Agricultores y ganaderos vascos exigieron ayer al Gobierno español «mejorar y endurecer» la Ley de Cadena Alimentaria, e impulsar una Ley de Agricultura Familiar que «proteja el sistema productivo de las pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias».

EHNE-Gipuzkoa, EHNE-Nafarroa, ENBA-Bizkaia, ENBA-Gipuzkoa y UAGA aprovecharon la VIII Conferencia Mundial de Agricultura Familiar, que se celebra en el Palacio de Congresos Europa de Gasteiz, organizada por el Foro Rural Mundial, para llevar a cabo una nueva tractorada.

El sector trasladó una docena de reivindicaciones con el propósito de apoyar la agricultura familiar. En este sentido, demandó mejoras en la Ley de Cadena Alimentaria para que «recoja los costes de producción del conjunto de la cadena, ampliando el foco a la faceta transformadora-industrial y comercial-distribución».

Asimismo, solicitó aumentar el número de inspecciones sobre los contratos de compraventa, el cumplimiento de los plazos de pago en los productos frescos y «erradicar la práctica de aplicar descuentos injustificados y sin base objetiva, por parte de algunas cadenas de distribución a productores y pymes agroalimentarias».

También pidió preservar el patrimonio vitivinícola y promover el relevo generacional: «Solo así podremos asegurar la viabilidad económica y cultural de nuestro territorio, defendiendo el derecho de los trabajadores a vivir dignamente del fruto de su labor».

LEY DE AGRICULTURA FAMILIAR

Los sindicatos demandaron «impulsar una Ley de Agricultura Familiar, respetuosa con los diferentes territorios, que proteja el sistema productivo de las pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias», habituales en Euskal Herria.

«Una regulación que ampare el modelo de agricultura familiar que aúna la faceta productiva y económica con las facetas medioambientales y sociales, al estar diseminada por todo el territorio y ser una garantía para el mantenimiento del tejido rural de amplios territorios», señalaron.

A su vez exigieron no ubicar plantas de energías renovables en terrenos con categoría agroganadera de alto valor estratégico. «Se debe priorizar la ubicación de estas infraestructuras en suelos improductivos o cubiertas de edificios, de forma que la actividad que produce alimentos no se vea afectada. Pedimos protección de tierra agrícola», destacaron.

Reclamaron «la simplificación de toda la maraña normativa», dentro del ámbito de la sanidad y bienestar animal «que no hacen más que incrementar la carga burocrática a los productores, especialmente a la ganadería familiar».

Y abogaron por sacar al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), «a la luz de los nuevos datos recogidos en los últimos informes de población y en línea con la nueva estrategia impulsada por la Comisión Europea».