El desarme es una fase imprescindible en los procesos de resolución de conflictos armados y como tal figura en la agenda vasca desde el inicio. La práctica -los casos de éxito- ha ido conformando en el ámbito internacional una teoría y una forma de hacer de la que se da cuenta en todo tipo de estudios y de la que han hablado expertos en debates realizados aquí, como los del Foro Social. Repasar estos parámetros globalmente asumidos como válidos resulta conveniente en un momento en que Lakua ha reabierto la discusión, con una intempestiva contrapropuesta al trabajo que van haciendo, contra el viento y la marea del rechazo de Madrid y París, ETA y la CIV mediante el sellado e inventariado de armas y explosivos.

¿Desarme o DDR?

Casi como cuestión previa, aflora ya una diferencia sustancial. Mientras tanto Madrid como Lakua presentan el desarme de ETA como iniciativa particular, separada del resto y con carácter prioritario e imperativo, en el ámbito internacional de la resolución predomina otro concepto: el de DDR, iniciales de Desarme, Desmovilización (de combatientes) y Reinserción-Reintegración. Se trata de una definición apoyada por la ONU y desarrollada en programas concretos.

DDR consiste, explican los investigadores de la Escola de Cultura de Pau de Barcelona Albert Caramés y Eneko Sanz, en un mismo «proceso por el que un número determinado de combatientes, sea de forma individual o colectiva y pertenezcan a fuerzas armadas o grupos armados de oposición, se desarman, desmilitarizan y reintegran, bien a la vida civil o a las fuerzas armadas o de seguridad de su país». Frente a ello, los modelos del Gobierno Rajoy y el Ejecutivo Urkullu emplazan solo a una parte y circunscriben todo solamente a una D, la primera. Como mucho, el primero apunta que el desarme y disolución darían paso al fin de la dispersión, y el segundo cree que «crearía condiciones favorables para un cambio en la política penitenciaria».

¿Sin los estados?

Todos los expertos internacionales coinciden en citar la unilateralidad (el impulso exclusivo de la izquierda abertzale) como la característica fundamental del proceso vasco. Indican que en muchas décadas atrás no hay precedentes de casos en que una organización armada quisiera desarmarse y el Estado al que se ha enfrentado intentara impedírselo. En las sesiones del Foro Social de 2013, el finlandés Aaro Suonio, facilitador en el desarme irlandés, sostenía que «no creo que exista un gobierno al que no le pueda interesar que no existan armas ilegales en su sociedad». Así que en los procesos de éxito los gobiernos siempre terminan colaborando, aunque solo sea para evitar el riesgo de que esas armas y explosivos «acaben en manos de criminales», prosigue Suonio. Sin embargo, a día de hoy en el caso de ETA tanto Madrid como París siguen atrincherados.

El caso de este último merece un apunte extra. Si bien lo habitual en las autoridades francesas consiste en secundar la posición de las españolas dado que la cuestión vasca le afecta en menor intensidad, parece evidente que en el caso de las armas de ETA sea el primer afectado por encima de Madrid, puesto que gran parte se encuentra en su territorio. En su último acto público en Euskal Herria, el facilitador sudafricano Brian Currin remarcó lo inverosímil de la situación creada por esta obstrucción: «¿Se imaginan ustedes a Kofi Annan [ex secretario general de la ONU y cabeza visible del grupo de Aiete] entrando en secreto en Francia para ver armas e inutilizarlas, sin colaboración alguna? Eso no puede ocurrir». Para Currin, «sería irresponsable» prolongar una situación en la que no existe «un marco legal» para facilitar el desarme. Y por propia lógica, entiende, igual que Suonio, que «el desarme ocurrirá, quizás cuando el momento esté maduro».

¿Sin confianza?

Otro principio reconocido unánimemente como básico es que el desarme requiere confianza previa entre las partes enfrentadas. Para Véronique Dudouet, directora de programas de la Fundación Berghof, la cuestión de la entrega o inutilización de armas debe abordarse voluntariamente, evitando «exigencias prematuras»; también hay que eludir el riesgo de desórdenes derivados de un «desmantelamiento a lo bruto»: y conviene preservar la cohesión organizativa, en este caso de ETA, para «evitar situaciones de nervios y caos». Cuando intervino en las jornadas del Foro Social de 2013, Dudouet saludó expresamente que «ETA tenga una estructura de liderazgo, porque ayuda al desarme».

En su trabajo ``La segunda oleada del desarme'', el director de la Escola de Pau y Premio Nacional de Derechos Humanos 1988 Vicenç Fisas detalla algunas medidas convenientes para crear confianza. Vienen a ser lo más remoto imaginable a la actitud actual de Madrid o al planteamiento de Lakua. Plantea por ejemplo «el intercambio de información militar sobre fuerzas nacionales y arsenales», la implantación de «los llamados `centros de reducción de riesgo'», así como «los llamados acuerdos de `teléfono rojo' que permiten a las partes comunicarse en tiempos de crisis». Con todo ello, explica, «se ayuda a las partes a dar por sentado que ciertos preparativos militares inofensivos no son el preludio de ninguna agresión».

¿Qué, cómo, cuánto?

Vicenç Fisas, ahora centrado en el proceso de resolución en Colombia, ha investigado igualmente cómo se materializan estos desarmes. Detalla por ejemplo que «normalmente se recogen armas ligeras y munición, así como explosivos y minas, y en pocas ocasiones hay entrega de armas pesadas (como en Afganistán)». Cuando existen garantías jurídicas para ello, lo habitual es que «los combatientes se acantonen o concentren en lugares especificados para hacer entrega de sus armas, ser identificados, recibir un certificado de desmovilización y ser registrados para entrar en las fases posteriores». Otras veces se opta por materializar este desarme en lugares variados, «manteniendo cierto respeto a las estructuras existentes (frentes, por ejemplo)».

En febrero pasado, una de las críticas hechas al acto de inicio de sellado e inventariado de armas y explosivos entre ETA y la CIV aludía al número, argumentando que era muy escaso. «Uno de los aspectos más controvertidos del DDR es la cantidad de armas entregadas por los combatientes», señala Fisas, que añade que resulta habitual que una cierta cantidad de armas no se entregue por estar oculta, en desuso o en muy mal estado. Cita que El Salvador, Afganistán o Nicaragua (con la «Contra»), el porcentaje entregado fue superior a la media, e inferior por contra en Nepal, Nigeria, Liberia e Indonesia. «Las desmovilizaciones de los últimos años presentan unos índices de entregas de armas inferiores a las de los años 90», concluye el experto. Para evitarlo parece imprescindible un inventariado previo exhaustivo, que es lo que están haciendo ETA y la CIV según sus comunicaciones.

¿Sin la ONU?

La hoja de ruta fijada en Aiete fue rechazada por Madrid desde el primer momento y, pese a la presencia allí del lehendakari, con el tiempo también Lakua ha ido marcando distancias y quitándole valor (como detalle, Urkullu plantó a Jonathan Powell y Martin McGuinness en su visita del pasado julio). Aiete tenía como máxima referencia a Kofi Annan, ex secretario general de la ONU. Y el dato no es baladí, porque Naciones Unidas juega un papel fundamental en los procesos de desarme a lo largo del planeta.

La ONU cuenta con una Oficina de Asuntos de Desarme desde 1998, aunque venía respaldando este tipo de labores de modo continuado ya desde 1982. Según explica en su página web, la Oficina no solo trabaja en cuestión de desarme o no-proliferación nuclear, armas químicas y biológicas, sino también en «iniciativas de desarme en el ámbito de las armas convencionales, en especial de las minas terrestres y las armas pequeñas, que son el tipo de armas preferidas en los conflictos contemporáneos».

Sigue explicando que «promueve medidas de desarme, a través del diálogo, la transparencia y el fomento de la confianza en cuestiones militares, además de alentar las iniciativas regionales de desarme; dichas iniciativas incluyen el Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas y los foros regionales. También suministra información sobre las iniciativas de desarme de las Naciones Unidas. La Oficina fomenta además la elaboración y aplicación de medidas concretas de desarme tras un conflicto, como el desarme y la desmovilización de los excombatientes y el apoyo a su reintegración en la sociedad civil». Con estos criterios, ha intervenido en un numerosos procesos de resolución en África, Asia y América.

¿Qué pasó en Irlanda?

Conviene repasar, por último, un ejemplo concreto, el más similar al vasco por sus coordenadas políticas y geográficas. El desarme en Irlanda fue largo y complejo, pero finalmente exitoso, apoyado en la colabo- ración internacional pero con implicación de los gobiernos, casi secreta. Aaro Suonio, que fue protagonista directo, revela ahora que «funcionarios de los gobiernos de Londres y Dublin también trabajaron sin cesar, aunque apenas se haya hablado de ellos».

Los primeros pasos hacia el desarme del IRA y otras organizaciones se dieron en 1997, antes incluso del Acuerdo de Viernes Santo, y no culminó hasta 2010, cuando se dio por extinguida la legislación creada al efecto. El IRA había completado el desmantelamiento de su arsenal en 2005.

No hubo una sola imagen de todo ello, al contrario de lo que ha ocurrido con ETA, en que el inicio del sellado y verificado (fase preliminar todavía) ya fue acompañado de una prueba que Madrid despreció e incluso trató de ridiculizar. Ni llegó a existir un listado del armamento entregado por el IRA y por organizaciones paramilitares como UVF, UDA... indefinición que aprovechó Ian Paisley, el ya fallecido «Reverendo No», para sembrar dudas durante varios años más.

La implicación internacional, denostada por Madrid y ahora cuestionada por Lakua, resultó básica. Con el impulso de fondo de Bill Clinton, a la cabeza de la comisión se situó el general canadiense John de Chastelain. Junto a él, el brigadier finlandés Tauro Nieminen y el embajador estadounidense Donald C. Johnson, al que luego suplió su compatriota Andrew Sens. Un grupo con menos curriculum y experiencia que la CIV, pero al que se dejó trabajar y lo hizo de modo muy eficaz. Lo cuenta Gerry Adams en sus memorias: «Me impresionaron la rapidez y la urgencia con que abordaron la tarea. Se trataba de personas muy ocupadas llegadas de diversas partes del mundo y en cuatro días frenéticos recibieron a más representantes políticos y admitieron más informes que el Gobierno británico en los dieciséis meses anteriores».