350.000 ejecuciones hipotecarias y más de 160.000 desahucios en cuatro años son más que suficientes para poner en marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a favor de la dación en pago. Así lo han estimado, al menos, los promotores de la iniciativa, que tienen hasta octubre para recoger un mínimo de 500.000 firmas, con el objetivo de obligar al Congreso a debatir la reforma de la ley.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalanya (CAVC), el Observatorio de Derechos Sociales y Culturales (DESC), la Taula d'Entitats del Tercer Sector, CCOO de Catalunya y UGT de Catalunya, promotores todos ellos de la ILP, presentaron la iniciativa en Barcelona el pasado mes de abril, acompañados por decenas de afectados, que fueron los primeros en plasmar su firma a favor de un cambio legislativo para solucionar un problema que, según los últimos cálculos, podría afectar a unas 500.000 familias más en los próximos años.

La solución propuesta, según se recoge en el texto de la ILP, tiene tres ejes: la regulación de la dación en pago, que se debería activar de forma retroactiva, obligando a los bancos a cancelar la deuda con la entrega de las llaves de la vivienda; la paralización de los desahucios, en forma de una moratoria que prohíba desahuciar a familias con un único hogar; y el alquiler social, que permita a las familias permanecer en el mismo piso en un régimen de alquiler social que no supere el 30% del ingreso de los habitantes.

Pero el desarrollo de esta ILP no ha sido, ni será, sencilla. La Mesa del Congreso retrasó durante meses la aprobación de la iniciativa, lo que impidió a los promotores empezar la recogida de firmas hasta hace dos meses. No es el único problema que presenta una ILP, un mecanismo de participación ciudadana «muy deficiente», en palabras de una de las fundadoras de la PAH, Ada Colau. De hecho, una vez recogidas las 500.000 firmas, la mesa del Congreso tiene la potestad de vetar el debate; si lo aprobase, los diputados podrían dilatar dicho debate seis meses más y, en el caso en el que la ILP se abordase en el Parlamento, los diputados solo tienen el deber de debatirla, sin obligación de tomar ninguna decisión.