provocando múltiples sufrimientos. Por eso, tras la decisión del TC de enmendar la pretensión del Supremo y dar por acabado el recorrido jurídico, hemos echado en falta reflexiones, tanto del lehendakari Urkullu como de dirigentes de otras formaciones políticas, abordando este «euskal lawfare» en un momento que esta cuestión adquiere centralidad a la hora de reconducir el proceso catalán hacia vías y soluciones políticas. Ese ruidoso silencio se contrapone a las continuas apelaciones de esos mismos dirigentes a la izquierda independentista en relación con la lectura del pasado reciente.

Una vez más, remarcar la necesidad de que todos los actores políticos, como hizo la izquierda abertzale, reconozcan su responsabilidad en los diferentes niveles de sufrimiento que el conflicto político ha generado y sigue generando. Y, por supuesto, que tanto en el caso de Cataluña como en Euskal Herria, el Estado aborde de forma definitiva el conflicto territorial interno, reconociendo la plurinacionalidad del Estado y respetando la voluntad de nuestras naciones.

Dicho esto, y a pesar de las consecuencias que hemos padecido, hoy podemos decir con orgullo que el objetivo que estaba en el origen de la operación Bateragune ha fracasado estrepitosamente y la izquierda independentista es la primera fuerza municipalista de Euskal Herria y un actor determinante tanto en la salida de UPN de la ecuación del Gobierno en Nafarroa Garaia como en la propia gobernabilidad del Estado. Quince años después no solo, pues, no han conseguido neutralizar a la izquierda independentista sino que se ha convertido en una alternativa y tractor fundamental del proceso político en el conjunto del país. En noviembre de 2009, a las pocas semanas de nuestra detención, lanzamos un mensaje desde la cárcel de Estremera diciendo que no iban a frenar el cambio estratégico de la izquierda abertzale y, hoy, decimos que ese cambio está transformando el país y su futuro.

Finalmente, un mensaje de agradecimiento a la sociedad vasca por el apoyo, solidaridad y cariño que hemos percibido en estos años de cárcel y persecución. Una solidaridad transversal que nos ha llenado profundamente y dado fuerzas para seguir trabajando por nuestro país. Y, asimismo, nuestro agradecimiento a los apoyos recibidos desde la comunidad internacional, a José Mujica, Adolfo Pérez Esquivel, Gerry Adams, al desaparecido Desmond Tutu... a todos y todas, mila esker.