Al llegar ayer a Noumea para una visita improvisada tras una semana de «insurrección sin precedentes que nadie lo esperaba con este nivel de organización y violencia», el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que los aproximadamente 3.000 miembros de las fuerzas de seguridad desplegados con urgencia en Kanaky permanecerán «el tiempo que sea necesario, incluso durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos».

Si bien el Gobierno ha establecido el estado de emergencia en este territorio colonizado situado en las antípodas de la metropoli francesa, Macron se mostró bastante desfavorable a su prórroga más allá del próximo lunes, para lo que sería necesaria una ley. Según dijo, «el estado de emergencia sólo se levantará si se levantan los bloqueos, lo que, mientras hablo, todavía no es el caso».

SIN CONTRATO DE CONFIANZA

El presidente francés recordó haber propuesto el verano pasado en ese mismo territorio «dos caminos», el del «perdón» y el del «futuro», para pasar página sobre los Acuerdos de Noumea y los tres referéndums, aunque el resultado del último celebrado en 2020 es impugnado por los independentistas.

«Necesitamos ver cómo encontrar lo que yo llamaría un apaciguamiento constructivo, es decir redescubrir la calma, la capacidad de encontrar el diálogo, una solución», afirmó. Pero añadió que «el apaciguamiento no puede ser un regreso al pasado. No puede consistir en no respetar la voluntad popular. No puede consistir en negar de alguna manera un camino que ya se ha recorrido».

En ese sentido, su promesa estrella fue la de no aprobar por la fuerza, pasando el rodillo, el proyecto de reforma electoral que ha encendido los ánimos en Kanaky.

Todos los partidos independentistas kanakos acudieron a la reunión organizada por Macron para intentar renovar el diálogo. Sin embargo, la primera reunión celebrada ayer en Noumea fue boicoteada por el Senado Consuetudinario, institución consultiva cuya función es defender la identidad kanaky. Su presidente, Victor Gogny, quiso denunciar así que el Estado rompió «el contrato de confianza» con su proyecto de reforma electoral, rechazado de plano por los independentistas kanakos.

MIEDO A SER ULTRAMINORÍA

Cabe recordar que el proyecto de ley impulsado por Macron pretende extender la «ciudadanía local» de Kanaky -y el derecho a votar- a 25.000 personas más que han vivido allí durante más de diez años. Proporcionalmente, la cifra es considerable: representa entre casi el 20% del electorado. De facto, rompe el Acuerdo de Noumea de 1998 firmado por el entonces primer ministro, Lionel Jospin, que preveía la devolución de poderes, la definición de ciudadanía específica y la posibilidad de celebrar referéndums de autodeterminación. Y establecía que aquellos que posteriormente se establecieran en Kanaky nunca tuvieron -y nunca tendrían en el futuro- el derecho a votar.

Los independentistas luchan contra ello porque temen una pérdida de peso electoral para los kanakos y una erosión gradual de la población indígena. Para ellos, la inmigración y el derecho al voto otorgado a los inmigrantes es algo políticamente peligroso, incluso mortal. Tienen miedo de ser enterrados y convertirse en una ultraminoría.