La ONU ha instado al Gobierno español a que «tome las medidas necesarias» para preservar la memoria histórica frente a las leyes tramitadas por PP y Vox en Aragón, Comunitat Valenciana y Castilla y León, alegando que pueden «invisibilizar las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista».

Así lo han expresado tres relatores de Naciones Unidas en un informe en el que han dado respuesta a la denuncia presentada por el Gobierno contra las denominadas «leyes de concordia» que han sido tramitadas en tres de los territorios donde PP y Vox gobiernan en coalición tras derogar las leyes de memoria histórica autonómicas vigentes. El Ejecutivo de Pedro Sánchez elevó la cuestión a la ONU al considerar que estas normas son «contrarias» a los valores recogidos en la Ley de Memoria Democrática.

«Las llamadas leyes de ‘concordia’ aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León y Valencia podrían afectar a la obligación del Estado español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales o locales, en materia de derechos humanos, en particular la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos», señalan.

Después de analizar los proyectos impulsados por PP y Vox en dichas comunidades autónomas, los tres relatores han instado a Moncloa a que adopte «todas las medidas necesarias» para garantizar «el estricto respeto de los estándares internacionales de los Derechos Humanos en materia de preservación de la memoria histórica».

LEYES QUE INVISIBILIZAN

Según explican, estas leyes «ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica» y pueden «acarrear límites al acceso a la verdad» sobre el destino o paradero de «las víctimas de graves violaciones de derechos humanos» y también pueden «invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, u omiten nombrar o condenar dicho régimen».

También apuntan a la importancia de no discriminar entre tipos de víctimas a la hora de reconocer y dar justicia y reparación a las mismas, si bien señalan que las leyes de concordia podrían llevar a asimilar las violaciones cometidas durante la dictadura franquista y la guerra «a un grupo heterogéneo de crímenes o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España», quitándole así el reconocimiento a «las centenas de miles» de personas muertas en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante el régimen de Francisco Franco.

Por este motivo, han recordado que es deber de «todos los poderes del Estado», incluido el ejecutivo, legislativo y judicial, así como de «todas las entidades de Gobierno» a nivel estatal, regional o local, «cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos, comprendida la obligación de garantizar la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de derechos humanos».

Los firmantes son el Relator sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y no repetición, Fabian Salvioli; la presidenta del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Aua Baldé; y el Relator sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz.