El «caso CAN» se cerró antes de tiempo y habrá que reabrirlo para que lleguen todas las pruebas que no se han practicado. Así lo ha decidido la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que reprende al juez instructor, Eloy Velasco, por no haber indagado lo suficiente las denuncias de Kontuz y UPyD. El auto tiene fecha del martes, es decir, el día después de que Yolanda Barcina anunciara por sorpresa que no se presentaría a la reelección.

La sentencia lo reabre prácticamente todo, tal y como se lo ha pedido la Fiscalía y UPyD. Kontuz, por su parte, no había presentado un recurso, ya que prefería que la parte no archivada continuara investigándose en Nafarroa. Tras la resolución de la Sala de lo Penal, el caso continuará en Madrid, de nuevo bajo la dirección de Velasco.

La Sala entiende que falta muchísima documentación, de infinidad de asuntos relacionados con la desaparición de la entidad, desde las valoraciones que expliquen la pérdida global de millones de euros (más de mil) hasta los detalles de las operaciones sospechosas de favoritismos o, simplemente, fiascos rotundos.

En este sentido echa en falta documentación sobre todos lo puntos que denunció en su día Kontuz sobre presuntos fraudes en operaciones concretas con personajes como Antonio Catalán (recientemente identificado por Forbes como el navarro más rico) o el oscuro Ricardo Martí Fluxá (exjefe de Protocolo de la Casa Real, uno de los negociadores del Estado con ETA en Zurich y relacionado con la industria armamentística).

En el caso de Catalán, se trata de un pelotazo en el barrio de la Manjoya (Oviedo) para construir 3.000 viviendas de VPO por la que ahora reclama Hacienda 40 millones de euros y la CAN (ahora Caixabank) podría tener que responder. En cuanto a Martí Fluxá (que fue quien organizó el entramado de dietas) las inversiones cuestionadas son, fundamentalmente, Marco Polo, Ikusi y, en último término, Oesia y «Diario de Navarra».

La operación de Oesia constituye, según alertaron desde el Banco de España, un intento para camuflar pérdidas. La CAN tenía una empresa que solo le generaba pérdidas (Guascor) y Cajasol otra en parecidas circunstancias (Oesia). En un periodo de meses, las dos cajas se compran las respectivas empresas por un precio desmesurado. Eso les permitió que figuraran beneficios por la venta de la empresa, pero la contraprestación fue pagar de más por otra compañía casi quebrada. Este escándalo necesitó de la ayuda de un tasador, que fue Arcano, una firma vinculada a Martí Fluxá y de la que es ejecutivo Igancio Sarría, hijo de José Antonio Sarría, presidente de los empresarios navarros y miembro de la Comisión de Control de Caja Navarra, organismo que estuvo presidido por Yolanda Barcina hasta la creación de la Junta de Entidades Fundadoras, en la que la presidenta se dedicó a cobrar dietas dobles y triples.

Asimismo, a Martí Fluxá se le vincula con el «Diario de Navarra», debido a que es asesor del grupo La Información, propietario del rotativo. En este sentido, el asunto a investigar es la concesión de un crédito de 16,25 millones de euros que no se recogió en los informes corporativos que la caja estaba obligada a mandar a la CNMV. Este crédito se empleó en una operación de compra de alto riesgo de acciones de Vocento, que acabaron por desplomarse y perder prácticamente todo su valor.

Y no solo faltan esas pruebas, el auto recoge las peticiones que ha realizado Fiscalía para seguir investigando: las operaciones vinculadas con sociedades de Enrique Goñi, las prejubilaciones y su impacto en el deterioro de la entidad, la apertura de 146 oficinas, inversiones inmobiliarias, la inversión en Auna y el desestimiento de las acciones, créditos a consejeros y sus familias, el dictamen pericial de los motivos del fracaso de CAN en los test de estrés, operaciones de saneamiento de activos así como «datos e informaciones que hubiesen permitido conocer en qué condiciones económicas, financieras y contables llegó la entidad Caja Navarra a la fusión en Banca Cívica». Y, además de todo eso, habrá que analizar también la salida a bolsa.

Un juicio al régimen

Por la implicación de las élites navarras en el caso (a figuras como la de Sarría, hay que sumar a José Antonio Asiáin, que es el exvicepresidente de Urralburu presuntamente chantajeado por Santiago Cervera y que, además, fue uno de los ponentes de la Junta Arbitral que intentó paralizar la sanción por el IVA de VW) el «caso CAN» puede derivar en una auténtico procesamiento al régimen. Cabe recordar que la investigación inicial emprendida por la juez María Paz Benito acabó por salpicar a Yolanda Barcina y al alcalde de Iruñea. Aunque, finalmente, todo quedó archivado por el Tribunal Supremo, que entendió que esas percepciones no pueden considerarse como dádivas a políticos, sino que eran retribuciones por ejercer su labor de ejecutivos bancarios.

Aun con todo, lo que desmonta el auto es el mantra lanzado por el Gobierno navarro en el que se sostenía que el escándalo CAN estaba ya enterrado. Habrá que ver hasta dónde llegará Velasco tras este importante tirón de orejas y, también, hasta qué punto es sincera la Fiscalía en su intención de investigar los distintos escándalos, dado que quizá solo pretenda evitar que el caso llegue, de nuevo, a manos de la juez Benito.

A la coincidencia de que haya habido una separación de prácticamente unas horas entre el anuncio de Barcina de que se echaba atrás en su decisión de encabezar la lista de UPN, se suman otras. Aunque el consejero portavoz respondió textualmente a GARA que «ni sabía ni le importaba» dónde estaba Barcina el pasado fin de semana, lo cierto es que la presidenta se encontraba en Madrid, tal y como relató este periódico. Y también resulta bastante llamativo que entre los tres magistrados que firman el auto el martes en Madrid se encuentre Guillermo Ruiz Polanco, que ejerció largo tiempo en Nafarroa.