«La reforma laboral me va a costar una huelga». Son las palabras que pronunció Mariano Rajoy el pasado 29 de enero, pensando que hablaba a micrófono cerrado. Diez días después, con la presentación de la reforma laboral, se conoció el porqué de sus temores. Semanas más tarde se enfrentó a la primera huelga general de su mandato.

La reforma laboral fue aprobada por el Gobierno, mediante un real decreto ley, el pasado 10 de febrero. Aun así, el PP quiso pasar la reforma por su rodillo parlamentario y no fue hasta la semana pasada, el 28 de junio, cuando la nueva «Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral» superó su último trámite en el Congreso. Unos trámites que, lejos de suavizar el texto inicial, no han hecho sino endurecerlo.

La reforma aprobada reduce la indemnización por despido improcedente para los contratos indefinidos de 45 a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades (antes de la reforma eran 42) y facilita que las empresas puedan despedir con una indemnización de 20 días por año trabajado «cuando haya pérdidas actuales o previstas».

También se crea un nuevo contrato indefinido para autónomos y pymes de menos de 50 trabajadores con un año de prueba y sin indemnización por despido mientras la tasa de paro no baje del 15%. La reforma considera asimismo causa de despido las ausencias intermitentes de un trabajador, pese a estar médicamente justificadas, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos. En cuanto a los convenios, el empresario podrá incumplirlo «cuando concurran causas económicas».

Entre las enmiendas propias que ha introducido el PP, se encuentra la reducción de dos a un año de la prórroga indefinida de los convenios colectivos no renovados, lo que puede colocar a los trabajadores en una situación de desprotección ante el empresario. Otra de las enmiendas del PP que vienen a modificar el decreto actualmente en vigor autoriza al empresario a disponer de hasta un 10% de la jornada anual, frente al 5% actual.

La última modificación también fija cómo se computan las «lagunas de cotización» a la hora de calcular una pensión contributiva. Este aspecto fue criticado por los portavoces de CiU, Izquierda Plural, BNG y UPyD, partidos que consideraron que se reducirán las pensiones contributivas.

Rechazo de la oposición

En su intervención, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, agradeció el apoyo recibido por parte de CiU, y de los partidos UPN y Foro del Grupo Mixto. El PSOE, por su parte, mantuvo su enmienda a la totalidad porque las razones que alegó tras su aprobación siguen estando vigentes, según señaló la diputada Concepción Gutiérrez. A su juicio, la reforma rompe el equilibrio entre el poder de los empresarios y los trabajadores.

En la misma línea se manifestó el diputado del PNV Emilio Olabarria, para quien la reforma supone un despido «barato y fácil», así como la portavoz de Amaiur Onintza Enbeita, quien subrayó que «no solamente no creará empleo, sino que servirá para despedir, bajar salarios y no cumplir los convenios», antes de reclamar un marco vasco de relaciones laborales.

La diputada del Grupo Mixto Uxue Barkos (Geroa Bai) señaló que con la reforma han aumentado los ERE un 44,4% hasta abril y el diputado de ERC Joan Tarda «felicitó» irónicamente a la CEOE y a sus «brazos políticos, PP y CiU» por haber ganado. El diputado de UPN Carlos Salvador justificó su voto a favor porque considera que la reforma laboral es la más reclamada por los expertos.