Del 14 al 17 de marzo de 2020 el conjunto de la población de Euskal Herria se fue confinando progresivamente para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el covid-19. Se adoptaron medidas inéditas que luego se fueron modulando hasta que se decretó el fin de la pandemia.

Primero en el sur de país y tres días más tarde en el norte, la población fue obligada a confinarse. El 12 de marzo, un día después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarase la pandemia, el cierre de centros educativos alertaba de la dimensión de las medidas que se iban a adoptar.

Mascarillas, geles, balcones como espacio de socialización, toque de queda, restricciones a la movilidad, hasta el abastecimiento de papel higiénico, pasaron a ser temas informativos de primer orden, como el de aquellos que con cargos de responsabilidad se saltaron las estrictas medidas impuestas a la mayoría. Quedaba mucho aún para las campañas de vacunación, con los consiguientes movimientos en contra con teorías conspiranoicas.

El Consejo de Ministros del Ejecutivo español se reunió de manera extraordinaria el 14 de marzo para aprobar un real decreto ley que impuso durante quince días el estado de alarma, que posteriormente fue prorrogado. Aquella decisión excepcional se prolongó hasta el 21 de junio de 2020. Se cerró hostelería, comercio minorista en general, todos los hospitales quedaron bajo control público, la actividad educativa presencial quedó en suspenso y se garantizó el suministro de alimentos, luz y gas.

En el norte, ese 14 de marzo se clausuraron la hostelería, centros culturales y deportivos y comercios no esenciales, para acabar con el confinamiento total tres días después. Tras el verano, el 28 de octubre llegó un nuevo confinamiento, que finalizó el 15 de diciembre, aunque las restricciones -algunas más estrictas que en el sur- y las críticas de los afectados se mantuvieron.

En Hego Euskal Herria, la superación de todas las fases del plan de desescalada, refrendado el 28 de abril de 2020, determinó que quedaran sin efecto las medidas que llevaba aparejadas, aunque se dictaron otras nuevas al objeto de controlar la crisis sanitaria y sus graves consecuencias.

En julio de 2021, en una votación muy ajustada, el Tribunal Constitucional español declaró ilegal el primer estado de alarma, entre marzo y junio del año anterior, coincidiendo con la primera ola de la pandemia, estimando parcialmente un recurso de Vox. Así, determinó que eran inconstitucionales restricciones en relación a la circulación de personas y vehículos en espacios y vías públicas, así como el cierre de la actividad comercial y recreativa, equipamientos culturales, hostelería y restauración.

ACCIONES JUDICIALES

Más tarde, comerciantes y hosteleros emprendieron acciones judiciales reclamando indemnizaciones por los perjuicios originados. Al igual que las disposiciones se fueron implantando en cascada, con el tiempo llegaron las resoluciones de los tribunales que tumbaron muchos de aquellos recortes.

Durante la situación denominada de «nueva normalidad» se tomaron o mantuvieron una serie de decisiones urgentes de prevención, contención y coordinación, para permitir seguir haciendo frente y controlar la pandemia de coronavirus. Una de ellas fue el toque de queda que obligaba al confinamiento domiciliario, cuyo horario generó controversia.

Esa etapa estuvo vigente hasta que el gabinete de Pedro Sánchez aprobó el 25 de octubre de 2020 volver a declarar el estado de alarma en todo el Estado español. Su duración inicial era hasta el 9 de noviembre de 2020 y fue prorrogado hasta el 9 de mayo de 2021. El Consejo de Ministros refrendó el 5 de julio de 2023 un acuerdo que declaró el fin de la crisis sanitaria.

El contexto fue desde el inicio preocupante, al confirmarse el exponencial crecimiento de casos de coronavirus en Euskal Herria. Este país se situaba por detrás de Italia, el estado europeo más castigado entonces, en porcentaje de casos confirmados. El covid arrasó la agenda cotidiana y diluyó la previsión política y económica. Iñigo Urkullu y Emmanuel Macron, por ejemplo, cedieron el 16 de marzo de 2020 a la evidencia y congelaron la convocatoria de elecciones mientras muchas industrias cesaban en su actividad.

Según un análisis del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) de la CAV que se hizo público en diciembre de 2020, el 30% de las y los trabajadores del sector privado de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se vio afectado por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). En total, según esos datos, fueron 188.130 personas.

En aquella primera jornada de un periodo excepcional, en el que la sociedad vasca se enfrentaba al mayor reto de salud pública de la historia contemporánea, el director de GARA, Iñaki Soto, abordaba en un extenso artículo de opinión la responsabilidad que adquiría este proyecto comunicativo como servicio público cuidando el enfoque propio y los retos a los que se enfrentaba en aquella coyuntura en medio de un expolio. Los y las redactoras marchamos a casa para cuidar de los nuestros y a trabajar a la vez para nuestra comunidad y la sociedad vasca en general. Objetivos cumplidos, afortunadamente.

[2020] Krisiaren kudeaketari kritika, aita galdu ostean

Pandemiaren lehenengo asteetan hil zen Jesus Mari Pikabearen lau alabek GARAra igorritako gutunak osasun krisiaren kudeaketaren arrakala guztiak agerian utzi zituen. «Aita hil da, ama ezin dut besarkatu, baina lanera joan beharra daukat» lerroburua jarri genion Leire alabak Errenteriako bizilagun horren heriotza azkarraren gaineko xehetasun eta gorabeherak azalduz eskaini zuen elkarrizketari. 2020ko udaberriaren hasiera hartan pertsona askok eta askok bizitakoaren adibide ezin argiagoa da Jesus Mari Pikabearen sendiak pairatutakoa.

Martxoaren 14an hasitako konfinamendu zorrotzak egoera gogorrak ekarri zituen. Aitaren heriotza bera gogorra izan bazen, familiaren samina gehiago handitu zuten azken agurrak eta agurtzeko moduak: beilatokiko bakardade hotzenean, inor alboan izan gabe, eta kutsatzeak geldiarazteko ezarritako murrizketak tarteko. Nekane Murga orduko Lakuako Gobernuko Osasun sailburuaren aginduz, hileta-osasunaren arloan salbuespenezko hainbat neurri ezarri ziren; horien artean zeuden gaubeilak debekatzea edota agurrerako ekitaldi zibil eta erlijiosoetan jende pilaketak saihestea.