Hace unos días, el 25 de abril, salió la noticia esperada, la empresa multinacional constructora con sede en Barcelona, COMSA, abandonaba el consorcio ganador JTrain de construcción y gestión de la Línea Azul de tranvía que atraviesa Jerusalén y conectará asentamientos al norte y sur de la ciudad ocupada.

La licitación ganada por COMSA, el 27 de septiembre de 2023, organizada por las autoridades de ocupación israelíes, se hizo dentro de un consorcio donde también participaban las empresas israelíes, la operadora de transporte, Dan, y la constructora, Denya Cebus. Esa opción ganadora se hizo en detrimento del consorcio CAF-Shapir que también concursaba a ese proyecto.

La Línea Azul de tren ligero será el tercer y más largo eje principal de la red, tras la ampliación de la Línea Roja y la construcción de la Línea Verde, ambas a cargo del consorcio CAF-Shapir.

El trazado de la Línea Azul se extiende a lo largo de 31 kilómetros que conectan el barrio de asentamientos de Ramot y los barrios de asentamientos de Ramat Eshkol en el norte, con el barrio de asentamientos de Gilo en el sur, pasando por el centro de la ciudad, con 53 estaciones −de las cuales 17 están situadas en los barrios de asentamientos de Ramat Eshkol, Ramot, Gilo y Givat Hamatos, que rodean la Jerusalén Este ocupada en 1967. La infraestructura incluirá un tramo subterráneo de 2,5 kilómetros que pasará por el centro de la ciudad en donde ha participado la empresa pública española INECO, que afirma que solo ha actuado en el lado occidental de Jerusalén.

Esa infraestructura y otras responden al objetivo de judaizar la ciudad de Jerusalén. Desplazar a los residentes palestinos. Dar cabida a más israelíes. Modificando y cambiando la urbanización y permisos de residencia (los palestinos jerosolimitanos son extranjeros en su propia tierra). Donde CAF, COMSA, GMV, TYPSA, OSSA y Edreams son empresas contratadas al servicio de esos planes.

Tras las conquistas israelíes de Jerusalén Oeste, en 1948, y Jerusalén Este, en 1967 (en ese momento tenía una extensión de 6,4 km2), en 1980, el Parlamento israelí amplió los términos municipales de Jerusalén, que en su parte este supone 71 km2 y 28 antiguos pueblos de Cisjordania, siempre con la premisa de un cambio demográfico donde se determinase que el resultado fuera que la mayoría de los jerosolimitanos fueran israelíes «judíos» y, complementariamente, anexó esos territorios como parte de Israel y declaró a esa Jerusalén ampliada capital de Israel.

Paulatinamente, con planes de urbanismo, trazado del Muro del Apartheid y las leyes de residencia se ha ido remodelando Jerusalén y sus alrededores, facilitando nuevos asentamientos y expulsando a palestinos residentes.

En estos últimos años, vemos que tanto en Ramat, como en Givat Hamatos, las expropiaciones y las nuevas construcciones son cuantiosas. La atención concentrada en Gaza y los indicios de genocidio que Israel comete desde el año pasado han invisibilizado la aceleración de esos planes de judaización de ese Gran Jerusalén, según los datos aportados por la organización israelí Peace Now.

Es en ese contexto cuando ahora COMSA se ha desligado y sí, perdiendo la obtención de unos beneficios, pero conservando su proyección internacional sin tener que desmentir sus declaraciones de comportamiento.

Por su parte, CAF, en el otro proyecto de participación público-privada (líneas roja y verde), sigue con su complicidad con la colonización, entregando vehículos, haciendo pruebas con ellos en tramos nuevos de Hadassah Ein Kerem por un lado y también en Noveh Ya’akov por el otro. Y siempre facilitando el traslado y ampliación de colonos y asentamientos, aspectos prohibidos por la Convención de Ginebra.

CAF está comprometida con la versión colonial y de ocupación israelí. Frente a llamamientos de observar las reglas y diligencia debida, como la efectuada desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (Sumar), se impone el miedo escénico del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (PSOE) que, en respuesta parlamentaria, no se le ha caído el sombrajo y dice sobre sus actividades en los asentamientos «que la decisión de las empresas españolas sobre la conveniencia o no de su participación en procedimientos de licitación internacionales en las que compiten junto con empresas de otros países corresponde a las propias empresas. El Ministerio no puede interferir en las decisiones adoptadas al respecto por las empresas»., obviando el hecho de que la potencia ocupante, Israel, no tiene soberanía en los Territorios Ocupados, menoscabando la soberanía a un Estado Palestino que dicen que quieren reconocer, y que las empresas, como las mencionadas anteriormente, vulneran el derecho internacional, y se lucran con la ocupación y colonización ilegal.

Frente a la postura de CAF y bufetes de «negocios responsables», que sigue coleccionando sellos de como ESG y Pacto Mundial para practicar el greenwashing, gracias a los vistos buenos de la CNMV o de auditores como Deloitte y E&Y, esa complicidad con los ocupantes es considerada ilegal por la Unión Europea que, en una reciente respuesta parlamentaria sobre los planes de colonización sionista en Gaza, la Comisión Europea recuerda «que los asentamientos, incluidos, entre otros, la construcción y ampliación de asentamientos, el traslado de colonos israelíes, la confiscación de tierras, la demolición de viviendas y el desplazamiento de civiles palestinos, violan el derecho internacional humanitario y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y constituyen un obstáculo para la paz».

La cuestión sigue siendo la misma, si es ilegal la colonización y la ocupación israelí y la contribución de CAF en las mismas, cómo el Estado no implementa sanciones a la empresa y a su consejo de administración y accionistas -incluyendo la administración vasca−. Lo que hace Israel, los indicios de genocidio, ¿hay voluntad de pararlo? ¿Hay voluntad de sancionar a las empresas delincuentes, como CAF? La Junta de accionistas de CAF del 15 de junio tiene la palabra. Los gobiernos vasco y español, también.