La Generalitat no pagará este mes de julio los servicios sanitarios y sociales que tiene concertados con entidades públicas y privadas. De esta manera, 100.000 trabajadores del sector corren el riesgo de no cobrar su sueldo este mes. 2.500 de estos trabajadores pertenecen a entidades no lucrativas que atienden a los colectivos más vulnerables, algo que, según advierte el Col·legi de Treball Social de Catalunya (TSCAT), pone en riesgo la función social desempeñada por estas entidades.

Tras varios días de negociación, el Departamento de Bienestar Social y Familia confirmó ayer que no abonará los pagos de julio a sus proveedores. Según informan varios medios, el Govern se habría comprometido a retomar los pagos en el mes de agosto, sin especificar cuándo podría recuperarse el impago de julio.

Desde el TSCAT, advierten al consejero del ramo, Josep Lluís Cleries, de la alarmante situación del sector, que «puede degenerar en colapso» y provocar la desatención de miles de usuarios de los servicios sociales. Quedan en peligro, según advierten, «las residencias para la tercera edad, centros de discapacitados, hospitales concertados, centros residenciales de acción educativa, etc». Asímismo, informan de que han pedido al conseller que «priorice el pago de los servicios que prestan las entidades no lucrativas».

«En un contexto como el actual, consideramos injustificable el impago a un sector y a unos profesionales que atienden a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad», concluye la nota del TSCAT.

Este impago se produce una semana después de que el Principat anunciase su petición de rescate al Gobierno central y, al mismo tiempo, aprobase su propuesta de pacto fiscal. Reflejo todo ello de la tensión creciente entre los ejecutivos español y catalán, simbolizado en el posible plantón que el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, de esta tarde al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).