Cada dos años la mayoría del profesorado que nos dedicamos a la educación en Navarra nos encontramos por desgracia ante un proceso de concurso-oposición costoso, estresante, subjetivo, injusto, incoherente, incomprensible y, a menudo humillante.

Costoso, porque los interinos e interinas que optamos por prepararnos las oposiciones renunciamos a muchos momentos de nuestra vida social y familiar para compaginar trabajo, estudio y vida personal.

Resulta un proceso estresante, porque, aunque se nos guarda la nota por tres convocatorias, en cada una de las convocatorias se crea una nueva lista de contratados y contratadas. Teniendo en cuenta las listas de contratación están vinculadas a las oposiciones, nos vemos en la obligación de volver a estudiar una y otra vez para mantenernos en una buena posición en dicha lista. Además, en vista de las pocas plazas que ofrecen por convocatoria, la nota de corte para lograr una plaza, cada vez resulta más alta.

El sistema de corrección es muy subjetivo y deja mucho que desear. Los tribunales tienen que crear su propio temario antes de la corrección, cuando todos y todas deberíamos tener una misma base para poder estudiar y después corregir.

Es verdad que se facilitan criterios generales de corrección para todos los tribunales, pero no se hace pública una rúbrica de evaluación y cada tribunal concreta su propia plantilla de evaluación, lo que hace que los tribunales corrijan los exámenes de manera muy desequilibrada. Por poner un ejemplo, en esta convocatoria de 2024, en la especialidad de Educación Infantil Euskera, en el caso práctico, el tribunal nº 3 ha calificado con 40 ceros en un grupo de 77 aspirantes, y el tribunal nº 2 en cambio, con 7 ceros en un grupo de 75 aspirantes. ¡Si esto se considera algo objetivo y justo que nos lo expliquen!

Además, resulta injusto que, pidiendo una revisión de examen se limiten exclusivamente a comprobar si el cómputo general de los criterios de evaluación es correcto. Nadie relee nuestro examen ni lo contrasta con otros tribunales.

Tampoco tiene sentido que la parte de examen oral no sea grabada. No tiene sentido ni para el tribunal, ni para el opositor u opositora. Al tribunal le genera mucho estrés y presión tener que atender a una rúbrica en el mismo momento de la exposición oral pensando que no va a poder volver a escuchar ningún apartado de la exposición, ¿y en caso de tener alguna duda? ¿Cómo la resuelven? Se puede decir que, si el tribunal no se ha percatado de algún aspecto en el momento de la exposición, las palabras del expositor o expositora se las lleva el viento. De esta forma ¿de qué sirve la reclamación de la exposición oral? ¿Tiene algún sentido reclamar algo que no se ha grabado y no se puede volver a escuchar o cerciorar?

Asimismo, es injusto que a los aspirantes que se expresan mejor de manera oral, no se les dé la oportunidad de realizar la parte más práctica de la oposición, ya que nos encontramos ante un proceso eliminatorio que solo favorece a los que superan la parte escrita. Además, resulta agotador llevar a cabo 2 exámenes teóricos tan seguidos un mismo día. Si todas las personas tuviéramos la oportunidad de poder realizar la parte oral sin tener superada la primera parte escrita, o incluso si los exámenes teóricos se realizaran en días diferentes, las notas finales podrían dar un gran vuelco, y algunos de los que no pasan la primera fase podrían obtener una plaza fija.

Resulta incoherente que se nos realice un estilo de examen totalmente alejado y contradictorio con la práctica educativa que se nos exige aplicar en el día a día en las aulas. Es decir, las metodologías activas, el diseño universal de aprendizaje o la evaluación formativa, entre otras, brillan por su ausencia en este sistema de concurso oposición. ¿Pero no debemos predicar todos con el ejemplo?

Además, es incomprensible que no se tenga en cuenta la ortografía en un examen escrito; ya que, si algo debe dominar un maestro, es este aspecto.

Es humillante que buenos profesionales que llevan años trabajando en el ámbito de la educación, se encuentren calificados con notas ridículas como un cero o 4,999 en un examen teórico. Seguro que si las personas que están en el tribunal tuvieran mejores condiciones de trabajo (liberadas de su trabajo docente, más tiempo de corrección, opción de releerse y contrastar los exámenes con otros tribunales, formación previa respecto al proceso de evaluación, un temario preestablecido, etc.) no se darían injusticias de este tipo en las calificaciones.

Miembros de tribunales se encuentran de forma obligada con una jornada laboral de 12 horas diarias corrigiendo exámenes bajo presión, después de un largo año escolar que arrastra mucho cansancio. ¿Realmente alguien cree que se puede corregir con ganas y objetividad exámenes en estas condiciones? En todo caso, esta realidad, todavía los aleja más de unas valoraciones objetivas.

Al fin y al cabo, nos encontramos ante un sistema de examen eliminatorio, subjetivo, injusto y teórico que no demuestra realmente si una persona vale o no vale para ejercer esta profesión. Seguramente la capacidad profesional se muestra de forma más transparente mediante una actividad práctica, y en todo caso, una exposición oral. Por el contrario, este sistema le da mayor valor y prioridad a un examen teórico que ni siquiera sigue un temario predeterminado. ¿Tiene algún sentido?

¡No nos damos cuenta! Pero, de esta forma, solamente estamos desanimando, humillando y dejando escapar a grandes profesionales. Profesionales que después de una valoración incapacitante y humillante, el día 1 de septiembre vuelven al aula para llevar a cabo un trabajo de tanta exigencia.

Aunque el Ministerio y Departamento de Educación pongan la mejor de sus intenciones en sacar plazas y ampliar la educación pública, no son conscientes de que la mayoría del profesorado nos encontramos cada dos años inmersos en una situación injusta que nos genera ansiedad, estrés, rabia y nerviosismo; la cual, salpica y perjudica directamente al alumnado. ¿Es realmente esto lo que queremos para el futuro de estos niños y niñas?