Durante el comienzo de este último curso, el rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, aseguró que el Plan Boloña está siendo un «fiasco» en muchas facultades. El rector afirmó también –cuatro años después de permitir la entrada de los Mossos d'Esquadra en su universidad para desalojar a los estudiantes ‘antiboloña’– que el alumnado tenía la razón en la mayoría de sus reclamaciones. La explicación es muy sencilla. Tal y como explicó Ramírez, dando la razón a las denuncias estudiantiles, resulta imposible establecer una evaluación continua en clases de 100 alumnos.
Este año será, si cabe, todavía más complicado, vistos los recortes en materia de educación, que han disminuido un 31% en los últimos dos ejercicios presupuestarios. A esta devaluación de la educación universitaria se le suma, además, la complicación para acceder a estudios superiores. Las becas del Estado han disminuido un 14% en los dos últimos años y las matrículas universitarias en centros públicos han subido, en algunos casos, hasta un 66% en este último curso.
Así las cosas, a los estudiantes no les ha hecho falta buscar demasiados argumentos para convocar la primera huelga universitaria para este 11 de octubre. Lo han hecho los sindicatos de las diferentes naciones del Estado español, bajo el lema conjunto de «No a las Reformas», acompañado de la reclamación de una «educación del pueblo para los pueblos».
Los sindicatos estudiantiles convocantes son Ikasle Abertzaleak (Euskal Herria), SEPC (Països Catalans), Yesca (Castilla), Universidat (Aragón), SAT y Jaleo (Andalucía), AGIR y Liga Estudiantil Galega (Galiza), Dárreu (Asturies) y Regüelta (Cantabria). En Catalunya, la huelga la convoca también la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública (PUDUP), mientras que en Canarias llaman a la movilización las organizaciones Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario y Estudiantes Pre-Parados.
En el comunicado conjunto publicado para la convocatoria, los sindicatos expresan su «más amplio rechazo a las reformas que se han planteado desde el Gobierno de Mariano Rajoy», al tiempo en que inciden que «todas estas medidas se están llevando a cabo con la ayuda de los diferentes gobiernos de las comunidades autónomas y forales, eludiendo sus responsabilidades». «Están aplicando las decisiones del Gobierno central sin ningún tipo de reparo, demostrando una vez más que, bajo el capitalismo y el autonomismo no es posible la soberanía y la independencia», continúan.
El texto concluye proponiendo «desde cada uno de los pueblos a los representamos, una alternativa socialista e independiente, donde el poder económico y político resida en el pueblo; donde no sea posible destruir fuentes de riqueza colectiva como la educación».
Así pues, todo queda servido para un inicio de curso movido, que tiene este jueves su primera cita, con una convocatoria inusual, construida entre las organizaciones de izquierda de las diferentes naciones del Estado español.