La política migratoria del Gobierno italiano de extrema derecha ha generado consternación, especialmente con su propuesta de deportar inmigrantes a Albania. Esta medida, presentada como una solución para gestionar el flujo migratorio, no puede más que considerarse inhumana y paradójica. Además, se ha catalogado como una forma de neocolonialismo que viola el derecho internacional y representa un gasto económico desmesurado e innecesario.

Italia ha mantenido en los últimos años una influencia significativa sobre Albania, desde la deslocalización de empresas italianas hasta la promoción del turismo masivo. Esta dinámica se ha intensificado con la colaboración entre la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro albanés, Edi Rama. El Gobierno italiano ha propuesto trasladar a los inmigrantes que llegan a sus costas a centros de detención en Albania. Según el Ministerio del Interior italiano, el costo de alquilar un barco durante 90 días para transportar a los inmigrantes de Lampedusa al puerto albanés de Shëngjin alcanzaría los 13,5 millones de euros. Este gasto se suma a los 65 millones de euros previstos para la construcción de los centros de detención y a los 134 millones para su gestión durante cuatro años, todo ello gestionado, obviamente, por empresas privadas italianas.

La deportación colectiva de solicitantes de asilo es ilegal tanto en Italia como en Europa. La constitución italiana, en su artículo 10, establece que el extranjero que no puede ejercer efectivamente las libertades democráticas garantizadas en su país tiene derecho a asilo en Italia. Deportar a estas personas antes de que se resuelvan sus solicitudes de asilo es una violación flagrante de sus derechos. Además, esta propuesta trata a los inmigrantes como mercancías sin derechos humanos básicos. Mantener a los inmigrantes en centros de detención en Albania, bajo estricta vigilancia y en condiciones precarias, es una muestra de deshumanización y desprecio por la dignidad humana.

La operación de traslado de inmigrantes a Albania representa además, un costo exorbitante para los contribuyentes italianos. Los gastos incluyen la construcción de los centros de detención, el alquiler de barcos, los traslados para audiencias y el personal italiano en Albania. En total, se estima que el costo anual de esta operación será de aproximadamente 94,2 millones de euros entre 2025 y 2028. Este desembolso es aún más absurdo si se considera que, al final del periodo de detención en Albania, los inmigrantes serán devueltos a Italia para presentar sus solicitudes de asilo o ser repatriados. Esto significa que mantenerlos 28 días en Albania no solo es costoso, sino completamente innecesario, ya que el proceso de asilo se resolverá finalmente en Italia.

La propuesta de deportar inmigrantes a Albania es inhumana, viola el derecho internacional, es una manifestación del neocolonialismo italiano y representa un gasto económico irracional. En lugar de abordar de manera efectiva y humana la cuestión migratoria, esta medida parece ser una estrategia para desviar la atención y ganar apoyo de cara a las pasadas elecciones europeas. Es esencial reconsiderar estas políticas y buscar soluciones que respeten los derechos humanos y sean económicamente sostenibles.