El Marañón es un río inmenso que, cuando confluye con el Ucayali, provoca el nacimiento del río Amazonas. Sería un espacio idílico, en el corazón de la Amazonía peruana, si no fuera por la contaminación: los ríos amazónicos se ven afectados por la minería ilegal, la deforestación, los derrames de crudo, el tránsito de barcos y las aguas residuales que se vierten sin tratamiento alguno. Imprudencias que, combinadas, impactan de manera negativa en la salud de las comunidades nativas. Para revertir esta situación, el pueblo kukama, que habita en la ribera del río Marañón y cuya cosmovisión tiene como eje central el río, ha iniciado varios litigios contra el Estado y las empresas extractivas.

Juan Carlos Ruiz, abogado del IDL, es su representante en dos casos de referencia. El primero, contra el Estado y la empresa Petroperú, por el derrame de crudo de 2014 en Cuninico en el que la Justicia, en una sentencia histórica, obligó a Petroperú a indemnizar a los afectados. El segundo caso legal engloba la defensa de los derechos de la naturaleza, además de los derechos a la vida o a tener un medioambiente saludable de las personas. Entre otras reclamaciones, un grupo de mujeres de la Federación Huynakana Kamatahuara Kana pide que se dé mantenimiento integral al oleoducto Norperuano y que todo proyecto en el río Marañón cuente con el beneplácito de la comunidad kukama, que defendería sus derechos. En una entrevista con GARA, Ruiz desgrana estos dos procesos legales.

Desde 2008, los derechos de la naturaleza viven un florecimiento. ¿Cuáles son los derechos de un río?

El derecho a un caudal mínimo. En Perú hay muchos proyectos de trasvase de agua, pero hay un caudal por debajo del cual el río se muere, se seca. El derecho a los afluentes, a no ser contaminado, a reparar lo que sea afectado. Hay una serie de derechos que lo que intentan es preservarlo. Lastimosamente, los ríos son las principales víctimas del modelo económico y extractivo de Perú. Por ejemplo, no hay ni una ciudad en la Amazonía que tenga plantas de tratamiento de aguas servidas; es decir, en todas las ciudades de la Amazonía las excretas, la orina y la caca son vertidas a los ríos. Entonces, hay tres fuentes de contaminación: restos fecales, que son las excretas, hidrocarburos, que son consecuencia de los derrames de petróleo, y metales pesados, que son fruto de la minería ilegal. En 2017 investigaron 52 o 54 comunidades en el Marañón y encontraron que 49 tenían restos fecales, hidrocarburos y metales pesados. Y, si te vas a la zona andina, es igual. En este país no se cuidan los ríos.

Intentan declarar el río Marañón como sujeto de derechos. ¿Podría resumir la demanda?

Primero, por otros caminos se intentó lograr el reconocimiento del río como sujeto de derechos. Hubo un proyecto de ley en el Congreso. A mí me pidieron que sustentara su constitucionalidad. Logramos un dictamen favorable de la comisión de pueblos indígenas del Congreso, pero luego ni siquiera fue agendado. Entonces, cuando la opción legislativa, digamos, fracasó, las mujeres kukama, cansadas de ver los derrames sistemáticos en sus ríos, decidieron tomar la vía legal. Esto no fue posible hasta que la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) dictó la famosa sentencia de las comunidades indígenas de la asociación Lhaka Honhat contra Argentina, en 2020, donde sostuvo que hay que proteger la naturaleza, no porque sea útil, que es el enfoque antropogénico, sino porque en sí misma tiene un valor intrínseco, que es el fundamento del enfoque biocéntrico o ecocéntrico. Como los fallos de la CIDH son vinculantes en Perú y los jueces peruanos tienen que interpretar sus veredictos en conformidad a ella, tuvimos por primera vez una cobertura normativa. Fue el punto de apoyo para que las mujeres kukama presentaran la demanda para reconocer el río como sujeto de derechos. En realidad, ellas llevaban pidiendo esto desde el proyecto Hidrovía, pero con este fallo existe una base legal que antes no había.

Reclaman que el pueblo kukama tenga capacidad decisoria sobre cualquier proyecto que se haga en el río Marañón.

Primero, piden que le den mantenimiento integral, y no parcial, al oleoducto Norperuano. Segundo, piden que se cumpla la ley de recursos hídricos, que establece que donde hay un río tiene que haber un comité de gestión de cuenca con participación de la sociedad civil, pero donde hay minería y petróleo, por el lobby, nunca lo hay. Tercero, piden que se actualice el instrumento de gestión ambiental del oleoducto: el actual es de 2005 y, según la ley, tiene que actualizarse cada cinco años. También piden que se reconozcan los derechos de los ríos y a las mujeres kukama como sus defensoras y guardianas: serían una especie de representantes del río, y cada decisión que el Estado tome y pueda afectar al río tendría que consultarse con ellas; de alguna manera, el río no quedaría indefenso y habría gente que hablaría en su nombre. El tema de fondo es la protección de los ríos, porque hay una situación de indefensión. Por ejemplo, planean hacer 24 presas en el río Marañón y, si pones un muro, sabemos que no pasan los sedimentos que dan de comer a los peces y fertilizan las orillas. ¿Qué van a hacer los peces que desovan en las nacientes? No van a poder ir. En realidad, este modelo de sociedad amenaza y destruye los ríos.

Teniendo en cuenta que la Justicia es corrupta y que el modelo extractivista es la principal fuente de ingresos de Perú, tanto de la oligarquía como de los trabajadores informales, ¿cree posible que la Justicia acepte declarar un río como sujeto de derechos?

Perú es uno de los países cuyo sistema de justicia ha tenido ciertos niveles de independencia. Mucha gente vinculada a la mafia está intentando tomar el sistema de justicia, y ahora hay una batalla feroz, pero hasta ahora, se puede ganar un proceso si lo litigas bien. Hemos metido preso a Alberto Fujimori, Alan García iba a ir preso si no se suicida, Alejandro Toledo regresó y está preso.

Pero hablamos de un sector clave.

Empresas muy grandes tienen una capacidad de presión muy grande, pero hemos ganado casos como el de Punchana, el caso William Navarro, en el que el Tribunal Constitucional peruano reconoció que no se pueden excluir los enfoques ecocéntricos que consideran a un río como sujeto de derechos. No es algo aislado, y los pueblos indígenas están batallando para defender sus ríos.

Han pasado diez años desde el derrame de petróleo en la ciudad ribereña de Cuninico y Petroperú no ha pagado las compensaciones. ¿Cuál es la situación del caso y qué obligaciones no ha cumplido Petroperú?

Cuando ocurrió el derrame, Petroperú dijo que los indígenas habían roto el tubo, pero se logró demostrar que había sido por falta de mantenimiento. Ha sido la primera vez que lo reconoce el Estado. Se ordenó una remediación, no se hizo bien, y le pusieron una multa a Petroperú. Luego viene el tema de reparación, que falta por cumplirse. Hemos hecho una valorización que entregamos al juez y pronto se ordenará la audiencia en la que Petroperú tendrá que explicar por qué no lo ha hecho. La segunda batalla ganada fue la de la salud: se ordenó al Estado que diseñara e implementara una política pública de atención a cuatro comunidades afectadas por el derrame a un costo cercano a los cinco millones de soles. Se está cumpliendo con demoras, dificultades, pero se está cumpliendo. Luego hay una demanda para que pongan agua potable en las comunidades, porque hemos llegado a la conclusión de que nada de lo que hagamos tiene sentido si siguen expuestos a la fuente de contaminación, que según nuestra hipótesis es el agua.

Han demandado a Petroperú por falta de mantenimiento en el oleoducto. Veinte derrames en los últimos tres años. ¿Es correcta esta cifra?

Hay muchos derrames de petróleo. Algunos corresponden a la falta de mantenimiento, pero otros son atentados. Las ciudades de la Amazonía no son grandes, son comunidades dispersas de 600 personas, y los servicios de agua, salud o educación son muy pobres. En este contexto, tienes a un lado a un Estado, que no le ha dado mantenimiento al oleoducto y, en el otro, a personas muy pobres de cuya necesidad se aprovechan las empresas de remediación (tratamiento para recuperar la calidad del subsuelo contaminado), que instigan el atentando. Les dicen: ‘rompe el tubo y te doy trabajo’. Hay una extorsión de la pobreza.

Por falta de oportunidades, hay personas que quieren a las empresas extractivas en la Amazonía.

Veo a las mujeres molestas: son ellas las que salen a buscar agua y alimento. Los hombres están calladitos, esperan trabajar en la remediación porque regresan a casa con dinero. Además, algunos dirigentes han encontrado la manera de vivir a costa del Estado. Por ejemplo, en un caso se juntaban un empresario, un líder y un chiquillo que rompía el tubo, hasta que la Fiscalía encontró a una mafia que buscaba sacarle dinero a Petroperú.

Puede que reparar el oleoducto no sea rentable. ¿Han planteado una opción intermedia que contente a los extractivistas?

Lo que es objetivo es que no hay petróleo: las reservas se están agotando. Hay petróleo más al norte, en Colombia, Ecuador, Venezuela. En Perú, perforan y perforan y encuentran petróleo de muy mala calidad o directamente no lo encuentran. Iquitos [una de las principales urbes de la Amazonía peruana] es una ciudad en proceso de deterioro: vive en función del petróleo, que antes chorreaba para todos, porque sacaban 150.000 barriles diarios, pero ahora solo hay unos 40.000. En los años 70 todo el mundo se beneficiaba, pero ahora las personas manejan un mototaxi porque es lo único que les queda.