La violencia no cesa en Ecuador, pese a que el 8 de enero, el presidente, Daniel Noboa, declaró el estado de emergencia y, un día después, decretó «conflicto armado interno» desplegando al Ejército para controlar las cárceles y los territorios peligrosos. Este mismo domingo, el país volvió a ser noticia en todo el mundo tras la muerte en un restaurante de Landy Párraga, excandidata a Miss Ecuador y que, según un chat interceptado por la Fiscalía, estaba relacionada con el narcotraficante Leandro Norero, al que mataron en la cárcel .

En este clima de ataques armados atribuidos a grupos criminales que se disputan el tráfico de drogas, se celebró un referéndum en el que la población dio el visto bueno a nueve de las once preguntas. La mayoría de los votantes apostó por una ‘bukelización’ del país andino al votar sí a que haya patrullajes policiales y militares conjuntos para combatir la delincuencia sin necesidad de que se declare un estado de excepción. A partir de ahora, el Ejército podrá patrullar las calles por un periodo de 180 días más otros 30 prorrogables.

Asimismo, se aprobó que se pueda extraditar a criminales ecuatorianos requeridos por la justicia de otros países, así como el incremento de las penas en delitos graves. Noboa recibió así el respaldo de una población que ha visto cómo su país registró en 2023 la tasa más alta de muertes violentas de América Latina, con 46,5 homicidios por cada 100.000 habitantes.

De este modo, el mandatario convirtió la consulta popular en un plebiscito a sus políticas represivas que tuvieron su punto cúlmine el 5 de abril con el asalto policial a la Embajada de México para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas. Precisamente, este lunes Ecuador presentó una demanda en contra de México ante la Corte Internacional de Justicia por otorgar asilo político a Glas desde el 17 de diciembre de 2023.

ECUADOR CIERRA LA PUERTA A LOS CAMBIOS NEOLIBERALES.

El mandatario consiguió su principal objetivo de que le avalasen la militarización del país con la excusa de combatir al narcotráfico y la criminalidad, si bien la población le dio la espalda en dos de las once preguntas con las que se pretendía legalizar los contratos de trabajadores por horas y permitir el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales. Con estos resultados, Ecuador dejó claro que no quiere cambios neoliberales de su economía que suponga una precarización de las condiciones laborales, que solo beneficiaría a las empresas, ni perder su soberanía para favorecer a terceros países a la hora de hacer negocios.

La política derechista y conservadora de los postulados neoliberales no es nueva en Ecuador, dado que más de la mitad de la población (59%) ya votó en una consulta popular celebrada en agosto de 2023 a favor de detener la extracción petrolera en el Parque Nacional Yasuní, una de las áreas amazónicas de mayor biodiversidad del planeta.

Esta falta de apoyo a las políticas económicas del Gobierno representa un halo de esperanza para la principal fuerza de la oposición, Revolución Ciudadana (RC), del expresidente Rafael Correa (2007-2017), de cara a los comicios del próximo año.

Noboa ganó las elecciones de 2023 como el candidato de la conciliación nacional, por lo que una de sus primeras decisiones fue lograr un pacto con la oposición bajo la consigna de renunciar a las ideologías en favor de un programa de paz, dado que necesitaba los diputados de RC y el Partido Social Cristiano para sacar adelante sus iniciativas en la Asamblea Legislativa conformada por 139 escaños.

Sin embargo, tras la toma de la Embajada de México, el consenso se rompió, dado que el partido de Correa pasó a la oposición, lo que dificultará la agenda represiva de Noboa, quien se alinea con la ofensiva derechista que atraviesa el país desde el 2017.

Así, RC hizo campaña por el ‘No’ en el referéndum, aunque solo logró que la población votara en contra de la precarización laboral y la pérdida de derechos de los trabajadores.

Este rechazo a las políticas neoliberales vino impulsado por los jóvenes, así como por las organizaciones sindicales, la izquierda tradicional, el movimiento indígena, los colectivos ecologistas y los movimientos feministas.

Sin embargo, se mantienen en minoría a la hora de oponerse a la militarización, al incremento de condenas y a la restricción de derechos que defiende Noboa y que apoya una mayoría conservadora del país. De momento, este martes el presidente decretó un nuevo estado de excepción en cinco de las 24 provincias por la inseguridad pública que, según argumenta, prevalece en ellas, para lo cual desplegará a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.