Entre la suspensión de actividades de Batasuna dictada por el juez Garzón en agosto de 2002 y la legalización de Sortu por parte del Constitucional en junio de 2012 pasó una década entera de veto y bloqueo político a la izquierda abertzale. El paso clave para superar la situación, en derivación del giro estratégico ya aprobado para entonces, se daría en el Palacio Euskalduna de Bilbo un día como hoy de 2011, con la presentación de los estatutos del nuevo partido.

Simultáneamente GARA publicaba en exclusiva su nombre: Sortu. Se trataba de un secreto muy bien guardado y también de toda una declaración de intenciones de lo que suponía la formación.

Quienes se encargaron de presentar el futuro partido eran dos referencias de la izquierda independentista con una trayectoria de décadas y una capacidad muy reconocida. Rufi Etxeberria había tomado de algún modo el relevo de Arnaldo Otegi tras su encarcelamiento en octubre de 2009 (que aún se prolongaría cinco años más), y de hecho su mano sería la que estrecharía Kofi Annan unos meses después en Aiete.

En cuanto a Iruin, a su capacidad acreditada como jurista se sumaban ciertas dotes proféticas en este caso: en una entrevista tras la ilegalización había predicho que ese ciclo duraría una larga década. Concluyó en ese plazo, aunque no fue por la vía de los tribunales europeos, sino por la del cambio de estrategia.

NI «VICARIAL» NI ASAMBLEARIA

Aquel acto, técnicamente organizado por Lokarri, estuvo rodeado de una expectación tremenda. Acudieron la práctica totalidad de partidos políticos y sindicatos. Hubo que disponer una sala mayor a la inicialmente prevista. Las cámaras se contaban por docenas. Y no faltaba presión policial, puesto que, según se confirmó oficialmente, había un dispositivo de identificación de los asistentes. Pocos años antes, la Policía ya había irrumpido en una rueda de prensa de la izquierda abertzale en el hotel Tres Reyes de Iruñea, argumentando que eso también era una actividad ilegal.

Con temple y claridad, Etxeberria se centró en el prisma político e Iruin, en el jurídico. El primero remarcó, para quienes todavía tenían o fingían dudas, que Sortu rechazaba toda violencia, «y en particular la de ETA», y que en ningún caso constituiría una «organización vicarial».

Por su parte, el abogado detalló la plena adecuación de estos estatutos a la estricta Ley de Partidos.

Aunque la claridad del compromiso con las vías exclusivamente políticas fue la noticia para la gran parte de los medios, Sortu traía consigo otras importantes novedades organizativas en comparación con anteriores formaciones de la izquierda abertzale, cambiando el tradicional modelo asambleario por otro más regularizado, con una afiliación tasada, órganos de control, secretaría general…

AÑO Y MEDIO DE PELEA JUDICIAL

El paso del tiempo puede haber hecho creer que aquel proceso fue un mero trámite indoloro, pero nada más lejos de la realidad. Antes incluso de este acto del Euskalduna ya se filtró que el Gobierno del PSOE (con Alfredo Pérez Rubalcaba como principal artífice) maniobraría contra la inscripción legal. Efectivamente, Fiscalía y Abogacía del Estado llevaron a Sortu ante el Supremo, donde la legalización fue rechazada por nueve votos contra siete, apenas un mes después. Hubo que esperar a que un Constitucional igualmente dividido casi por la mitad la avalara en junio de 2012.

Para entonces, ciertamente la izquierda abertzale había podido volver a la carrera electoral, e incluso liderar la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia, dentro de la coalición Bildu, que había superado el muro ilegalizador en mayo de 2011, y también de Amaiur, que logró llegar a las Cortes españolas en noviembre de ese año. La mañana del 7 de febrero fue por tanto el preludio de tres noches importantes para el auge de esta fuerza política: la del Arenal de Bilbo en que se celebró la posibilidad de concurrir a las forales y autonómicas de mayo, la de estas elecciones y la de las estatales a fin de año.

INTERROGATORIO EN MADRID

La pelea no solo fue jurídica. Para los anales del disparate quedó el interrogatorio pseudoperiodístico sufrido por los responsables iniciales de Sortu (Iñaki Zabaleta y Maider Etxebarria a la cabeza) cuando fueron a inscribir el partido en la sede del Ministerio del Interior, en Madrid, unos días después del Euskalduna, y comparecieron ante medios estatales.

Las preguntas fueron en muchos casos auténticas acusaciones, hasta el punto de que algún periodista se revolvió contra la caza de brujas mayoritaria: «A Rajoy no le preguntáis así», espetó a sus «colegas».

Los impulsores del nuevo partido, por cierto, contaron en Madrid con el apoyo de Alex Maskey, dirigente de Sinn Féin muy amigo de Euskal Herria y malherido en una acción de guerra sucia, y Bill Browing, representante de la Asociación Europea de Abogados Demócratas.

A las trabas puestas por el PSOE -donde paradójicamente Jesús Eguiguren advirtió en el Euskalduna de «un paso sin retorno», pero Rubalcaba intentó recrear un fraude de ley- se sumó la inquina del PP. Este partido todavía no gobernaba el Estado español en este 2011 pero sí lo haría en 2012, por lo que su posición se intuía determinante ante la caída paulatina del PSOE. Aquella comparecencia de Iñigo Iruin y Rufi Etxeberria fue respondida así por la número dos de Rajoy, María Dolores de Cospedal: «El PP no aceptará la legalización de ninguna manera», dijo de modo tajante.

POR UN VOTO

Cospedal erró en su pronóstico. El Tribunal Constitucional le abocaría a aceptar la relegalización por un solo voto de diferencia.

El partido de la izquierda abertzale pasaría los filtros españoles avanzando por los raíles puestos aquella mañana en el Palacio Euskalduna y Sortu acabaría celebrando su congreso fundacional en Iruñea en febrero de 2013, cuando ya habían transcurrido dos años desde aquel evento. Arnaldo Otegi se convirtiría en su primer secretario general, pero esa ya es otra historia.

[1991] Electos de HB encadenados en las Bardenas entre maniobras para la guerra

La operación “Tormenta del Desierto” desatada por Estados Unidos en Irak sumaba ya unas 30.000 muertes cuando, el 7 de febrero de 1991, HB realizó una osada acción de respuesta en un escenario más que pertinente. Se trataba del polígono de tiro de las Bardenas, una amplia zona de territorio vasco hecho suyo por el Ejército español en 1951 y que se renovaría en 2001 por una recompensa económica a los llamados «congozantes», hasta llegar a este 2024.

La protesta se llevó a cabo, además, durante una de las maniobras militares periódicas que llevaban -y llevan- a cabo el Ejército español y tropas de la OTAN. Unos ejercicios que han costado la vida en estas décadas a una veintena de personas, comenzando por un pastor de Arguedas y siguiendo por militares de diferentes graduaciones.

También sobresalía ya entonces el peso de la cuestión palestina en los argumentos de la formación independentista, un genocidio continuado hasta el presente. Así, Jon Idigoras declaró sobre el terreno que «si nosotros no aceptamos hoy la invasión de Kuwait, menos la de Cisjordania y Gaza por los israelitas».