Esta vez no fue la Diputación de Gipuzkoa, sino ‘’El Diario Vasco’’, quien avanzó la noticia de la reapertura del «caso Bidegi». La investigación de la primera querella a la que se había dado carpetazo en el Juzgado de Azpeitia tendrá que reactivarse, y concretamente llevando a cabo el informe pericial independiente que había propuesto la acusación y también la Fiscalía, pero que la juez instructora decidió descartar por considerarlo demasiado caro. Se hará finalmente, con un presupuesto tope de 80.000 euros.

El archivo de esta querella (cronológicamente la segunda en presentarse desde la Diputación que lideraba Bildu, allá por 2015) se conoció el pasado mes de septiembre. Le siguió también el cierre en falso de la inicial, conocido hace unas semanas y que también ha sido recurrido.

Ya el propio auto del Juzgado de Azpeitia delataba la insuficiencia de la investigación, pese a los nueve años transcurridos desde la presentación de la denuncia. La jueza se escudó para el primer archivo en que el informe planteado para aclarar unos hechos técnicamente muy complejos tenía «elevadísimo coste».

La Fiscalía había planteado en julio de 2021 que esa pericial independiente resulta imprescindible para el esclarecimiento del caso, es decir, para determinar si se inflaron o no pagos a constructoras por parte de la Diputación que dirigía Markel Olano. «Es necesaria una prueba pericial independiente que esclarezca la verdadera realidad de los hechos, determinando si efectivamente fue o no defraudada una cierta cantidad presupuestaria con ocasión de la realización de las obras ejecutadas en la autopista AP-1 Vitoria/Gasteiz-Eibar tramo Arlaban-Eskoriaza Norte», expuso el Ministerio Público, en línea con lo que planteaba la acusación impulsada por EH Bildu.

La instancia judicial superior, la Audiencia de Gipuzkoa, ha determinado ahora que la causa debe reabrirse, lo que vista la complejidad del caso augura que la investigación va para largo.

CRÍTICAS A LA JUEZA Y PRECIO TOPE AL INFORME

La resolución de la Audiencia guipuzcoana refleja cierto malestar con la actuación de la jueza de Gipuzkoa, al recordarle que ya dictó antes dos resoluciones en las que le instaba a pronunciarse sobre dichas diligencias, «no siendo hasta agosto de 2023 en que vino a denegar las mismas sin exponer motivo o razón alguna de dicha decisión, salvo en lo relativo a la diligencia de prueba pericial judicial independiente».

Apunta, en paralelo, que fue también esta instancia superior la que revocó la primera negativa a una pericial independiente, producida en 2018 y rectificada en 2019.

Sobre la carestía del informe independiente, la Audiencia de Gipuzkoa acaba tomando una decisión concreta: fijar un coste tope para el mismo, que será de 80.000 euros. Explica que lo decreta «en atención a la necesidad de no dilatar más el procedimiento» y por una cantidad «más económica de las que planteadas por la acusación particular». Esta sugirió un precio de 72.000 euros pero hace ya unos años, en los que la actualización por la inflación sería algo superior a esos 80.000 euros.

Esta prueba pericial no conllevará trabajos de campo suplementarios, sino que cotejará toda la documentación de la obra empleada por los autores de los dos informes contradictorios que figuran en las diligencias, ya que los presupuestos para comprobar físicamente sobre el terreno el contenido de la obra ejecutada eran excesivamente elevados.

Esta querella en concreto fue presentada en mayo de 2015, tras la primera que revelaba pagos por movimientos de tierras inverosímiles o grosores de hormigón superiores al realmente colocado. Detallaba que también en el caso del tramo Eskoriatza-Arlaban había cantidades de hormigón o de fibra de acero inferiores a las abonadas a la UTE. El volumen de esta querella superaba al de la inicial (17,1 millones frente a los 13,6 millones).

Se dio la circunstancia muy reveladora de que la Diputación de Araba, entonces en manos del PP, corroboró la versión de la Diputación guipuzcoana, liderada por Bildu.

La orden de reapertura de esta querella deja en evidencia también el cierre en falso de la otra. Y es que la decisión también se ha basado, desde el Juzgado de Azpeitia, en contrastar las dos periciales de cada parte y concluir que no hay pruebas de delito concluyentes. EH Bildu anunció recurso igualmente contra este archivo afirmando que «la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se ha abonado este dinero público».

Los dos archivos han sido saludados por la actual diputada general, Eider Mendoza, en términos que ahora quedan igualmente en entredicho. Acusó a EH Bildu de poner en tela de juicio «el buen nombre y la integridad de nuestras instituciones» mediante iniciativas judiciales «injustas e infundadas» con «fines partidistas».

LA DIPUTACIÓN PONE EN DUDA EL PERITAJE

Curiosamente, tras mostrarse muy satisfecha por la ausencia de un peritaje independiente en septiembre, la Diputación que lidera Mendoza pasó ayer a exigir que este se garantice al máximo. Su portavoz, Irune Berasaluce, dijo ver «imprescindible» que se haga con «la máxima independencia y competencia».

En su valoración, la institución foral se quejó además de que esta decisión «dilatará la conclusión de un proceso ya de por sí largo».

En cualquier caso, manifestó confiar en que el nuevo informe «servirá para constatar, nuevamente, que los informes presentados con la querella adolecían de numerosos errores que evidenciarán la naturaleza política del procedimiento que se ha dilatado ya durante una década».

Y confió en que «dejará claro el buen hacer de la Diputación Foral de Gipuzkoa y que la actuación de los responsables técnicos y políticos que impulsaron la construcción de la AP-1 fue correcta».