Después de un inicio más que dubitativo, en el que Mariano Rajoy desapareció tras las elecciones del 20 de noviembre, el Gobierno español inauguró su agenda recortadora a finales de diciembre, marcando un estilo y una manera de hacer que se han convertido en la norma de su legislatura y que tienen en el Consejo de Ministros de cada viernes su matriz. El 30 de diciembre llegó la primera gran batería de medidas, en el que la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, lanzó un avisó premonitorio: «Esto es solo el inicio».

Durante la campaña, fiel a la tradición de la derecha, el PP prometió que no subiría impuestos, manteniendo la coherencia con la política de acoso y derribo que practicaron cuando Zapatero subió el IVA. Pero la coherencia duró hasta el 30 de diciembre, cuando el Consejo de Ministros anunció una subida del IRPF en una escala del 0,75% para el primer nivel de renta, al 7% en el nivel más alto. También subieron el Impuesto a los Bienes Inmuebles (IBI), en una franja del 4% al 10%.

En aquella ocasión el ejecutivo de Rajoy se guardó de subir el IVA, manteniendo la promesa electoral. Una vez más, la coherencia con la campaña «No más IVA» que lanzaron contra Zapatero duró cosa de meses. En el Consejo de Ministros del 27 de abril el Gobierno anunció que en 2013 subirían tanto el IVA como los impuestos especiales, que gravan productos como el alcohol y el tabaco.

El mayor recorte de gasto vino con el «acuerdo» de disponibilidad de gasto, que acabó cifrándose en 8.900 millones de euros, un recorte que se concentró en los ministerios de Fomento, Industria, Economía y Asuntos Exteriores. Los menos afectados fueron Interior, Justicia y Presidencia.

Los funcionarios tampoco se salvaron de las primeras medidas de austeridad del Gobierno de Rajoy, que aquel 30 de diciembre decretó la congelación salarial, consolidando la rebaja salarial establecida meses atrás por el anterior Ejecutivo.

Finalmente, entes públicos como RTVE y Renfe también sufrieron una reducción de 200 millones de euros en sus presupuestos. Igual que las I+D+I, sobre las que cayó un recorte de 600 millones, y las subvenciones, que se redujeron en un 20%, sobre todo para partidos políticos, sindicatos y patronales.