La portavoz foral de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, apuntaba anteayer que resulta «difícil de entender» la composición de ciertos consejos de administración sin ubicarlos en el «pacto de Estado que ha funcionado durante 30 años» para «pagar servicios prestados» al que hizo referencia el expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, al hilo del «caso Cabieces». Ugarte no dio más datos, pero GARA ha podido constatar que se refería a la empresa de ingeniería Eptisa-Cinsa, investigada por falsificar presuntamente mediciones en la AP1. Una operación que la Diputación de Bildu cree que ha provocado daños a las arcas públicas de al menos 3,4 millones de euros y que es investigada en el Juzgado de Azpeitia.

Ugarte apuntó hacia PNV y PSE, las dos formaciones que precisamente anteayer se oponían a facilitar una comisión de investigación sobre este caso en las Juntas de Gipuzkoa. Efectivamente, desde marzo de 2008 el presidente del Consejo de Administración de esa empresa es Josu Bergara Etxebarria, el que fuera diputado general de Bizkaia por el PNV entre 1995 y 2003 y consejero de Transportes y Obras Públicas en el Gobierno de José Antonio Ardanza.

También figura en este órgano, en calidad de consejero, Iñaki Dubreuil Churruca (PSE), víctima de un atentado de ETA en 2001, ocurrido en las inmediaciones de la empresa Elektra, en el barrio donostiarra de Martutene y que provocó la muerte de dos trabajadores. Dubreuil resultó herido.

Mario Fernández hablaba en su nota del pasado viernes de un sistema generalizado destinado a «posibilitar alguna salida laboral» a personas que «han estado en la primera línea de la lucha antiterrorista», supuesto que aplicó a Cabieces y que resulta aún más evidente en el caso de Dubrueil por su condición de víctima de ETA.

Se da la circunstancia añadida de que Dubreuil, que repite como candidato a la Alcaldía de Ordizia para las próximas municipales, entró a formar parte del consejo el mismo día en que el jeltzale Joseba Andoni Leizaola -presidente del Parlamento de Gasteiz entre 1990 y 1998- se dio de baja de ese cargo. Fue el 24 de enero de 2011. Una sustitución que alimenta la tesis de Ugarte sobre la existencia de «tejemanejes» entre PNV y PSE.

A mediados de marzo

La querella por estos hechos, interpuesta al descubrirse que un movimiento de tierra del tamaño del estadio de Anoeta no se efectuó en realidad, sigue su curso y a mediados de marzo está previsto que declaren los tres primeros imputados: Agustín Zugasti, ex director técnico de Bidegi; Iván Fernández de Landa, responsable de la UTE Laurena, encargada de las obras; y Juan Bautista March Fabregues, directivo desde 2008 de Eptisa-Cinsa. Son quienes firmaron la liquidación de los trabajos aparentemente no realizados, lo que ocurrió, por cierto, en vísperas del relevo entre PNV y Bildu en la Diputación de Gipuzkoa.

Las mediciones de la ingeniería son claves para determinar los pagos públicos. «La Administración jamás debe pagar en función de lo que pida la UTE, sino en función de lo que mida la ingeniería. Y estas han sido falsificadas para pagar de más. Ahí está el delito», avanzó Ugarte anteayer.

La portavoz foral confirmó que las investigaciones pueden ampliarse porque Bidegi pagó 20 millones de euros de más de lo que solicitó la UTE, si bien hay que determinar si fue o no por trabajos ejecutados.