Con diez años de retraso, el ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha admitido lo que organizaciones vascas como Sare han denunciado reiteradamente: que la introducción del doble cómputo en 2014 contradecía el criterio europeo. El PP, por su parte, empeora su crisis al intentar de manera desesperada y sin éxito convencer al Gobierno español a que retire el texto.