El Tribunal de Cuentas español ha acordado plantear ocho cuestiones prejudiciales a la Justicia europea sobre la Ley de Amnistía, en el marco del procedimiento abierto sobre el presunto desvío de fondos públicos para el procés ante la posibilidad de que colisione con los intereses financieros de la Unión Europea. El tribunal sostiene, ade- más, que si ya estuviese en vigor la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra la corrup- ción, no habría sido posible aprobar la ley, que salió adelante el 30 de mayo con mayoría absoluta en el Congreso.

Si la semana pasada el Tribunal Supremo decidió llevar la ley al Constitucional, convencido de que vulnera preceptos constitucionales como el de la igualdad ante la ley o la seguridad jurídica, ayer fue el órgano contable quien acordó consultar la norma por primera vez al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La consejera encargada del procedimiento que afecta a los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y a una treintena de ex altos cargos indica en su auto, difundido por la agencia Efe, que es «muy difícil conciliar» la Ley Orgánica de Amnistía con la «prevención de la impunidad del fraude y la corrupción» que persigue el derecho europeo. Incide, asi- mismo, en que diversos preceptos podrían dar lugar, «precisamente, a la impunidad de las responsabilidades contables que, en su caso, se pudieran declarar por los hechos enjuiciados» en esta causa, que ahora queda en suspenso tras esta decisión.

RECHAZO DE LA FISCALÍA

La Fiscalía se opuso a elevar esta cuestión a Europa a la vez que evitó pronunciarse acerca de si los ex altos cargos implicados deben ser amnistiados, al ceñirse únicamente a la cuestión que le reclamó la consejera: si debía plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE.

El procedimiento se dirige contra 33 altos cargos del Govern por su responsabilidad contable en el presunto desvío de fondos públicos para sufragar el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la promoción exterior del procés. La Fiscalía cuantificó ese supuesto desvío en 3,4 millones de euros, y Sociedad Civil Catalana lo elevó a 5 millones.