Carlos llega tarde a la cita. No pertenece aún a la asociación. Arrastra un maletín del que sale un tubito hasta debajo de su nariz que le ayuda a respirar. Habla para que le escuchemos todos. «A mi mujer se lo he dicho ahora. No le he contado todo, pero cuando vi los otros testimonios en la tele le dije: ‘¡Eso mismo me lo hizo a mí!’. A mi hijo tampoco le he dicho nada todavía. A los hijos hay que contarles solo las cosas buenas para hacerles felices, ¿no?».

No quiere alterarse por su salud, pero le puede la rabia. «Mira cómo me pongo solo de recordarlo –prosigue con los puños cerrados–. Mi hermano me dice que yo era hiperactivo. Por eso me llevaban tanto al director. Recuerdo que me mee al menos dos veces en su despacho. Del miedo me meaba».

El difunto José San Julián era el director del centro católico El Puy de Lizarra que aterrorizaba a Carlos que, junto con Juan, otra de sus centenares de víctimas, narran brutales palizas. «Nos cogía de los lóbulos de las orejas y nos levantaba del suelo. Te desgarraba así», gestualiza Juan. Carlos recuerda sus golpes a mano abierta, que le dejaban durante horas o más de un día medio sordo y con pitidos.

Aquel cura era un sádico que le gustaba mostrar su dominio sobre los menores. Ahora relata Jesús Zudaire, el presidente de la Asociación de Víctimas de Abusos en Nafarroa: «Las clases, entonces, eran de 45 niños. Te llamaba a su mesa y te metía mano delante de todos por el pantalón, porque entonces se llevaban los pantalones muy cortos. Metía la mano por la pernera y me tocaba los huevos. Luego me metía su dedo en el culo. Yo... yo me sentía violado».

San Julián les rompió la vida a todos de una forma u otra con golpes, abusos sexuales y el maltrato sicológico. Todos eran «carne de Carabanchel». El poder del cura era absoluto: autoridad en clase, en misa y detrás de la celosía del confesionario, donde besaba y manoseaba a algunas de sus víctimas.

De todos los que han venido, Jesús confiesa secuelas mayores. Lleva 19 años ininterrumpidos en tratamiento sicológico. Desde que dio el paso, en 2018, y contó todo lo que le hizo, le valoran desde el Psimae, un gabinete sicológico de atención a las víctimas que trabaja para la Consejería de Justicia del Gobierno.

Los especialistas creen que algunas de las tendencias autodestructivas de Jesús –fue piloto de rallyes, ha practicado el kickboxing y ha sido adicto– hunden sus raíces en los abusos sexuales y palizas que recibió de San Julián entre los 8 y los 14 años. «Me dicen que busqué conductas de alto riesgo a causa de todo aquello que me hizo».

La asociación de abusados –la única exclusiva para este tipo de víctimas en el Estado– estima que, aunque son una decena las denuncias formales contra aquel cura fallecido, por el modus operandi (siempre se cebaba con una decena de alumnos por clase), los denunciantes anónimos y lo que le han visto hacer a compañeros, los niños maltratados y traumatizados de por vida por San Julián oscilan entre 700 y 1.000 en una localidad donde viven 40.000 personas.

Arriba, Omella y Cremades anuncian la auditoría independiente de la Iglesia. Fotografía: Isabel Infantes

Hacia una investigación independiente

La mayoría de los países europeos, con el Estado español e Italia a la zaga, han desarrollado recientemente grandes procesos de reparación de la Iglesia hacia estos niños y niñas abusadas en distintos colegios, internados o catequesis. Hego Euskal Herria vive una eclosión de casos, unos que irán camino de Fiscalía (principalmente los detectados en la CAV) y otros que son demasiado antiguos para ser juzgados. Todo apunta a que es el inicio de algo que quiere parecerse a lo vivido en los Estados francés y belga, Irlanda o Alemania, pero es un inicio frágil, delicado, con final incierto.

Gemma Varona, doctora en Derecho Penal del Instituto Vasco de Criminología, aclara que la clave ahora son los casos más antiguos. No es el quid la no repetición, ni siquiera la obtención de justicia para los casos más recientes, pues estos tienen activa la vía de la justicia ordinaria. Las comisiones de investigación en otros países europeos se articularon para dar una solución, una reparación moral y económica, a aquellos niños que fueron abusados hace tanto tiempo que ya no pueden acudir a los tribunales.

Varona publicó el año pasado un trabajo conjunto con la Universidad Oberta de Catalunya y la Autónoma de Barcelona donde se trató de caracterizar los abusos en la Iglesia española. Su estudio, junto con el recuento oficioso de víctimas que ha realizado el diario “El País” y que las cifra en más de 1.200, constituyen los mejores acercamientos que existen, a fecha de hoy, sobre este fenómeno. Parte de esos casos comprobados (253), fueron enviados directamente a El Vaticano para tratar de mover al elefante.

Iniciativa para abrir una comisión en el Parlamento español. Fotografía: EP

«Existe un verdadero problema de verdad y reparación. Los jesuitas son los únicos que han reconocido algo, pero se trata de un número muy bajo de víctimas. La Conferencia Episcopal, en su día, dio la cifra de unas 200 denuncias, que también está muy alejada de la realidad. La particularidad, a día de hoy en España, es que no ha habido una comisión de investigación independiente que verifique estos números», apunta la doctora.

Para su investigación, Varona entrevistó a decenas a víctimas de abusos y concluyó que, si los entornos de riesgo, la tipología de víctimas y los relatos coinciden, la realidad no puede estar demasiado distante a la vivida en el resto de Europa. «Los patrones de víctimas son muy similares, al igual que los testimonios. Las cifras aquí no tendrían que ser muy diferentes a las de Francia». Y en el Estado francés, el proceso de verificación calculó que, desde 1940 hasta 2020, los niños abusados por religiosos ascenderían a 330.000.

Aunque son muchos los ejemplos de procesos de reparación en Europa, ningún país ha aplicado exactamente el mismo método. Depende de la sensibilidad social que despierten los testimonios y la presión que se puedan ejercer las propias víctimas organizadas, pero también de la mentalidad de la curia del país. Y, por de pronto, ninguna diócesis ha querido abanderar con decisión la causa de las víctimas.

Así, mientras el obispo de Múnich, el cardenal Reinhard Marx, presentó el pasado junio su renuncia al Papa por sentirse corresponsable de los abusos históricos de su diócesis (renuncia que Francisco no admitió) aquí prosigue el hermetismo.

El obispo Joseba Segura. Fotografía: Foku

Polos opuestos en las diócesis vascas

El discurso más aperturista hay que encontrarlo en Bilbo, cuyo obispo sí ha manifestado que «la inmensa mayoría de los testimonios» dentro de su diócesis son creíbles. Joseba Segura ha cargado, además, contra aquellos que restan veracidad a los testimonios acusándoles de querer atacar a la institución. También ha impulsado investigaciones independientes dirigidas por expertos de la UPV-EHU y Deusto para las denuncias del Seminario de Derio y la Misericordia.

Juan Cuatrecasas, padre de un menor abusado en Gaztelueta, valora en positivo este cambio de discurso. «Veníamos de una postura contemplativa intolerable, cuando no negacionista. El cambio en Bilbao es real. También se empiezan a escuchar cosas nuevas en las diócesis de Santiago o en la de Madrid».

No sucede lo mismo en Iruñea. Allá, el arzobispo (que se vio forzado a pedir perdón a las víctimas de El Puy, pero se lo negó a los abusados en colegios no diocesanos ahondando el cisma con la asociación de víctimas) se ha negado a colaborar con un estudio de la Universidad Pública de Nafarroa publicado en febrero que ha constatado la existencia de más de 60 víctimas y, al menos, 31 victimarios. Tampoco prestaron su ayuda los responsables de las congregaciones.

Mikel Lizarraga, autor de este informe, asegura que lo emergido en su trabajo es solo «la punta del iceberg». Lo apoya en distintos elementos: los abusados relatan haber sido testigos de otras víctimas, los lugares donde tuvieron lugar los abusos están dispersos por toda la geografía navarra y el número de victimarios resulta demasiado alto para tan pocas víctimas.

«Además de con la diócesis, nos pusimos en contacto con seis congregaciones religiosas, que sabíamos que habían tenido casos: maristas, jesuitas, salesianos, ursulinas... Les dimos un mes de plazo. O no nos contestaron o lo hicieron el último día», explica Lizarraga.

Mariví Martinikorena, abusada por una monja ursulina. Fotografía: Iñigo Uriz | FOKU 

La UPNA solicitaba datos de los presuntos abusadores, si existía o no constancia de sus conductas, así como los destinos anterior y posterior de cada uno, para seguir buscando. Los que contestaron fue para decirle que esos informes existían, pero que únicamente están disponibles para las víctimas y la justicia. Para nadie más. «En ningún caso facilitaron información sobre los religiosos», apunta el investigador.

No es que la Iglesia no sienta presión por hacer una reparación a las víctimas, sino que quiere llevarla a cabo a su manera. El pasado 22 de febrero movió ficha. A sabiendas de que las víctimas habían buscado el amparo de grupos en el Congreso para impulsar una comisión investigadora a nivel estatal, decidió montar la suya propia, contratando un bufete de abogados dirigido por Javier Cremades, que se declaró miembro del Opus Dei en esa misma comparecencia.

El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, en calidad de portavoz de la Conferencia Episcopal, dispuso cuál quiere que sea el mecanismo reparador y también deslizó qué es lo que quiere evitar. Su planteamiento es que las víctimas dejen de acudir a la prensa o de organizarse a través de las instituciones. Si alguien quiere denunciar, debe ir al despacho de Cremades que lo verificará con la misma metodología –dicen– que la que se empleó en Múnich.

Omella aclaró que, en ningún caso, van a hacer extrapolaciones sobre cuál ha sido el impacto real de la pederastia de la Iglesia en las últimas décadas. Es decir, el cálculo que se hizo en el Estado francés de los 330.000 niños y niñas abusados, aquí no va a realizarse. O, al menos, no se llevará a cabo si la Iglesia logra canalizar el proceso a través de sus abogados.

Por primera vez, la Iglesia se mostró abierta a compensaciones económicas para quien denuncie a través de su mecanismo de auditoría. Es el caramelo para echarla a andar. «¿Alguien puede pensar que si se identifican daños no hay una reparación y no hay una indemnización? Por supuesto, vamos a estudiar todas las cuestiones que afectan a los abusos sexuales en la Iglesia, incluida esa», explicó el presidente de la firma de abogados contratada por la curia.

El cardenal Omella insistió en que su intención no es suplantar contratando a un despacho de abogados la investigación institucional, sino colaborar con ella. Pero lo cierto es que su iniciativa nace muerta. Cremades asegura que, en las primeras semana de andadura, han atendido una veintena de casos. Sin embargo, todas las víctimas consultadas por 7K lo tienen claro: no irán. «A ellos, ¿para qué? ¿Por dinero? Nunca han querido la verdad, no la quieren ahora», afirma con rotundidad Mariví Castillo, abusada sexualmente por una monja en un colegio de ursulinas a la edad de 11 años. “El País”, que ha hablado con asociaciones y víctimas de todo el Estado, ha recibido una negativa igual de rotunda y unánime.

Del lado institucional, hay abiertos ahora dos caminos. El primero es a través del Parlamento, algo que los obispos tachan de «trampa saducea» y que plantean EH Bildu, Podemos y ERC. El segundo, canalizar la investigación a través del Defensor del Pueblo, que es la opción preferida por el PSOE y PNV y ante la que la curia parece menos reticente (el despacho de Cremades ya ha tratado de ponerse en contacto).

Independientemente de cuál sea la institución pública que dirija el proceso, la meta más ambiciosa es el modelo belga. Allá, fue el Parlamento el motor (como en la iniciativa de EH Bildu, Podemos y ERC) pero el elemento esencial fue el establecimiento de una junta de arbitraje compuesta por expertos independientes (que es la que la curia española quiere suplantar con el despacho de Cremades) que verificaba y catalogaba cada una de las denuncias. No solo se ofrecía verdad tras la verificación, sino que la Iglesia hubo de indemnizar según la gravedad de los abusos. El 80% de los testimonios fueron ratificados como verdaderos, siendo la indemnización media unos 5.300 euros.

La junta de arbitraje belga funcionó tan bien que acabó canalizando denuncias no prescritas, pues la vía judicial no funciona bien. «Hacen falta recursos económicos para librar una batalla judicial por unos abusos a un niño, cualquier familia no puede. Han sido diez años de lucha en nuestro caso. Hay que pagar abogados y también sicólogos. Además, no solo hay que cambiar la mentalidad de la curia, también la de jueces y fiscales. Nos han hecho sufrir mucho», afirma Juan Cuatrecasas. La última sentencia del Supremo rebajó de 11 a 2 los años de condena al abusador de su hijo.