La propuesta incluirá la creación de fondos nacionales de resolución que tendrán la obligación de prestarse mutuamente recursos para financiar una reestructuración o una liquidación ordenada de una entidad con graves problemas y que pondrán en común sus medios para hacer frente a problemas bancarios transfronterizos.

Eso supone el «embrión» de un fondo europeo de resolución que las máximas autoridades europeas aspiran a crear en un futuro en el marco de la unión bancaria que promueven y que incluirá iniciativas como un sistema de garantías de depósitos común o un supervisor bancario europeo para la banca sistémica. El presidente español, Mariano Rajoy, insistía ayer en la necesidad de una unión bancaria.

Esos fondos se financiarán con contribuciones de la banca y de firmas de inversión y su propósito será facilitar una reestructuración o liquidación ordenada de un banco insolvente y no rescatarlo o otorgarle una ventaja injusta desde el punto de visto de la competencia, señalan desde la Comisión Europea.

De esta manera, los fondos de resolución se podrán utilizar solamente para, por ejemplo, dar préstamos a «bancos puente temporales», para comprar activos específicos de una entidad en proceso de resolución o para garantizar ciertos activos o pasivos de una institución financiara sometida a resolución.

«Bail-in»

La otra gran novedad es el denominado «bail-in», es decir, que serán los accionistas y acreedores los que rescaten al banco y ya no los contribuyentes mediante las ayudas estatales multimillonarias.

Las autoridades de resolución nacionales tendrán el poder de imponer quitas o pérdidas a los accionistas y bonistas que no gozan de ningún privilegio o derecho preferente en caso de concurso de acreedores en un proceso de quiebra y a convertir deuda en acciones y capital.

Esta herramienta no entrará en vigor hasta 2018 y habrá una «jerarquía» de los activos a utilizar para restaurar la posición de capital de una entidad: se empezará por las acciones y otros instrumentos similares y después los acreedores asumirían pérdidas sobre deuda subordinada y por último sobre deuda sénior.

En principio, esta medida se aplicará a todos los pasivos del banco que no estén respaldados por activos o garantías pero no tocará los depósitos protegidos por un sistema de garantías de depósitos, ni préstamos a corto plazo como los interbancarios, los activos de clientes o salarios, pensiones o impuestos.

Todos los bancos tendrán que destinar un porcentaje de su pasivo para un posible «bail-in», que no está fijado debido a las diferentes características y exposiciones a riesgos, pero la CE sitúa la cifra ideal en un 10%.

La CE propone un esquema de tres fases: la prevención (en la que habrá planes de recuperación y de resolución); la intervención temprana (en la que se destituye a los gestores y se nombra a un gestor especial y se diseña un plan para reestructurar la deuda); y la resolución (en la que se vende o se fusiona el negocio, se integra toda o parte de la actividad en un «banco puente» temporal, se crea un «banco malo» y se implica a los acreedores.