La idea de este artículo nació cuando el pasado 24 de noviembre se filtró que el lehendakari Urkullu no iba a ser candidato y, en consecuencia, constatar que se iba tras 12 años en el cargo sin tener un gesto significativo hacia las víctimas del Estado. Sin embargo, para que no fuese leído en clave electoral, he esperado a que el pasado domingo se cerrara el largo ciclo de elecciones.

Poco antes, el 31 de octubre, perdió su última oportunidad de hacerlo al no acudir al acto de reconocimiento institucional a 66 víctimas del Estado.

Esta ausencia se daba en la última fase de una legislatura en la que se dieron pasos significativos en esta cuestión: los reconocimientos del Gobierno Vasco a través de la Comisión de Valoración de la Ley 12/2016, una ley que, tras un tortuoso recorrido judicial, vio la luz en 2019. Y, por otro lado, el fin del negacionismo de la tortura.

La mencionada ley y el trabajo de las propias víctimas, acompañadas de entidades como el Foro Social Permanente, permitieron construir un extenso consenso ético y político sobre el derecho de todas las víctimas, incluidas las del Estado, a la verdad, la justicia y la reparación. Sin embargo, la ausencia de actos institucionales estaba generando un «techo de cristal», un reconocimiento solo teórico que tenía el riesgo de quedarse en algo vacío de contenido.

Todo el ecosistema favorable estaba en construcción, coadyuvando al mismo tanto actores como factores diversos. Sin embargo, pese a que las víctimas del Estado y la Fundación Egiari Zor se lo habían solicitado de manera expresa e insistente, decidió no acudir. Reparar un sufrimiento sin socializarlo lo invisibiliza, no existe y, por ello, se daba valor a la presencia del lehendakari.

Las palabras de la consejera Nerea Melgosa en el cálido acto fueron de gran calado −«No siempre hemos estado como sociedad dispuestos y dispuestas a escucharos. Tardamos en escuchar y actuar»− y muy apreciadas por las personas presentes. Todo ello acompañado del nuevo talante transmitido desde la Viceconsejería, que rompía con visiones conspirativas precedentes.

Estaba convencido de que una persona tan rigorista como el señor Urkullu no dejaría su cargo sin hacer un gesto significativo de acercamiento hacia las víctimas del Estado, como lo ha venido haciendo a lo largo de 12 años y en innumerables ocasiones hacia las víctimas de ETA.

Esta ausencia revictimizó a las víctimas del Estado. Profundizo en el tratamiento asimétrico que padecen y ahondó en algo que, estoy seguro, nadie deseaba: su discriminación y en el injusto sufrimiento acumulado.

Se unió a la polémica decisión de Lehendakaritza de retrasar este acto, previsto para el 26 de junio −Día Internacional de las Víctimas de la Tortura−, por la inesperada convocatoria de elecciones generales.

Hay que quitarse definitivamente las telarañas del pasado. Las de pensar que reconocer a las víctimas del Estado conforta un relato de parte ligado al conflicto político. Esto forma parte de un debate político que, como hemos visto en las últimas elecciones autonómicas, sigue abierto y está a años luz de los parámetros internacionales. El acompañamiento a todas las víctimas, sean cuales sean sus victimarios, debería ser una cuestión prepolítica y ética, y su única referencia deberían ser los derechos humanos.

Una teoría sobre su ausencia que escuché ese mismo día en el Kursaal es que, en ese acto, se reconocía a una víctima de la Ertzaintza y eso era incómodo.

El IVAC reconoce 336 casos de personas torturadas por este cuerpo policial. En la medida en que la Comisión avance en el análisis de los expedientes presentados, se irán reconociendo nuevos casos. La ausencia de un gesto de amparo a estas víctimas y de reconocimiento del daño causado por la cruel violencia perpetrada por funcionarios del Gobierno Vasco es retrasar lo inevitable, y no ayuda a superar la desconfianza que existe en numerosas víctimas del Estado hacia las instituciones. Una de las razones de que «solo» 710 personas presentaran sus casos.

Si alguien piensa que se puede construir una convivencia democrática ocultando una parte de la violencia sufrida, está cometiendo un grave error o está siendo mal aconsejado.

Existe una posición que ha resultado especialmente decepcionante.

Todo el mundo reconoce la aportación realizada por los cinco Artesanos de la Paz de Luhuso al proceso de construcción de paz.

Incluso la propia justicia francesa ha decidido recientemente una pena mínima sin cumplimiento para Txetx Etxeberri y Beatriz Molle, que se puede caracterizar como «justicia transicional».

Si en su momento se destacó la ausencia del Gobierno Vasco tras la muerte de Mixel Berhokoirigoin, el silencio del Gobierno Vasco en el reciente juicio ahonda en una estrategia negacionista del papel de la sociedad civil. Beatrice Molle y Txetx Etxeberri, y los ya fallecidos Mixel Berhokoirigoin, Mixel Bergougnan y Michel Tubiana deberían tener un reconocimiento institucional. Patatas calientes que, ahora, pasan al futuro lehendakari.

Quiero creer que el señor Pradales y todos los agentes políticos sabrán sacar conclusiones de los errores cometidos en esta cuestión.

Somos una sociedad en transición. Pese a que no nos vamos a poner de acuerdo en por qué ocurrió, sí debemos ser capaces de, aprendiendo de todo lo ocurrido, acordar un futuro compartido.

A partir de ahora, la XIII legislatura abre una nueva etapa en la que nada va a ser igual. Saber aprovecharla es responsabilidad de todas y todos.

El objetivo mayor es sentar las bases de una convivencia democrática que permita afrontar las diferencias, con el diálogo como único instrumento y asentada en el respeto de todos los derechos civiles y políticos de todas las personas.