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PARÍS

Sarkozy denuncia un caso «político» al final del juicio por la trama libia

Nicolás Sarkozy criticó ayer, en el último día del juicio por presunta financiación libia de la campaña que lo llevó al Elíseo en 2007, «el contexto mediático y político» que ha rodeado el proceso, que calificó también de «detestable». El fallo se conocerá el 25 de septiembre.

Sarkozy saluda a un policía a su llegada al tribunal.
Sarkozy saluda a un policía a su llegada al tribunal. (Elsa RANCEL | AFP)

El expresidente francés Nicolás Sarkozy volvió a defender su inocencia y a criticar una «acusación política», pero también un «contexto detestable», en su última declaración en el juicio por presunta financiación libia de su campaña presidencial de 2007, que ha durado tres meses y cuyo veredicto se dará a conocer el 25 de septiembre.

Sarkozy está acusado de corrupción pasiva, financiación ilegal de campaña y asociación criminal. Siempre ha negado haber recibido dinero del líder libio Muamar Gaddafi a cambio de lavar su imagen internacional, una acusación basada en los testimonios de algunos dignatarios del antiguo régimen de Trípoli, así como el resto de los cargos.

«No voy a decir nada ante este tribunal que pueda alimentar esta polémica. No estoy aquí para hacer política, solo quiero que se esclarezca la verdad y que se restablezca mi honestidad», aseguró Sarkozy antes de que el juicio quedara visto para sentencia.

Como hace dos semanas, cuando la Fiscalía pidió para él siete años de cárcel, Sarkozy se mostró de nuevo visiblemente molesto con la acusación, que consideró «política y violenta». Fue una acusación directa a la Fiscalía, que se produce en el contexto de las críticas de Le Pen, que también considera «política» su condena a cinco años de inhabilitación inmediata por desvío de fondos del Parlamento Europeo.

Los abogados de Sarkozy trataron ayer de desmontar la acusación de la Fiscalía, que le considera el cerebro de un «pacto de corrupción» que «ordenó» para recibir fondos libios destinados a su campaña. La acusación le ha llevado a pedir una condena tan alta que pondría tras los barrotes al expresidente, de 70 años, que ya cumple una pena en arresto domiciliario y con brazalete electrónico tras haber sido condenado en firme por otro caso de corrupción y tráfico de influencias.

En el segundo semestre de este año tendrá lugar el juicio en apelación por la financiación ilegal de su campaña de 2012, por la que fue condenado en primera instancia a seis meses de arresto domiciliario. Además, está procesado por haber tratado de influir -en el caso de la trama libia- en el testimonio del intermediario Ziad Takieddine, lo que puede llevarle de nuevo al banquillo.