Han pasado ya 30 años desde el pacto escolar que trajo la Ley de la Escuela Pública Vasca. Desde entonces, la estructura social de nuestro pueblo ha cambiado en muchos aspectos. Al menos, todos los agentes políticos y sociales estamos de acuerdo en esta cuestión: esta ley está agotada. Asimismo, todos los agentes coincidimos en que ha llegado el momento de cambiarla. Por eso, el pasado miércoles se creó en el Parlamento Vasco la ponencia para definir las bases sobre el futuro sistema educativo vasco. Nuestra voluntad de acuerdo en una materia tan importante es total, sin embargo, nos preocupa el concepto de educación pública que han venido manejando los dos partidos con mayor representación en el Parlamento Vasco durante las últimas semanas.

Me gustaría retrotraerme a la revolución neoliberal de los 80 del siglo pasado que se basó en la desregularización de las finanzas, la flexibilización del mercado laboral, la privatización de empresas públicas y el arrinconamiento de los sindicatos, para recordar que hay otro elemento fundamental que a menudo pasamos por alto cuando analizamos este fenómeno: la «modernización conservadora» que implementó Margaret Thatcher en la educación.

Dos fueron los ejes del modelo educativo thatcherista: por un lado, el conocimiento puramente instrumental para fines económicos en lugar de la calidad de la enseñanza; por otro, la falaz libertad de elección para las clases acomodadas en vez de igualdad de oportunidades y cohesión social. Este modelo tiene un trasfondo ideológico muy dañino para las sociedades democráticas y es que establece dos clases de ciudadanía: la que puede acceder a los servicios pagando y la que no. Lo que deriva en una concepción subsidiaria de los servicios públicos, infrafinanciados y concebidos únicamente como un recurso para la población excluida.

Porque cuando hablamos de la importancia de lo público, evidentemente, no estamos hablando solo de educación sino de cómo concebimos la sociedad. Por eso nosotras apostamos por avanzar hacia la publificación del modelo educativo. Como también apostamos por lo público en la salud, en las pensiones, en el modelo residencial, en el transporte, en los servicios culturales, deportivos, etc. Es por una cuestión de coherencia política, al encontrarnos en la izquierda del tablero político vasco. No podría ser de otra manera: público, gratuito, universal y de calidad.

Algo que nos ha enseñado esta pandemia es que cuando todo lo sólido se desvanece en el aire, lo público sigue ahí. Lo público es la fuerza de lo común, por eso debemos protegerlo y reforzarlo. Cualquier disposición que avance hacia su desmantelamiento hace a nuestra sociedad más vulnerable, más desigual, más segregadora, más insolidaria. Por eso, ante un escenario de descenso demográfico irremediable, deberemos decidir cuál será la manera de enfrentar la falta de niños y niñas en las aulas. ¿Seguiremos financiando con fondos públicos la escuela privada o, por el contrario, reforzaremos la presencia de la pública en el sistema educativo? Nosotras lo tenemos muy claro. La escuela pública es la mejor herramienta para formar una ciudadanía crítica; es la que garantiza los valores de la inclusión, la diversidad, la laicidad, de la igualdad y, por supuesto, el mejor método para garantizar la euskaldunización de niños y niñas.

EL decreto 293/87 que aprueba el Reglamento de Conciertos Educativos establece claramente en su artículo quinto que la red privada de centros, sostenida con fondos públicos mediante un régimen de conciertos, «complementa» la escuela pública vasca. ¿Alguien del Departamento de Educación podría explicar qué definición de «complementariedad» permite que prácticamente la mitad de la educación en Euskadi sea concertada? El nuevo pacto educativo no puede servir para blindar esta anomalía en el contexto de la UE. Y no estamos hablando únicamente del servicio que ofrecen sino también de su titularidad.

Los niveles alarmantes de segregación que padece la escuela vasca no tienen una única causa, es indispensable analizar junto con todos los agentes educativos las razones para abordarlo de manera eficaz. Y para que la nueva ley incluya una solución a este problema, antes que el propio pacto educativo debemos alcanzar un gran pacto por la inclusión. Los datos que evidencian la segregación del alumnado por origen y por renta nos generan una tremenda indignación. No hay derecho. La educación es el cimiento para construir una sociedad más justa, es urgente corregir las desigualdades que se dan en su seno.

En definitiva, nuestro espacio político apostará por el avance hacia la publificación, consciente de que este es un proceso muy largo que exige trabajo, diálogo y acuerdo. Hay muchas cuestiones más sobre la mesa: la euskaldunización, la segregación, las cuotas «voluntarias», los mecanismos para la matriculación, la baja natalidad, la digitalización, los comedores… Quienes apuesten por una escuela inclusiva nos encontrarán remando a su lado. El 6 de noviembre la plataforma Euskal Eskola Publikoaz Harro, ha convocado una manifestación por una escuela pública y euskaldun. Empecemos a remar reivindicando lo que es justo. Nosotras estaremos allí.