No voy a tocar aquí la construcción y rehabilitación de viviendas porque soy lego en el tema. Ya hay buenos expertos en planificación urbanística a los que se suele ignorar cuando conviene.

Empecemos por el alquiler. La vivienda es un bien básico, por lo que su precio debe atender más a la sociedad que al mercado. Por tanto, la renta debe limitarse a un porcentaje sobre el valor fijado por Hacienda (el valor mínimo atribuible de Bizkaia o similar). Si las viviendas se alquilan menos de 3 meses al año (las «de veraneo»), habría coeficientes correctores para compensar su uso estacional. Naturalmente, se puede romper esa presunción y alquilarla por menos, pero probando que no se está ante un fraude o una donación encubierta.

Esos porcentajes los fijarían cada pocos años los gobiernos vasco y navarro. Con algo tan sencillo y que ya se aplica a otros bienes (transporte de cercanías, medicamentos…), los propietarios saben lo que esperan ganar y también se frenaría en seco la especulación en la compra de inmuebles, confiando su rentabilidad a subidas irreales de los alquileres. Este mecanismo de alquileres fijos cada año más gastos (IBI, comunidad…) es mucho más intuitivo y útil para reivindicar que los farragosos «topes al alquiler», «zonas tensionadas» y demás marujadas que les encanta discutir a sus señorías.

Y claro, ninguna persona jurídica debería poseer viviendas sin una justificación social. A esos efectos, crear un registro en el Gobierno Vasco y de Nafarroa para autorizar las excepciones, permanentes (hostelería, servicio para sus trabajadores…) o transitorias.

Porque, ¿qué sentido social (o económico) tiene que un político compre una casa a través de una empresa montada en Delaware u otra viva en un ático de una empresa domiciliada en el bufete de su abogado? ¿O comprar a través de sociedades interpuestas en regímenes fiscales opacos, a veces con dinero fraudulento o proveniente de actividades delictivas? ¿O que empresas de otros sectores «diversifiquen» para no perderse los pelotazos del mercado inmobiliario?

Sobre los pisos turísticos, y quitando a los que hay que aplicar la legislación de aparthoteles, ya se conocen sus efectos negativos: incentivan el turismo insostenible y gentrifican los barrios «típicos». Pero también dan una cercanía y un conocimiento mayor del lugar para los visitantes, unos beneficios que no acaban en cuentas de multinacionales y una mayor integración urbanística. De hecho, conozco bastante gente que combina las dos miradas, contrarios cuando se trata de su ciudad y usuarios cuando van a otra.

¿Se pueden combinar? Un posible paso podría ser limitar la autorización a un piso turístico por persona física mayor de edad y prohibirlos para las jurídicas. Y añadir el requisito medioambiental de cercanía, residiendo en un entorno razonable del piso.

Termino con dos medidas que aliviarían el problema de la vivienda y que el PNV y el PSOE llevan años retrasando. La primera es que las viviendas habituales tengan la mitad de IBI que las no habituales. Que eso se consiga con rebajas en las primeras o con recargos en las segundas es menos importante que generalizar la medida en los grandes municipios.

La segunda es implantar la tasa turística. Desde que se propuso van 14 años de retardismo y negacionismo, de estudios que no se hacen, de comisiones que no se reúnen o ni existen y de excusas sobre su «impacto» que verían desmentidas si se diesen una vuelta por Iparralde donde existe desde hace mucho tiempo. Los fondos generados por esa tasa podrían sufragar gastos producidos por turistas o ser destinados a compensar políticas de vivienda. Pero, claro, si quieren hacer de Euskadi un parque temático en el que son públicos los costes y privados los beneficios...