Apoyo para las víctimas del franquismo obligadas a realizar trabajos forzados en el herrialde es lo que solicitaron ayer sus familiares en el Parlamento navarro, recordando que son delitos que no prescriben al tratarse de víctimas de crímenes de lesa humanidad.

En nombre de las 13 familias y de la asociación Memoriaren Bideak que impulsaron una querella desestimada en primera instancia para que se reconozca a estas personas como víctimas del franquismo, defendieron su apelación a la Audiencia de Nafarroa, en la que está ahora en trámite.

Sabino Cuadra y Ana Barrena, de Memoriaren Bideak, explicaron que la carretera entre los valles de Erronkari y Zaraitzu, abierta entre los Pirineos con 17 kilómetros, fue construida al acabar la guerra del 36, entre 1939 y 1941, y en ella trabajaron «unos 2.500 prisioneros antifascistas de manera esclava», en condiciones «muy duras», viviendo en tiendas de campaña y barracones, con frío extremo, mal alimentados y maltratados físicamente.

«Los prisioneros hicieron el trabajo más duro, de pico y pala» abriendo el trazado, que después remataron soldados de reemplazo, y hay constancia de que once de los prisioneros murieron, tres de ellos ejecutados tras ser acusados de intento de fuga, señaló Barrena.

También valoró el apoyo de los movimientos sociales que en los últimos años han acompañado la denuncia de los hechos y el homenaje anual que se lleva a cabo en aquella carretera, un avance que ahora se quiere hacer de forma legal con la vinculación de la memoria de los trabajos forzados y los derechos humanos.

Por ello, lamentaron el «vergonzoso e incomprensible» auto de la juez de Agoitz que desestima admitir a trámite la querella «en solo dos líneas».

Tras ellos intervinieron tres familiares de víctimas de aquellos hechos, quienes refrendaron el relato de las duras condiciones que padecieron, según trasladó Rafael Gorroño a su hija Agurtzane, quien denunció que el silencio de aquellos hechos «revictimizó» a su padre.

«UNA VENGANZA»

Al ser hechos posteriores a la guerra, suponen «una venganza» contra personas que «no eran malhechores, sino ‘desafectos al régimen’. Ese era su delito», dijo Isabel Bóveda.

Recordó que al ser considerados por la justicia internacional «crímenes de lesa humanidad», serían hechos que no prescriben y a los que tampoco afecta la Ley de Amnistía de 1977, al tiempo que pidieron «reconocimiento, justicia, verdad y reparación».

En el turno de los grupos intervinieron PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, quienes mostraron su claro apoyo a la reivindicación de los ponentes, mientras que UPN, en boca de Iñaki Iriarte, también condenó aquellos hechos y la ilegitimidad del régimen franquista, pero defendió que la Ley de Amnistía de 1977 zanjó su posible vía judicial.

«Las amnistías son muy amargas para las víctimas, pero a veces son el único camino para avanzar», dijo tras añadir que esto no excluye el derecho a la reparación y a conocer la verdad.