La portavoz Maribi Ugarteburu, acompañada de varios militantes y jóvenes de la izquierda abertzale, ha realizado un emplazamiento «firme y sincero» al Gobierno español PP y al PSE, como responsable en funciones de la Consejería de Interior de Lakua, a que «desactiven todas las medidas e instrumentos políticos-policiales y judiciales de guerra y de excepción y los redireccionen en la dirección de las soluciones y la paz» y pongan fin a la «continua persecución política» a sus militantes.

Ugarteburu ha resaltado que aunque en Euskal Herria «se ha abierto un nuevo ciclo, hoy por hoy la persecución política es el pan nuestro de cada día para la militancia de la izquierda abertzale».

«Hace tres meses que legalizaron Sortu, como expresión política de la izquierda abertzale, dando así comienzo al fin del ciclo de las ilegalizaciones políticas"», ha afirmado, para añadir que pese a ello «los diferentes cuerpos policiales españoles siguen queriendo condicionar la actividad de Sortu».

«Nos controlan en carretera y delante de nuestras casas, frente a nuestros lugares de trabajo y junto a los lugares de reunión, en directo y por teléfono», ha denunciado.

La portavoz abertzale ha proclamado que «ya basta» y ha subrayado que «el camino hacia la paz y la normalización política en clave de resolución democrática en Euskal Herria es un camino a construir y a recorrer entre todos los agentes políticos de este país».

Tras señalar que «ese camino está en marcha» y que hace ya once meses que ETA decretó el cese definitivo de su actividad armada, ha instado al PP y al PSOE que «se den cuenta de esa realidad espacio-temporal y empiecen a aportar en clave de resolución».

Detención de Balmaseda: objetivo político

En la comparecencia también ha intervenido  Itxasne Fernández, quien se ha referido a la detención de Imanol González esta mañana en Balmaseda. Ha querido desmentir «rotundamente» las informaciones que se están difundiendo desde Interior y algunos medios y han aclarado que «se trata de una detención política con un claro objetivo político: desactivar la iniciativa juvenil que está por venir».

«Pretenden abortar mediante el miedo y la presión la oportunidad que los jóvenes tenemos de comenzar a construir nuestro futuro, pero tenemos claro que no pensamos permitirlo, ni vernos envueltos en acusaciones que no tienen que ver con nuestro trabajo», han denunciado.