El expresidente de EEUU Donald Trump se enfrentaba ayer a dos litigios judiciales en Nueva York, pero las decisiones adoptadas en ambos casos por los tribunales, aceptando en parte sus solicitudes, le dieron una cierta tranquilidad.

Por un lado, el juez Juan Merchan anunció que el 15 de abril empezará el juicio penal contra Trump por 34 delitos relacionados con los pagos irregulares el 2016 a la actriz porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, un juicio programado para ayer. Sus abogados pretendían un aplazamiento mayor.

Trump fue imputado por más de una treintena de cargos por el posible pago secreto de 130.000 dólares (más de 120.000 euros) a Clifford para que guardara silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial que mantuvieron en el pasado y que el magnate siempre ha negado. Los pagos en sí no gsuponen una ilegalidad, pero sí la forma en que los hizo, con la mediación de su entonces abogado Michale Cohen para ocultar los desembolsos a través de su conglomerado empresarial.

El expresidente volvió a repetir que sus juicios en Nueva York son una caza de brujas de los demócratas. «Es interferencia electoral y no se debería permitir que suceda», afirmó el candidato republicano, que será el primer exmandatario en la historia del país que afronta un juicio penal.

ACTIVOS INFLADOS

Además, un tribunal de apelaciones autorizó a Trump a pagar una fianza menor a la fijada en un caso de fraude empresarial. Ahora debe abonar una fianza de 175 millones de dólares (unos 161 millones de euros) en un plazo de diez días en lugar de los 464 millones, (unos 428 millones de euros) fijados por una sentencia en febrero, mientras se resuelve el recurso. Es un importante salvavidas para Trump, quien, junto a sus dos hijos adultos, fue multado después de que el juez Arthur Engoron les declarara culpables de inflar fraudulentamente el valor de sus activos.

Durante semanas, Trump ha tratado de evitar pagar este dinero que, según sus abogados, no había logrado reunir.

El fallo evita, por ahora, la posibilidad de que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, intente embargar la propiedad del expresidente para hacer cumplir la sentencia.