El Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia sirvió para que activistas y organizaciones sociales y sindicales hicieran públicos informes y análisis sobre la evolución de la sociedad vasca en relación con estas cuestiones. Desde su ámbito de actuación, cada una de ellas dejó constancia de que el racismo y la xenofobia siguen muy presentes en la sociedad y que las personas de otros orígenes sufren diariamente situaciones discriminatorias.

En primer lugar, conviene destacar que la principal preocupación de los activistas contra el racismo es que la violencia estructural está cada vez más institucionalizada. En el afianzamiento de esta tendencia desempeña un papel fundamental la denostada ley de extranjería, que recorta sistemáticamente los derechos de las personas migrantes y les coloca en una situación vulnerable, en un limbo a merced de agentes sin escrúpulos. En el ámbito laboral, esta discriminación se refleja en la precariedad que sufren aquellas personas que carecen de papeles, tratadas como mano de obra barata, lista para ser explotada. Los sindicatos denunciaron, asimismo, la desidia con que actúa la Inspección de Trabajo. En este sentido, subrayaron que el trato discriminatorio forma parte del funcionamiento habitual de la administración. Así lo refleja el informe que presentó SOS Arrazakeria de Nafarroa. Destaca que casi el 70% de las denuncias que recibió esta asociación tienen que ver con actuaciones de la administración, la mayoría relacionas con el acceso y la tramitación de ayudas sociales, aunque un nada despreciable 23% se refieren a actuaciones policiales: citas trampa, situaciones de violencia policial y controles de identidad por perfil étnico.

En segundo lugar, constataron que los discursos de odio y las actitudes racistas no disminuyen. Sin embargo, el activismo antirracista, más que en el grado de simpatía o tolerancia hacia los migrantes, quiso poner el acento en la violencia estructural que sufren las personas migradas a causa de un cuadro normativo que discrimina al denegar derechos a las personas migradas. Lo urgente es derogar la ley de extranjería para acabar con la discriminación institucionalizada.