El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Azpeitia decretó ayer el desalojo del edificio propiedad de la Iglesia ocupado como gaztetxe en Zestoa. Además, dos personas que fueron anteriormente identificadas podrían enfrentarse a una sanción de hasta 70.000 euros.

La sentencia, difundida ayer por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSPV), declara el derecho de la Parroquia de la Natividad de Zestoa, propietaria del edificio Elizondo que ahora funciona como un gaztetxe, a «recuperar la posesión» de este inmueble, al tiempo que condena a los jóvenes de Zestoako Gazte Asanblada que fueron demandados por la diócesis a su «inmediato desalojo» y a su «entrega» a los propietarios «bajo apercibimiento de proceder en otro caso a su lanzamiento».

Además de imponerles las costas económicas del procedimiento judicial, dos integrantes de la organización juvenil podrían recibir una multa de hasta 70.000 euros.

La resolución también insta a los jóvenes a «abstenerse de observar o promover cualquier conducta, activa o pasiva, directa o indirecta, que pueda constituir una perturbación de los derechos» de los dueños sobre esta finca.

El texto judicial, que puede ser recurrido en apelación ante la Audiencia de Gipuzkoa, estima de esta manera íntegramente la demanda interpuesta por estos hechos el pasado 10 de julio de 2023 por la parroquia de Zestoa, después de que los miembros de la Gazte Asanblada ocuparan el citado edificio a finales de febrero del año pasado.

La resolución considera ahora acreditado «el derecho a poseer» por parte de la parroquia este inmueble, en el que, además, «se impartían clases de catequesis» y que fue «ocupado» por los citados jóvenes «sin que exista ningún título» que les hubiera habilitado, «al no haberse alcanzado ningún acuerdo» para ello con la Iglesia «ni tampoco con el Ayuntamiento de Zestoa».

La sentencia rechaza de esta manera los argumentos de los jóvenes, quienes alegaron que la Iglesia «no estaba dando ninguna utilidad al inmueble» y que, además, uno de ellos estaba usando «una pequeña parte del edificio para dormir porque carece de medios económicos».

DENUNCIA DE ZGA

El juicio por estos hechos se celebró el pasado miércoles en el Palacio de Justicia de Azpeitia, frente al que se concentraron un centenar de jóvenes para denunciar que Zestoako Gazte Asanblada estaba siendo víctima de una «campaña de criminalización» por parte del Obispado de Donostia, partidos políticos y medios de comunicación, tras hacerse pública la ocupación del edificio Elizondo.

En el mismo acto, una portavoz de este colectivo dijo que la irrupción en la misa mayor de Zestoa el pasado domingo de un grupo de enmascarados, lanzando gritos y pasquines, fue una acción de protesta contra el desalojo, pero no iba contra la comunidad cristiana del pueblo ni contra los fieles de ninguna religión, ya que aceptan la libertad religiosa.