Los violentos disturbios y los ataques protagonizados por ultraderechistas británicos contra personas migrantes, y en particular contra la comunidad musulmana, al hilo de la muerte de tres niñas en un centro recreativo de Southport a manos de un joven -que ni era migrante ni musulmán- el 30 de julio, han avivado un debate que no es nuevo, como es el de la implementación de una política represiva mucho más dura ante este tipo de fenómenos y contra quienes los alientan. Se ha hablado en concreto del uso de la legislación «antiterrorista» frente a estos grupúsculos, una medida que, pese a su excepcionalidad, no es acogida con malos ojos por ciertos sectores progresistas.

Sin embargo, como han recordado estos días algunas voces de izquierda, como el escritor Owen Jones, por muy sugerente que sea en este contexto y con esos destinatarios, el del punitivismo es un marco intelectual y de actuación de derechas, y comprarle el marco a la derecha es siempre mal negocio para la izquierda.

STARMER: «TODO EL PESO DE LA LEY»

De momento, en el ámbito institucional más elevado, el recién llegado primer ministro laborista, Keir Starmer, ha mantenido la dureza de su discurso al abrigo de cualquier sugerencia en esa dirección, y el pasado día 8, durante la reunión del comité de emergencia activado para evaluar los acontecimientos, se limitó a advertir de que «cualquiera que se involucre en los disturbios, sea cual sea el motivo que alegue, sentirá todo el peso de la ley». Lo que no es poco, conociendo la legislación penal británica, pero sin ir más allá.

Por contra, en unas declaraciones en la BBC, el exjefe del «área antiterrorista» de la Policía Metropolitana de Londres, Neil Basu, sostuvo que parte de lo vivido en los primeros días de agosto en Gran Bretaña -especialmente en Inglaterra- «cruzó la línea del terrorismo».

Basu, que formó parte de la cúpula policial metropolitana hasta hace tres años, expresó su deseo de que «mis sucesores lo estén analizando muy de cerca», e insistió en que «hemos visto graves actos de violencia diseñados para causar terror a un sector de nuestra comunidad». Lo que no deja de ser cierto, pues ese era el objetivo de los fascistas, pero otra cosa es si eso debería motivar la activación de una legislación excepcional y tan poco garantista con los derechos más básicos.

A este respecto, ante algunas informaciones que sugerían que el Ministerio del Interior británico se estaría planteando dejar fuera de la ley a la organización ultraderechista English Defence League (EDL) en respuesta a los violentos disturbios, Owen Jones destacaba recientemente que ese grupo no existe como tal desde hace tiempo, y por tanto esa medida «no tendría ningún impacto» en las actuaciones de la extrema derecha. Y recordaba, a modo de ejemplo aleccionador, que la Ley de Orden Público aprobada en 1936 pretendía, en teoría, ir contra la emergente organización paramilitar fascista Blackshirts, pero fue posteriormente utilizada contra la izquierda de forma recurrente.

En un hilo publicado en la red X, el conocido activista de izquierdas expone que «si apoyas que el Estado utilice su poder para prohibir grupos por ‘extremismo’, contribuyes a sentar precedentes», y añade, siguiendo con otro tema de actualidad, que «no me extrañaría que este Gobierno introdujera algún día una legislación que reprimiera a los manifestantes contra el genocidio de Israel, por no hablar de un futuro Ejecutivo conservador». Porque una vez legitimada un arma legal tan extrema, fijar el objetivo contra quien usarla es solo cuestión de relato. Y la derecha ha dejado claro una y mil veces su habilidad en esta materia.

«El fascismo es un problema político. Hay que derrotarlo políticamente, no recurriendo a la maquinaria del Estado», concluye Jones, quien insiste en que «las prohibiciones no derrotarán a la extrema derecha, y sí contribuirán a crear mártires y a alimentar el conspiracionismo que sustenta» a ese espacio social y político.

EL PRECEDENTE DE LA VIOLENCIA MACHISTA

No es la primera vez que este debate está sobre la mesa. Ya ha sido expuesto anteriormente, por ejemplo, al abordar las posibles respuestas a la violencia machista, un problema estructural respecto al que las leyes han mostrado durante años una inaceptable laxitud. Y en oposición a esta débil respuesta, propia de una Justicia igualmente machista, hay quien ha defendido la aplicación de leyes «antiterroristas», sobre todo ante ataques físicos y sexuales de gravedad.

De hecho, según informaba hace un año “The Guardian”, la Policía Metropolitana de Londres ya había «empezado a utilizar tácticas antiterroristas para perseguir a los peores delincuentes machistas». En la información se indicaba que el cuerpo policial metropolitano «utilizará el enfoque de la delincuencia organizada o el terrorismo a la violencia depredadora masculina». «Si vamos a por ellos de forma proactiva, construimos un caso en su contra, los sacamos de las calles, eso protegerá a las mujeres y los niños en Londres», apuntaba el responsable del mayor cuerpo policial británico, Mark Rowley.

No concretaba, sin embargo, en qué se iba a sustanciar esa actuación «proactiva» ni ese enfoque «antiterrorista», y hasta qué punto podrían dejar de garantizarse los derechos civiles. Una zona gris donde los cuerpos policiales se manejan a gusto y que cualquier persona progresista y de izquierda debería contemplar con recelo.

Ocurre, además, que esas declaraciones llegaban precedidas de fuertes críticas a la Policía Metropolitana por su inacción ante los casos de violencia machista y después de que uno de sus agentes fuera acusado de matar a una mujer. En las palabras de Rowley se apreciaba más la escenificación de un cambio de actitud con un mensaje de mano dura que una sincera preocupación por el bienestar y los derechos de las mujeres. Y no parecen muy diferentes algunas de las declaraciones realizadas estos días después de que la extrema derecha, tantas veces impune, haya exhibido su carácter con crudeza.

Sobre este mismo asunto, en el programa Woman’s Hour de la BBC el experto en prevención de la violencia Graham Goulden llamaba la atención sobre la importancia de acotar los posibles objetivos de una respuesta represiva a través de la prevención, dialogando con las mujeres y hombres jóvenes susceptibles de ser alguna vez víctimas y victimarios de esa violencia. «Si todo lo que vamos a hacer es responder después del incidente, entonces es demasiado tarde; ya tenemos una víctima, un delincuente y todo lo que eso conlleva», zanjaba. También ahora se echa en falta una labor de prevención, tanto a la hora de atajar los mensajes de odio y las mentiras que han atizado las brasas como a la de educar a la población para hacerla impermeable a ellas.

PROPUESTAS DE ILEGALIZACIÓN EN EL ESTADO ESPAÑOL

También en el Estado español ha habido estos días peticiones de ilegalización dirigidas a grupos de extrema derecha. Al hilo del acuerdo entre Desokupa y el sindicato policial SUP para instruir a treinta mil agentes, Sumar ha planteado la ilegalización de ese grupo para evitar «la infiltración ultraderechista en el Estado» y al amparo del artículo 22 de la Constitución española, según el cual «las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales». En Euskal Herria sabemos, sin embargo, que cuando los tribunales españoles han conjugado el verbo ilegalizar siempre han apuntado a este país, y hay ciertas puertas que una vez abiertas son difíciles de cerrar...

El punitivismo es atractivo para quien se siente huérfano de justicia, pero siempre esconde un monstruo. Es un arma de doble filo con copyright. Por contra, las masivas movilizaciones que han seguido a las algaradas, la respuesta popular, muchas veces contundente, que han recibido los ultras en diferentes pueblos y barrios, la unidad por encima de colores, orígenes y edades que han exhibido las personas que se han plantado frente a los racistas, son el mejor antídoto contra el fascismo.

Y la ley, claro, pero sin caer en la normalización y asunción de medidas excepcionales, del derecho penal del enemigo. Con que policías y jueces aplicaran las leyes que ya existen con igual determinación que a otros colectivos sería suficiente. Pero todavía está por ver que lo hagan, a ese y a este lado del Canal de la Mancha.