La Junta de Gobierno de Errenteria, formada por EH Bildu y Elkarrekin Podemos, ha dado luz verde al proceso para que el municipio sea declarado zona de vivienda tensionada, convirtiéndose así en el primero del país. Según explicó la alcaldesa, Aizpea Otaegi, el envejecimiento de buena parte de la población, lo que lleva a que el 62% de los hogares estén habitados por una o dos personas, la cercanía con Donostia, cuyos precios desorbitados echan a la gente que elige Errenteria como uno de sus destinos, incrementando también los precios, y un saldo positivo de población joven, hacen que el acceso a una vivienda digna y adecuada se tope con un muro económico. Y que un bien imprescindible para desarrollar un proyecto de vida se someta a la lógica del mercado y a su chantaje: no se toca bajo la amenaza del desplome. Una de las consecuencias de esa pretensión de que la economía funciona cuando los mercados campan a sus anchas y sin presión alguna, es el acuciante problema de la vivienda.

El de Errenteria es un paso importante, si bien falta comprobar su efectividad. Queda mucho por hacer, pero por por primera vez un ayuntamiento vasco tendrá un mecanismo para fijar los precios del alquiler. Así lo dicta la Ley de Vivienda al estipular que cuando las unidades familiares de un municipio dediquen más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler o a la hipoteca más gastos y cuando los precios del alquiler hayan aumentado más de tres puntos por encima del IPC en los últimos cinco años, puede declararse zona tensionada. Sin embargo, está por ver su recorrido. El PNV no solo votó en contra, sino que también la recurrió, como hicieron otras formaciones de la derecha y la ultraderecha.

Es tan fuerte la demanda de alquiler asequible, tan escasa la oferta y tan insoportable la subida de precios, que han llevado a muchas familias al borde de la exclusión. Y la situación es particularmente difícil para los jóvenes que no pueden independizarse. En este contexto, el diagnóstico es claro: hace falta vivienda pública digna en alquiler social. Y eso requiere una solución de largo plazo, una política fina, bien hilada, que genere unos precios y garantías razonables.