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BRUSELAS

La UE respira aliviada tras aprobar la Eurocámara la reforma migratoria

Los responsables de las instituciones europeas se mostraron aliviados ayer tras la aprobación por un estrecho margen en la Eurocámara del pacto de migración y asilo, un paquete legislativo acordado en diciembre después de casi diez años de duras negociaciones. Las ONG denuncian consecuencias devastadoras.

Refugiados y migrantes rescatados llegan a Paleochora, al suroeste de la isla de Creta, el 22 de noviembre de 2022.
Refugiados y migrantes rescatados llegan a Paleochora, al suroeste de la isla de Creta, el 22 de noviembre de 2022. (Costas METAXAKIS | AFP)

Los eurodiputados aprobaron ayer la amplia reforma de la controvertida política migratoria y de asilo europea, resultado de un difícil compromiso sobre una cuestión que ha alimentado tensiones y provocado divisiones entre los Veintisiete durante años, y que se podría resumir en un refuerzo de los controles en las fronteras exteriores del bloque comunitario y el establecimiento de un sistema de «solidaridad» entre los Estados miembros.

Durante el pleno brevemente interrumpido por activistas defensores de los derechos humanos, el Parlamento Europeo, reunido en Bruselas, aprobó los diez textos del Pacto sobre Migración y Asilo.

«Hemos escrito una página de la historia», se regocijó la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. «Hemos estado trabajando en esto durante más de diez años. Pero cumplimos nuestra palabra. Un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad. Este es el camino europeo», escribió en X al término de la sesión.

El canciller alemán, Olaf Scholz, consideró que es «un paso histórico indispensable» que «limita la migración irregular y alivia a los países particularmente afectados».

«Gracias por tener el coraje de llegar a un compromiso», saludó la comisaria europea de Asuntos Internos, Ylva Johansson, elogiando un «gran éxito», que no se daba por sentado. «Es hora de remediar nuestra fallida política migratoria» instó antes de la votación Johansson, que presentó esta propuesta en septiembre de 2020.

La reforma, que fue objeto de un acuerdo en diciembre, ahora tendrá que ser validada formalmente por los Estados miembros, probablemente a finales de mes, antes de las elecciones europeas de junio.

DIEZ NUEVOS PROYECTOS

Los eurodiputados votaron diez nuevos proyectos de ley que actualizan las normas de asilo y migración de la UE, inciden en la cooperación y en el concepto de «solidaridad obligatoria», pero flexible, para garantizar que todos contribuyan a aliviar la presión sobre el sur de Europa.

El nuevo marco se basa en la solidaridad, el reparto de responsabilidades y reglas actualizadas sobre criterios y mecanismos para determinar el Estado miembro responsable de examinar una solicitud de protección internacional. Los Estados miembros podrán elegir entre reubicar a los solicitantes de asilo en su territorio, realizar contribuciones -financieras o materiales- o proporcionar apoyo operativo y técnico a los socios bajo presión migratoria. Se trata de un intento de superar la oposición de Hungría y Polonia a cualquier cuota de refugiados, aunque estos dos países sigan siendo hostiles a la reforma.

La reforma introduce un «control» obligatorio de los migrantes que llegan a las fronteras de la UE, mediante su registro en la base de datos común Eurodac.

Se prevé un «procedimiento fronterizo» para los que estadísticamente tengan menos probabilidades de que se les conceda asilo: serán retenidos en centros mientras se examina su caso de forma acelerada, con el objetivo de devolver más rápidamente a los solicitantes de asilo rechazados.

Se llegó a un compromiso que no satisface plenamente a nadie, pero que ha generado un rechazo sorprendentemente coral en la sociedad. Para la ultraderecha y parte de la derecha es insuficiente y laxo. Para izquierda, los Verdes y las ONG, una barbaridad que convierte a Europa en una «fortaleza», en el peor de los sentidos, y vulnera los derechos humanos.

Unas 161 organizaciones, entre ellas HRW, AI, el Comité Internacional de Rescate y Oxfam, habían pedido su rechazo, preocupadas por la «detención de familias con niños» y la «criminalización» de los refugiados.