En las últimas décadas un sector de la política vasca viene difundiendo un mantra que, por mucho repetir, no deja de ser falso. Así, el Partido Nacionalista Vasco saca pecho de su gestión a la mínima ocasión que puede. Se presenta asimismo como el único partido capaz de administrar Euskal Herria y sus medios de comunicación inciden insistentemente en esta idea.

No obstante, a poco que escarbemos en este binomio (jeltzales-buenos administradores) la realidad que subyace es otra. Sus casos de corrupción y malversación son más que notables (museo Balenciaga, proyecto de coche eléctrico Hiriko, la hacienda de Irún, el caso De Miguel, la alcaldía de Alonsotegi y un largo etcétera que mi frágil memoria no alcanza a recordar).

Su política de subcontratación de los servicio públicos no es mucho mejor. Así, son notorios los problemas que afectan al sector de las ambulancias, a los comedores escolares, al ramo de la limpieza, a las actividades de los centros cívicos... caracterizados todos ellos por unas condiciones laborales sumamente precarizadas.

Pero en esta ocasión quiero centrarme en un ámbito del sector público. Hoy, al acercarme como todas las semanas a la biblioteca Ignacio Aldekoa de Gasteiz, en frente del Parlamento Vasco, he observado una concentración que ha llamado mi atención. Allí estaban manifestándose las profesoras y profesores de la Universidad del País Vasco. Por curiosidad, me he detenido unos minutos para poder escuchar sus reivindicaciones. Me he quedado perplejo al saber que el salario del personal docente e investigador sustituto o recién ingresado apenas alcanza los 800 euros, lo que supone de facto que las bajas laborales y las plazas sacadas a concurso público se queden sin cubrir por largo tiempo (meses), con la sobrecarga de trabajo que conlleva para el resto del personal. Siguiendo con la precarización, al profesorado interino se le niega el cobro de los quinquenios laborales y los sexenios de investigación, pese a existir sentencias judiciales que les reconocen este derecho. Ahondando en la cuestión material, la pérdida de poder adquisitivo de todo el personal ha sido más que palpable, pues las subidas salariales experimentadas distan mucho del proceso inflacionario padecido en los últimos años.

Para finalizar, pues no me he quedado mucho tiempo para no ser confundido con la numerosa policía que custodiaba el Parlamento, he podido escuchar que la financiación de la Universidad del País Vasco no llega siquiera al 1% del PIB de la Comunidad Autónoma Vasca, muy lejos de las cifras alcanzadas en otros países del entorno europeo. Aun así, pese a esta infrafinanciación de la universidad pública vasca y la precarización de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras, que justifican con la falta de recursos, disponen de fondos suficientes para inyectar a las universidades privadas de Deusto, Mondragón o Euneiz.

Si esto es gestión de «excelencia docente e investigadora», que baje Dios y lo vea.