Las autoridades de Hong Kong presentaron el pasado 8 de marzo el borrador de una nueva ley de seguridad nacional que ampliaría las características que componen el delito de sedición o la violación de secretos de Estado, para los que establece penas de prisión más duras, una medida que muchos consideran que busca acallar las voces disidentes.

Este proyecto legislativo propuesto en la región semiautónoma de China complementará la legislación de seguridad nacional impuesta en junio de 2020, en plena pandemia del coronavirus, por el Gobierno de Pekín en respuesta a las masivas manifestaciones que reclamaban democracia y la independencia de la excolonia británica en 2019.

El responsable de seguridad de Hong Kong Chris Tang, aseguró que esta nueva legislación responde a una «necesidad real y urgente» ante las graves amenazas a la seguridad nacional, refiriéndose en concreto a las protestas a favor de la independencia y prooccidentales. La Ley de Salvaguarda de la Seguridad Nacional, configurada en torno al artículo 23 de la Ley Básica autonómica, establece cinco nuevos delitos: traición, insurrección, espionaje, sabotaje a la seguridad nacional e interferencia extranjera. Y contempla hasta la cadena perpetua para estos delitos así como para la incitación al motín de las Fuerzas Armadas de China.

El proyecto también modifica una ley de sedición heredada de la época colonial británica para incluir los discursos de odio hacia el liderazgo comunista o el sistema «socialista con características chinas» del Estado.

Esta nueva normativa no se solapa con la ya existente, por lo que las autoridades locales han hecho hincapié en que las dos «deben ser compatibles y complementarse». El artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional ya existente obliga, de hecho, a Hong Kong a sacar adelante este texto. Tanto las autoridades hongkonesas como el Ejecutivo chino consideran que la legislación es «necesaria» para poner fin al «caos» en la región administrativa especial. El jefe de Gobierno de Hong Kong, John Lee, ha indicado que tiene la «responsabilidad de completar y sacar adelante la legislación lo antes posible».

Las autoridades aluden a un «deber constitucional» a la hora de ratificarla, pero activistas de la región semiautónoma temen un efecto negativo sobre los derechos y libertades de la población, que denuncian que ya venían restringiéndose.

El borrador del texto íntegro de la nueva legislación se publicó sólo ocho días después de que se cerrara el plazo de un mes de una consulta pública en la que, según aseguran las autoridades de Hong Kong, se recogieron más de 13.000 aportaciones. Algunas organizaciones en defensa de los derechos humanos denunciaron que sus contribuciones fueron directamente descartadas al ser consideradas por las autoridades prochinas como procedentes de organizaciones externas «antichinas» o «antigubernamentales», y acusaron a los legisladores de negar a las personas el derecho a expresar opiniones políticas diferentes y a ejercer los derechos humanos protegidos por las normas internacionales.

SILENCIAR LAS CRÍTICAS

La directora de Amnistía Internacional China, Sarah Brooks, denunció que con esta nueva legislación el Ejecutivo de Hong Kong «lleva la represión un paso más allá» y «da fe de la avidez del Gobierno por continuar desmantelando la protección de los derechos humanos y dar la espalda a sus obligaciones internacionales». «El propósito general de la legislación sobre el artículo 23 es evidente: silenciar toda crítica a las autoridades chinas y hongkonesas y a sus políticas, dentro de la ciudad y de manera global. Dado el alcance extraterritorial de esta legislación, ninguna persona estará a salvo de ser calificada de amenaza para la seguridad nacional», aseguró Brooks.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Popular Nacional en Pekín, Zhao Leji, anunció durante la reunión anual de la institución nuevas leyes destinadas a «salvaguardar firmemente» la soberanía de China, en consonancia con la determinación del presidente, Xi Jinping, de eliminar cualquier amenaza potencial. Entre esas medidas se incluirían la aprobación de una ley de educación para la defensa nacional y de otra de ciberseguridad para fortalecer aún más la posición de China en el ámbito nacional e internacional.