Los hachazos a las cuentas públicas son la marca de la casa de los primeros meses de gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, no todos los departamentos han adelgazado de la misma forma. Frente a un recorte generalizado del 16,9% que se lleva por delante buena parte de los servicios de asuntos tan sensibles como la Educación o la Sanidad, las cuentas de Interior apenas perciben la crisis. Según los números públicos aprobados por el Congreso esta misma semana, el gabinete que dirige Jorge Fernández Díaz solo ve reducidas sus remesas en un 4,31%. En palabras del propio ministerio, «Interior es uno de los menos afectados por las medidas de austeridad debido a la decisión del Gobierno de mantener una sólida política de seguridad».

Tras implantar el copago, aumentar las tasas universitarias e impulsar una serie de medidas que auguran el desmantelamiento de lo que se había venido a denominar Estado del Bienestar, la apuesta por llenar la calle de policías es evidente. La obsesión de control no se limita a los uniformados. También se extiende a la legislación, con futuras normas que auguran más encarcelados por protestar. La política securitaria del Estado español podría definirse en una frase: Para paliar el descontento provocado por los tijeretazos sociales, más dinero para policías.

Una lógica que explica por qué las partidas destinadas a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no sufren apenas merma en tiempos de austeridad y a pesar del cese definitivo de ETA. La ausencia de acciones armadas podría llevar a pensar en una reordenación del despliegue. Sin embargo, la crisis les ha encomendado otra misión. El enemigo ya no es únicamente el independentismo vasco, que sigue bajo el punto de mira. Ahora, los uniformados se dedicarán a marcar las líneas rojas al creciente sentimiento de repulsa al deterioro de las condiciones de vida.

En esa línea se ha manifestado el ministro Jorge Fernández Díaz, o el director general de la Policía española, Ignacio Cosidó. Y lo confirman episodios como la represión lanzada contra los estudiantes del Lluis Vives, en Valencia. A dos semanas de la conmemoración del 15M, Interior ya lanza veladas amenazas contra quien pretenda acampar en Sol. Las cifras evidencian que las constantes declaraciones apelando a la seguridad pública en las marchas no se ciñen a la retórica. Su departamento dispone de un presupuesto total de 8.610 millones de euros, lo que prácticamente equivale al 10% de las cuentas totales. La reducción del 4,31% respecto a 2011 es todavía más insignificante si no se toman en consideración unos créditos especiales solicitados para hacer frente a las deudas de anteriores ejercicios. En la práctica, el PP solo ha rebajado un 1,71% las cuentas dedicadas a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, prisiones y otras competencias como tráfico.

Menos renovación de agentes

Esta apuesta por Policía y Guardia Civil como receta antiprotestas es más que clara cuando se analizan las partidas por separado. La Secretaría de Estado de Seguridad, por ejemplo, experimenta un aumento del 0,47% respecto de 2011 y está dotada con 6.331,84 millones de euros. No es un incremento muy relevante, pero hay que contextualizarlo en unas cuentas en las que, por ejemplo, las partidas para la Ley de Dependencia han sido completamente eliminadas.

«Se mantiene la la inversión en seguridad pública en torno al 0.60% del PIB», dicen desde Interior. Además, las FSE quedan excluidas de la congelación de plantillas y mantendrán una tasa de reposición del 10%. Eso sí, la medida no evitará que se reduzca el número de efectivos, ya que las nuevas incorporaciones no llegarán a sustituir a todos los jubilados. Sin embargo, la reducción de agentes podría verse paliada con programas como la «Red Azul», una alianza entre Interior y las agencias de seguridad privadas que otorgarán mayor poder a estas últimas.

Por cuerpos, las cuentas evidencian que la Policía española es la más beneficiada. Su presupuesto total, tasado en 3.289,619 millones de euros, registra un incremento de 115,7 millones, lo que supone un 3,65% más. El caso opuesto es el de la Guardia Civil, que sufre un ligerísimo recorte del 2,06% que ha provado el malestar de alguna de sus organizaciones como la Asociación Pro Guardia Civil. A pesar de todo, el peso del Instituto Armado se mantiene en el 0,26% del total del PIB. Para comprobar que el desembolso en agentes es generoso en comparación con otras partidas no hace falta más que echar un vistazo a otros departamentos de Interior. Por ejemplo, Tráfico, con disminuciones del 41% a la vigilancia en carretera o del 30% a planes de formación vial.

«No estamos tan locos como para pretender limitar el derecho a reunión o a manifestación», dijo Fernández Díaz esta misma semana. Su gasto en policía se acerca más a otra advertencia: «La ley, el orden y la paz pública no es de derechas ni de izquierdas, sino transversal». Su demanda de normativas más duras augura una legislatura marcada por la represión contra las protestas.

Escoltas podrían ser reubicados en vigilancia de prisiones

El gasto total destinado a escoltas en Hego Euskal Herria asciende a casi 100 millones de euros. Una cifra que pretenden ahorrar tras la decisión de Interior de reducir el número de vigilantes privados tras el cese definitivo decretado por ETA. Este plan de disminución de efectivos ha provocado el malestar de sus integrantes, que temen ser despedidos. Ante esta circunstancia, Interior ha solicitado un informe a la Dirección General de la Guardia Civil para estudiar si estos efectivos podrían ser reubicados, por ejemplo, en las cárceles, de cuya custodia se encarga el instituto armado.

Red azul: un plan de colaboración entre agentes y seguridad privada

El plan «Red Azul» no se explicó en el contexto de los presupuestos pero, probablemente, servirá para paliar la reducción en el número de agentes que se incorporen este año a Policía española y Guardia Civil. Según señaló Ignacio Cosidó, se trata de un proyecto de colaboración entre Interior y las agencias de seguridad privadas. Una irrupción del sector empresarial que permitirá a estas compañías compartir información con las bases de datos gubernamentales y dotará de mayores competencias a los agentes privados. Ante este plan no se puede olvidar que altos cargos del PP, como Jaime Mayor Oreja, mantienen vínculos con este tipo de empresas privadas de seguridad.