Las Juntas Generales de Gipuzkoa han sacado adelante dos de los principales proyectos del departamento de Hacienda con el apoyo de Bildu, PSE y Aralar, mientras que el PNV y el PP se han apoyado mutuamente en la votación de sus respectivas enmiendas, pero han quedado en minoría.

Las dos normas forales han sido aprobadas en la Comisión de Hacienda y Finanzas y serán refrendadas este mismo mes en una sesión plenaria de las Juntas Generales de Gipuzkoa.

El PSE ha cumplido lo que anunció el pasado 29 de octubre, cuando avanzó que apoyaría el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas (IRGF), un nuevo gravamen que mantendrá el mismo límite exento que el de Patrimonio, 700.000 euros, y también la exención de 300.000 euros de la vivienda habitual.

Una de las principales novedades del nuevo impuesto es la inclusión de los bienes y derechos afectos a actividades económicas y participaciones en determinadas entidades.

Este tipo de bienes están actualmente exentos en el Impuesto de Sociedades, pero tributarán en la nueva figura impositiva, aunque lo harán con una bonificación del 75%.

La otra novedad más destacable es la eliminación del denominado «escudo fiscal», un límite de pago incluido en el Impuesto de Patrimonio por el que, sumando lo que los contribuyentes debían aportar por Patrimonio e IRPF, no se debía pagar una cantidad superior a 60% del total de la renta declarada.

La diputada de Hacienda, Helena Franco (Bildu), ha destacado que lo «fundamental» del proyecto es la eliminación del «escudo fiscal», instrumento que servía para que «los más ricos de los más ricos» no pagaran por sus bienes gracias a la ingeniería fiscal.

Ha justificado también la inclusión de las participaciones económicas para terminar con la opacidad, aunque ha explicado que tendrán una bonificación del 75% para no lastrar la actividad económica, al tiempo que ha recordado que la tarifa general se ha rebajado con respecto a la que establecía el antiguo Impuesto de Patrimonio.

PSE: «Más justo y más igualitario»

La portavoz del PSE Rafaela Romero ha opinado que este impuesto es «más justo y más igualitario», al tiempo que ha argumentado que no se trata de un nuevo gravamen a las empresas, sino a las personas, por lo que ha rechazado que afecte a la actividad económica de Gipuzkoa.

PP: «Desincentiva la actividad»

El PNV y el PP se han mostrado contrarios al proyecto con el argumento de que «desincentiva» la actividad económica de Gipuzkoa, motivo por el que el juntero del PP Juan Carlos Cano ha propuesto que sea una medida temporal, mientras que la procuradora jeltzale Itziar Agirre ha planteado que se mantenga el «escudo fiscal» y una tarifa más alta.

PNV: «Juego de ver quién es más progresista»

El PNV, que ha registrado más de 30 enmiendas al proyecto, ha reclamado que las participaciones en empresas sigan quedando exentas, al tiempo que ha reprochado a PSE y Bildu su «juego de ver quién es más progresista», porque «se olvidan de qué está pasando en este país», ya que «no se puede desincentivar la actividad económica».

El mismo reparto de mayorías se ha visualizado en la votación de la norma foral que crea en Gipuzkoa el denominado Registro de Obligados Tributarios de Especial Riesgo (ROTER), un listado en el que figurarán las personas o entidades que se encuentren incursas en procedimientos penales o administrativos derivados de incumplimientos fiscales.