Cada año, familiares de los muertos por disparos de los soldados británicas el 30 de enero de 1972 en Derry durante una marcha a favor de los derechos civiles, rememoran el recorrido realizado aquel fatídico día, reafirmando con cada paso y cada nuevo aniversario su compromiso con la incansable búsqueda de justicia, pese a que consideran improbable que el Estado británico permita la apertura de procesos contra los responsables de aquella brutal represión.

Los familiares son conscientes de que el mayor obstáculo a sus aspiraciones es el plan de amnistía del Ejecutivo conservador de Boris Johnson, cuyo objetivo es impedir acciones judiciales contra las fuerzas de seguridad británicas implicadas en violaciones de derechos humanos durante el conflicto en Irlanda.

«Con el proyecto de ley de amnistía que el Gobierno conservador quiere aprobar, las posibilidades de que la gente consiga justicia en los próximos años son cada vez más escasas», subrayó Tony Doherty, cuyo padre, Patrick, activista por los derechos civiles, fue una de las víctimas. «La verdad y la justicia siguen pendientes», añade.

Hace hoy cincuenta años, la Asociación por los derechos civiles en el norte de Irlanda (Nicra) organizó una marcha pacífica en Derry que fue prohibida por el Gobierno unionista de Stormont. Las demandas eran básicas: los nacionalistas católicos querían paridad en derechos y servicios en cuanto a la comunidad protestante.

La respuesta británica y unionista fue la represión. Cinco meses antes, como reacción a los crecientes enfrentamientos y protestas, el Gobierno de Edward Heath dio luz ver al internamiento sin juicio, por lo que cientos de personas, muchas de ellas totalmente inocentes, fueron arrestadas por ser «sospechosas de terrorismo».

Para cuando el regimiento paracaidista llegó a Derry, ya había participado, seis meses antes, en el tiroteo de diez civiles desarmados en Ballymurphy, una zona católica del oeste de Belfast, y en la brutal represión de una protesta por los derechos civiles en Magilligan Strand, una playa cercana a Derry, el fin de semana anterior. Lo que no esperaban los 15.000 vecinos de la ciudad que participaron en la manifestación era la intervención militar que cubrió el barrio católico del Bogside de sangre y luto.

Criminalización de las víctimas

Trece personas, seis hombres y siete adolescentes murieron aquel día bajo las balas del Ejército británico, que dejaron quince heridos, uno de los cuales falleció cuatro meses después. En poco más de diez minutos dispararon más de 100 balas. Las imágenes sobrecogieron al mundo. En Dublín, una protesta multitudinaria por lo ocurrido finalizó con el asalto e incendio de la Embajada británica. Pero en Londres, la maquinaria política ya se había puesto en marcha para crear y difundir su propia versión de los hechos criminalizando a las víctimas.

El encubrimiento comenzó esa misma noche. El teniente coronel Derek Wilford, oficial al mando, dijo a ITV News que sus hombres habían respondido a los disparos de los manifestantes. Un comunicado del Ejército afirmaba que se habían enfrentado a un ataque con bombas caseras y a una «ráfaga de 50 a 80 disparos». Reginald Maudling, secretario de Interior, declaró al día siguiente ante los Comunes que «el Ejército devolvió el fuego dirigido en su contra con disparos certeros y causaron bajas en aquellos que los atacaban con armas de fuego y bombas».

Una investigación dirigida por el entonces presidente del Tribunal Supremo, Lord Widgery, fue calificada como un lavado de cara tras exculpar en gran medida a los soldados, apuntando que sus acciones habían sido en defensa propia y que todas las víctimas y heridos habían abierto fuego contra los soldados. Antes de comenzar su investigación, Widgery había sido informado por Heath de que «en Irlanda del Norte estamos librando no sólo una guerra militar, sino una guerra de propaganda». Widgery ignoró el testimonio de los testigos presenciales y las pruebas documentales. «Exoneró a los paracaidistas y condenó a los inocentes y a sus familias», denunció el hermano de uno de los fallecidos. Durante 26 años, las víctimas de la masacre se vieron impotentes a la hora de alterar esa perversa narrativa oficial. Sólo cuando Tony Blair ordenó una nueva investigación a cargo de Mark Saville como parte del proceso de paz en 1998, tuvieron ocasión de limpiar los nombres de sus familiares.

En 2010, tras una investigación de 12 años que costó 200 millones de libras, lord Saville de Newdigate culpó de la masacre a «una grave y generalizada pérdida de disciplina de fuego» por parte de los miembros del 1º Batallón del Regimiento de Paracaidistas, que posteriormente mintieron sobre su conducta. En contra de la narrativa oficial británica, ninguna de las víctimas «representaba una amenaza para la seguridad». Saville concluyó que se les disparó por la espalda mientras huían, intentaban ayudar a los heridos o yacían heridos en el suelo. David Cameron, entonces primer ministro británico, declaró en la Cámara de los Comunes que lo ocurrido aquel día de 1972 fue «injustificado e injustificable». Pidió disculpas en nombre del Gobierno y del país, y dijo que «lo que ocurrió nunca debió haber ocurrido».

Los ciudadanos de Derry celebraron la exoneración de las víctimas, que ellos siempre habían sabido inocentes. Sin embargo, las conclusiones de Saville dieron pie a nuevas preguntas sobre la responsabilidad última de lo ocurrido en Derry y su encubrimiento, y sirvieron de acicate a su sed de justicia. Las preguntas siguen sin respuesta y la sed no ha sido saciada.

Si bien es cierto que el Servicio de Policía de Irlanda del Norte inició una investigación criminal sobre las acciones de los soldados, esta se percibe como insatisfactoria, sobre todo porque la Fiscalía decidió imputar a tan solo uno de ellos y siempre bajo la protección del anonimato. Ninguno de los mandos militares se ha visto amenazado por la apertura de un proceso judicial.

Para empeorar las cosas, el año pasado se anunció que el proceso contra este soldado, denominado «soldado F», por las muertes de Jim Wray y William McKinney no seguiría adelante debido a otra sentencia judicial sobre la admisibilidad de las pruebas históricas y los testimonios de los testigos.

Varias familias de las víctimas del Domingo Sangriento están impugnando legalmente las decisiones de la Fiscalía de no procesar a los veteranos por las muertes provocadas aquel día. Todavía no se han dictado sentencias sobre estas impugnaciones. Es por ello que no sorprende la frustración de los familiares de las víctimas, como ilustran las declaraciones de Margaret Wray, hermana de Jim, una de las víctimas que tenía tan sólo 22 años de edad: «Nunca vamos a conseguir la justicia británica, por mucho que lo intentemos. Los dos últimos años nos lo han demostrado».

El Bloody Sunday (Domingo Sangriento) fue un día de vergüenza, el equivalente británico a la masacre de Sharpeville en la Sudáfrica del apartheid. La negación de la justicia a las víctimas del Ejército británico en Derry, Ballymurphy, Springhill… o de la connivencia británica con los paramilitares unionistas reitera que a ojos del Estado británico no todas las víctimas merecen el mismo trato. Las acciones del unionismo, como el izado de banderas del regimiento paracaidista en las barriadas protestantes de Derry o los abucheos de los diputados del DUP en el Parlamento de Londres ante la petición del líder del SDLP de que el Gobierno británico vuelva a pedir perdón por lo acaecido en Derry en 1972 demuestran que queda mucho camino por andar.

 

TONY DOHERTYren artikulua (Bloody Sunday Trust-eko lehendakaria): Hildakoen oroimenez, eta bakea eta justizia gure haurrentzat