La Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa, Elkartu, reivindica que las mujeres con discapacidad puedan «disfrutar de todos sus derechos en condiciones de igualdad» con la publicación de la guía sobre “Mujeres y niñas con discapacidad”. Este documento recoge las principales características de la Observación General número 3 sobre el artículo 6 de la Convención sobre los derechos de las personas con diversidad funcional.

Un artículo que, como idea principal, establece que «las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, los Estados deben adoptar medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales».

En esa línea, incide en que, «históricamente, las mujeres y niñas con discapacidad afrontan más obstáculos en la mayor parte de los ámbitos de la vida que los hombres y los niños con discapacidad y que las mujeres y las niñas sin discapacidad». Así, señaló que estos obstáculos generan «situaciones de discriminación múltiple e interseccional, en particular en relación con la igualdad de acceso a la educación, las oportunidades económicas, la capacidad de participar en la política y ejercer control sobre sus vidas».

DEROGACIÓN DE LEYES DISCRIMINATORIAS

Entre las medidas que establece la Observación General se encuentran la derogación de leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las mujeres con discapacidad, la adopción de medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de género y/o deficiencia, y promover su participación en la adopción de decisiones públicas.

Con la publicación de la guía, Elkartu quiere reivindicar que «garantizar plenamente los derechos de las mujeres con discapacidad resulta imprescindible en un contexto de impulso de las políticas de igualdad como factor para la construcción de una sociedad más inclusiva y que garantice la igualdad de oportunidades de todas las personas».

Recalca que las instituciones públicas y el conjunto de agentes que intervienen en las políticas de igualdad han de conocer, interiorizar y aplicar los principios y mandatos establecidos en la Convención.